La Fiscalía General de la República (FGR) archivó la investigación por posible lavado de dinero que tenía abierta en contra del exministro Eduardo Medina Mora, al concluir que sí acreditó el origen lícito de sus recursos.
Con ello, la institución determinó el no ejercicio de la acción penal, confirmaron a Animal Político personas con conocimiento del caso.
Después de revisar los informes y estados de cuenta de Medina Mora de 2016 a 2018, el Ministerio Público Federal determinó que no hay rastros de ilicitud en las operaciones nacionales e internacionales del exministro.
Aunque el hecho recién se da a conocer, autoridades federales también confirmaron a este medio que la investigación penal que en su momento se inició en contra del exministro fue cerrada desde mayo de 2021.
El caso se inició en 2019 luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentara una denuncia penal en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y lo que resultara. La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR atrajo dicha denuncia y abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000957/2019.
Sin embargo, luego de dos años de indagatorias, dicha subprocuraduría, ahora denominada Fiscalía Especializada de Control Competencial, determinó cerrar el caso tras concluir que no había indicios de irregularidades en el entorno de Medina Mora, ni en sus ingresos o los de su familia.
El 7 de mayo de 2021, la FGR notificó a la UIF de la determinación de cerrar el caso para que esta, en su calidad de denunciante y víctima, expresara si tenía algún comentario u oposición, para lo cual podría promover un recurso de impugnación. Sin embargo, el 20 de mayo, la UIF, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto, informó a la fiscalía que no promovería recursos contra la determinación de no ejercicio de la acción penal.
Lo anterior derivó en el cierre definitivo de dicha carpeta de investigación. De acuerdo con las autoridades consultadas, no existe ninguna otra indagatoria en curso en contra de Medina Mora.
Denuncias y renuncia a la Corte
Medina Mora llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2015, tras ser propuesto por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, quien envió al Senado la terna para ocupar la vacante que dejaba el ministro Sergio Valls.
En 2019, después de varias denuncias en su contra, Media Mora presentó su renuncia al cargo de ministro, 11 años antes de terminar su periodo en 2030.
Tras esto, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, señalaron que el ministro enfrentaba denuncias ante la FGR.
Incluso, Nieto afirmó que Medina Mora protegía a integrantes del gobierno de Peña Nieto y que era investigado por presunto lavado de dinero; también dijo que algunos de los fallos que tuvo bajo su responsabilidad afectaron la labor de las autoridades hacendarias.
El mismo día de su dimisión, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el bloqueo de cuentas del exministro, de sus hermanos José y Juan Pablo Medina Mora, así como de empresas relacionadas con su familia.
Días después, se giró un segundo requerimiento en el que se pidió desbloquear las cuentas solicitadas.
Más sobre Medina Mora: las polémicas
Eduardo Medina Mora se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue director general del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, procurador general de la República y embajador de México ante Estados Unidos y Reino Unido.
Bajo su mandato en la entonces PGR, ocurrieron varios casos de violaciones graves a derechos humanos.
Uno fue la detención y el encarcelamiento por más de tres años de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas otomíes acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).
También durante su gestión en la PGR ocurrió el llamado “Michoacanazo”, caso en el que 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán fueron detenidos acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Después, las personas arrestadas quedaron libres por falta de pruebas.
