Una corte británica decidió que es procedente la extradición de Karime Macías −esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa− a México por el delito de fraude genérico, en relación con el caso de los desvíos con empresas fantasma.
Su defensa confirmó a Animal Político que apelará la decisión, lo que frenará, de momento, la extradición de Karime Macías, por lo que no será enviada a México hasta que un tribunal superior resuelva dicho recurso de la defensa.
La Unidad de Inteligencia Financiera complementó la solicitud de extradición de México aportando datos relacionados con los ingresos que tuvo Karime Macías y con los recursos que el DIF, bajo su gestión, canalizó vía contratos hacia una amplia red de empresas fantasma ligadas, incluso, con financiamiento electoral ilegal al PRI.
La investigación por la cual México solicitó a Reino Unido la extradición de Karime Macías señala que bajo su gestión como presidenta del DIF estatal el organismo entregó 112 millones de pesos a seis empresas fantasma por servicios que no se llevaron a cabo, y que fue ella quien ordenó que se agilizaran esos pagos.
Esto es equiparable a un delito de fraude específico cometido en agravio del erario público, y que ameritaría para Karime Macías una pena que va de los 5 a los 12 años de prisión, en caso de que sea encontrada culpable.
El equipo de defensa de Karime Macías, encabezado por los abogados Marco del Toro y Pablo Campuzano, argumentan que el caso tiene que ver con una persecución política.
Los argumentos centrales de la defensa se enfocan en que la Fiscalía de Veracruz intenta imputar a Macías hechos en los que no tuvo participación, pues los contratos presuntamente irregulares no fueron firmados por ella, toda vez que el cargo de presidenta del DIF era honorífico y no tenia participación en decisiones administrativas.
La acusación que dio pie a la orden de aprehensión sostiene que el DIF de Veracruz entregó a seis empresas fantasma pagos por 112 millones de pesos, sin embargo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que los pagos fueron mayores.
La revisión de contratos y facturas obtenidos vía transparencia permitió identificar que el DIF Estatal dispersó 415 millones de pesos a un total de 33 empresas, entre ellas las seis señaladas en la acusación de la Fiscalía estatal.
Todas estas empresas forman parte de una misma red de 400 empresas fachada o de papel creadas por un despacho de contadores encabezado por Víctor López Gachuz, y que en total recibió más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes de una decena de dependencias distintas en la administración de Javier Duarte.
Algunas de esas empresas no solo fueron utilizadas para recibir contratos sino también para triangular recursos y enviarlos a diversos fines. Por ejemplo, se comprobó que una empresa de esta red inyectó ilegalmente recursos en 2012 a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
“Ningún peso llegó a mi bolsa”, dice Macías
En un mensaje a medios, Karime Macías acusó que en México el gobierno de Miguel Ángel Yunes y su equipo se encargó de “armar ilegal y maliciosamente” una acusación de fraude.
“Lo hicieron abusando de sus cargos al grado de torturar testigos para declarar falsedades en mi contra, lo que ya está probado. Lo hicieron controlando jueces locales y dejando en claro que la Fiscalía estatal es solo un anexo de la oficina del Gobernador, sin la independencia que tan solo existe en el papel y no en la realidad. Su plan fue difundir masivamente una imagen negativa de mi persona y conseguir con ello el que se me prejuzgara injustamente como culpable”.
Macías exigió que se muestre públicamente, al menos una prueba, de que se haya enriquecido indebidamente.
“Yo tuve un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera Gobernador y hoy es mi ex marido, un cargo igual al de otras señoras esposas de reconocidos empresarios locales que formamos parte de este organismo asistencial. Ni ellas ni yo manejamos fondos, tampoco decidimos cuestiones administrativas ni celebramos contrato alguno. Ni un peso llegó a mi bolsa, al grado de que no hay prueba alguna de ello en la acusación”, expuso Macías.
“Vivo en Inglaterra con mis hijos menores al día, sin el más mínimo lujo como se quiso hacer creer. Mi situación económica es crítica, es lejana a lo que Yunes maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra para vestirme de villana, generando así una imagen que no me corresponde. Ese daño ya está hecho y sé que es muy difícil revertirlo. Por lo pronto esta resolución de hoy NO significa que seré extraditada. Faltan procesos por recorrer tanto en México como en el Reino Unido, en los que confío se hará justicia”, sostuvo.
Además, adelantó que su defensa está por demostrar en amparo que ya se extinguió la acción penal en su contra.
