La ASF detecta anomalías por 2 mil 754.8 mdp en manejo de pandemia
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La ASF detecta posibles daños al erario por 2 mil 754.8 mdp en la atención a la pandemia

En su revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en las gestiones del Insabi, el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2022
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En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.

Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.

En el Fondo de Salud para el Bienestar, del Insabi, se analizaron las contrataciones de personal médico y paramédico, así como las compras de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etcétera). Ahí se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no se entregaron

Estos equipos debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020. Por ello, el Insabi contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. 

Además, este instituto no acreditó la entrega de 1 millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por mil 600.3 millones de pesos para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas. 

El manejo de vacunas

Como parte de su informe, la ASF también presentó resultados sobre los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), correspondientes a pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra COVID-19. 

Al respecto, se determinaron deficiencias en el control y la supervisión de los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, tales como que no se contó con toda la información de la recepción en territorio nacional de las dosis de AstraZeneca

Por ejemplo, se hallaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, cuando se comparó la información proporcionada por el Censia contra la de otras entidades participantes. También se determinó que este centro no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas.

En cuanto al almacenamiento, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las de la marca Pfizer. 

La Secretaría de Salud también tuvo irregularidades con la adquisición y el manejo de los biológicos. En los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos para la adquisición de vacunas, se identificaron debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución

En la distribución de vacunas a las entidades federativas, se observaron inconsistencias en la información proporcionada por 10 Coordinadores Estatales de la Brigada Especial respecto del registro del ingreso de lotes.

Además, la dependencia no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados “Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” presentó deficiencias.

Compra de medicamentos y materiales

En la adquisición de medicamentos del IMSS, se revisaron las compras de fármacos hechas a nivel central y a los Órganos de Operación Administrativa (OOAD) de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, de 15 contratos o pedidos por 464.5 millones de pesos, cantidad que equivale a aproximadamente 22% de lo que el instituto reportó como pagado en fármacos contra COVID-19. 

De estos contratos o pedidos seleccionados para la adjudicación de 11 claves de medicamentos, el IMSS no proporcionó toda la documentación que debe integrarse en los expedientes, referente a la contratación y al pago. El instituto tampoco proporcionó la documentación de recetas individuales y colectivas en las farmacias de los OOAD de Nuevo León y Ciudad de México, por lo que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos. 

En las compras de material hospitalario realizadas a nivel central por el IMSS durante 2020 —que incluyeron cubrebocas, batas quirúrgicas, overoles desechables, caretas protectoras y guantes—, hubo 11 contratos por un importe de 2 mil 133.2 millones de pesos, se observó que no se  acreditó la recepción de bienes por 4.8 millones correspondientes a un pedido y la falta de aplicación de penalizaciones por 11.7 millones, derivadas del atraso en la entrega de cubrebocas. 

Tampoco se acreditó la diferencia por 8 millones de pesos determinada entre el importe reportado como ejercido por 22.1 millones de pesos y el pago a un proveedor por 14.1 millones de pesos. 

En los recursos erogados por esta institución por concepto de servicios integrales para instalar unidades médicas temporales, así como de servicios subrogados —que incluyeron el pago a hospitales y clínicas privadas—, se encontraron irregularidades en contratos por 25.9 millones de pesos. 

Lee: ASF detecta en Segalmex, Diconsa y Liconsa presunta corrupción por 8 mil 638 mdp

Revisión al ISSSTE y la Sedena

En el caso del ISSSTE, se revisaron los procedimientos de adquisiciones de equipo médico y de materiales hospitalarios realizadas a nivel central por las Direcciones Normativas de Salud y de Administración y Finanzas, así como por la Delegación Estatal en el Estado de México. 

Lo que se encontró es que, para la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, se emitieron observaciones por 86.6 millones de pesos por pagos indebidos por contribuciones de comercio exterior. 

El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre devolvió al almacén central 15 ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se haya solicitado al proveedor la sustitución. La delegación en el Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de 47 equipos. Además, este instituto pagó por 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente

Se comprobó también que el ISSSTE no realizó correctamente el registro contable de algunas operaciones relativas a la donación de medicamentos recibidos del Insabi, no se elaboraron las actas de entrega-recepción, ni se conciliaron siete órdenes de suministro. Además, los hospitales regionales Centenario de la Revolución Mexicana y 1 de Octubre adquirieron medicamentos a precios unitarios superiores a los pagados por el nivel central y el Insabi. 

En las revisiones a las asignaciones en la contratación de personal médico y paramédico para atender la emergencia sanitaria, se encontraron pagos indebidos por 2.2 millones de pesos, por la contratación de personal que no cubrió el perfil del puesto. 

En la Sedena, se determinó una diferencia de 27.4 millones de pesos entre las cifras contenidas en las bases de datos de las nóminas del personal de salud contratado para la pandemia, contra el monto reportado como pagado por ese concepto. 

Por otra parte, se identificó que en la adquisición de ocho equipos con un costo de 15.1 millones de pesos, la empresa adjudicada, después de haber instalado cinco de las ocho unidades contratadas, notificó que estas eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal. 

La Sedena también autorizó la celebración de ocho contratos para equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre seis y 10 meses.

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Ketanji Brown Jackson: quién es la primera mujer negra en llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

La jueza de 51 años fue confirmada este jueves por el Senado de EE.UU. para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país. ¿Quién es Ketanji Brown Jackson?
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7 de abril, 2022
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Ketanji Brown Jackson hizo historia este jueves.

Con 53 votos a favor, la jurista de 51 años se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los demócratas y tres republicanos del Senado votaron a favor de su nombramiento luego de que el pasado febrero el presidente de EE.UU., Joe Biden, la nominara para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien anunció su retiro.

