Robles gana amparo: revisarán si delito que le imputan está derogado
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Rosario Robles gana nuevo amparo; juez deberá revisar si delito por el que se le acusa está derogado

La decisión es clave dado que el proceso podría caerse si el ilícito ya no se encuentra vigente. Los jueces responsables se habían negado a analizar este supuesto, pero un tribunal federal les ordenó hoy hacerlo.
Cuartoscuro
20 de enero, 2022
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Un Tribunal federal resolvió el día de hoy amparar a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, para que el juez responsable de su caso revise si el delito por el cual se encuentra procesada y encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde hace más de dos años se encuentra o no derogado. 

Se trata de una revisión clave dado que, si el delito ya no se encuentra vigente, el proceso en contra de la exfuncionaria federal debe cancelarse de inmediato. Hasta ahora los jueces responsables del proceso se habían negado a realizarlo. 

En la audiencia realizada el día de hoy, el Noveno Tribunal Colegiado del primer circuito de la Ciudad de México concluyó (tras una votación de 2 a 1) que los derechos constitucionales de la exfuncionaria federal fueron violentados, luego de que el juez Ganther Villar Ceballos no atendió la solicitud hecha por la defensa de analizar la vigencia del delito.

Cabe señalar que esta ya es la cuarta ocasión en que tribunales federales amparan a la exfuncionaria en contra de decisiones del referido juez de control del Reclusorio Sur.

Lo que la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha insistido es que el ilícito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión (que es el que se le imputa a la exfuncionaria por el caso de La Estafa Maestra) ya se encuentra derogado por la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior actualizaría lo que establece la fracción VII del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que un proceso debe sobreseerse (cancelase) si el delito por el que se inició fue derogado por una reforma o ley posterior, como podría ser en este caso.

Sin embargo, en una audiencia realizada el 26 de octubre de 2020 el juez Villar Ceballos se negó a entrar al análisis de este asunto bajo el argumento de que eso correspondía, en todo caso, a un tribunal de apelación, pues desde su perspectiva ya no era procedente entrar a este tema.

En contra de esa decisión los abogados de la exfuncionaria promovieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito el cual rechazó conceder la protección a Robles, señalando que eso podría tirar todo el proceso penal en curso.

En ese contexto, el proyecto elaborado por el Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez resuelve que ninguno de esos argumentos es válido y que Robles tiene razón al solicitar que se revise si el delito por el cual se le mantiene en prisión preventiva se encuentra vigente o no. Esto dado que dicha revisión es clave para definir si el proceso penal o no se mantiene en curso, y si es necesario que ella siga en la cárcel o es liberada.

“Lo que la parte quejosa (Robles) quiere es que el juez defina si este supuesto del sobreseimiento se da y tiene toda la razón en solicitarlo. Es lo único que pide y negárselos en dejarlos en total indefensión. Y si esto tiene como efecto de que el caso concluya y no haya juicio oral pues precisamente para eso son estas instancias de sobreseimiento, para no llegar al juicio oral si es que se da este supuesto”, dijo la magistrada Emma Meza Fonseca.

El magistrado que se manifestó en contra fue Ricardo Paredes Calderón, el cual consideró que el argumento respecto a la potencial derogación del delito debió exponerse en la audiencia inicial y no después. “Tratar de que se vuelva a estudiar cosas que no dijeron al inicio las partes no me parece adecuado. Me parece que se pretende hacer una revaloración o mini juicio que no es procedente ya”, dijo dicho juzgador.

Sin embargo, la magistrada insistió en que en que debe privilegiarse el derecho a una tutela judicial efectiva y que, por lo tanto, Robles tiene derecho a escuchar el razonamiento respecto a su petición aun y cuando se estime que el delito no esté derogado y que el proceso debe continuar tal como se ha llevado a cabo hasta ahora.

El magistrado Ramírez Benítez, autor del proyecto, recordó que Robles tuvo inicialmente otros abogados que, en efecto, no expusieron el tema de sobreseimiento. Sin embargo, su nuevo equipo legal sí lo hizo y lo introdujo como un elemento novedoso, y eso es suficiente para que dicha determinación tenga que ser analizada por el juez de control.

Defensa promueve amparo contra prisión

Por otro lado, la defensa de Rosario Robles presentó ayer una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez Ganther Villar Ceballos, reiterada en una audiencia realizada en diciembre pasado, de mantener en prisión preventiva a la exfuncionaria federal en tanto se resuelve su proceso y se decide si realmente es culpable del delito que se le imputa.

Los abogados de la exfuncionaria promovieron el referido recurso tras considerar que este juez, de manera reiterada, ha insistido en mantenerla privada de su libertad con argumentos que, con el paso del tiempo, han sido desestimados por otros jueces de amparo. Robles, quien desde un inicio se presentó de manera voluntaria a la audiencia, ha ofrecido someterse a una prisión domiciliaria o usar un brazalete electrónico, pero Villar Ceballos no le ha dado luz verde a esta alternativa.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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