“En esta votación, los ‘sí’ son 53, los ‘no’ 47. Y esta nominación es confirmada”, dijo la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien asumió su función de presidenta del Senado en la sesión.

La mayoría demócrata aplaudió y ovacionó el resultado. Chuck Schumer, el líder de la mayoría, lo calificó como un “día jubiloso” para Estados Unidos.

La senadora por Alaska Lisa Murkowski, una de los tres republicanos que votaron a favor de la jueza Jackson, dijo que su decisión era, en parte, una señal de “rechazo a la corrosiva politización” en torno a los procesos de confirmación.

La nueva magistrada “aportará a la Corte Suprema una experiencia en tribunales que pocos pueden equiparar dado su historial en litigios”, añadió Murkowski.

En 233 años de historia de la Corte Suprema, es la tercera persona de la comunidad negra en sentarse en el máximo tribunal del país, después de los jueces Thurgood Marshall (fallecido en 1993) y Clarence Thomas (actualmente en el cargo).

Con la llegada de Jackson, la composición de la Corte Suprema -clave en muchas decisiones del país- quedará con una representación de seis jueces conservadores y tres progresistas, incluida Jackson entre estos últimos.

El origen de Ketanji Brown Jackson

Al nominarla para la Corte Suprema, el presidente Biden dijo que Jackson es “una de las mentes legales más brillantes de la nación”. Su trayectoria es amplia.

Nacida en Washington DC en 1970, creció en Miami en los años en los que aún había efectos de la segregación racial en el sureste del país.

Ketanji Brown Jackson

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“Mis padres me enseñaron que, a pesar de las muchas barreras que tuviera que enfrentar al crecer, si trabajaba duro y creía en mí misma y en Estados Unidos, podría hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa que yo quisiera ser”, dice Jackson.

“Fue mi padre quien me inició en este camino. Cuando yo era niña, lo vi estudiar y se convirtió en mi primer ejemplo profesional”.

En la escuela secundaria fue campeona de debate y presidenta de su clase.

Jackson posee dos títulos de la Universidad de Harvard, institución a la que ingresó con solo otros tres compañeros afroestadounidenses.

“En esos primeros momentos en los que te preguntas si perteneces, ella fue el ancla. Luego se aseguró de que todos lo fuéramos. Ella es la que se convirtió en el cimiento de todos nosotros”, dice su excompañera Lisa Fairfax.

En esa época conoció a su esposo, Patrick Jackson, que era estudiante de medicina de Columbia y proviene de una familia blanca de Boston.

Su carrera

Jackson actualmente forma parte del influyente Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el circuito de DC.

Previamente estuvo en la defensa pública, lo que la convierte en la primera jueza de la Corte Suprema en haber sido abogada pública ante los tribunales.

Joe Biden y Ketanji Brown Jackson

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Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama nominó a Jakcson como jueza del tribunal de distrito de DC. Durante los ocho años que pasó ahí escribió más de 500 opiniones.

Entre ellas, dictaminó que Donald F McGhan II, el exabogado de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, tenía que testificar en la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de EE.UU.

Al ser nominada, la jueza Jackson habló de su familia y sus mentores legales y modelos a seguir.

Dijo que al trabajar como secretaria del juez Breyer (al que sustituye) de 1999-2000, aprendió lo que se necesitaba para ese cargo: “el más alto nivel de habilidad e integridad, civilidad y gracia”.

La jueza Jackson también habló brevemente sobre su enfoque de la ley: “He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”.

“Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos, interpreto y aplico la ley a los hechos del caso que tengo ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

Senadores republicanos

EPA
La mayoría de los republicanos optó por rechazar la nominación de Jackson.

Pero, durante las 30 horas de audiencias de confirmación, muchos republicanos consideraron que hubo fallas en sus decisiones pasadas.

La criticaron por no responder si se deberían agregar escaños a la Corte Suprema (algo que rechazan los republicanos) y por no querer definir el término “mujer”. También la acusaron de indulgencia en casos de pornografía infantil.

Sin embargo, los demócratas dijeron que tiene “todas las credenciales” para el máximo cargo al que fue confirmada.

Casos polémicos

Algunas de las decisiones en su carrera judicial fueron repasadas en las audiencias de confirmación.

El senador Dick Durbin se refirió a acusaciones de que “tiene un patrón de dejar libres a los delincuentes de pornografía infantil”.

Fue señalada por haber dado sentencias “indulgentes” a procesados y abogar por reducir sus penas cuando fue vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de EE.UU., que asesora al Congreso sobre las pautas federales de sentencias.

Las afirmaciones son engañosas, según varios sitios de verificación de hechos.

“Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Jackson, quien eludió las críticas a sus sentencias que en ocasiones estuvieron por debajo de las pautas emitidas por el Congreso, pero no muy diferentes a las de otros jueces.

Optó por hablar del daño causado por los delincuentes sexuales y de las vidas que habían sido destrozadas Describió la gama de castigos que los procesados recibieron a través de sus fallos.

Senadores republicanos

EPA

Otro de sus momentos cuestionados fue haber sido defensora pública de detenidos de Guantánamo.

Los republicanos criticaron que hubiera dado “servicios legales gratuitos para ayudar a los terroristas a salir” de la prisión militar.

La jueza dijo que a los defensores públicos se les asignan casos y no eligen a quién representar, y que todos los acusados tienen “derecho a representación y a ser tratados de manera justa” bajo el sistema de justicia de EE.UU.

Pero reconoció que defender a los detenidos significaba, a veces, ayudar a liberar a personas que luego estaban en contra de los intereses estadounidenses.


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