En 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3% no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El gobierno federal adjudicó de manera directa −sin licitar−el 78.8% de los contratos; otro 6.5% lo asignó por invitaciones a cuando menos tres personas, y en el 3% recurrió a “otras figuras”. Sólo en el 11.7% de las contrataciones totales se convocó a licitación pública, esto es, en sólo 1 de cada 10 casos, según la ASF.
El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones establece que, “por regla general”, las compras, arrendamientos y servicios se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, con el objeto de favorecer la competencia y asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento.
Además, en el sistema CompraNet se detectaron deficiencias en el registro de los contratos suscritos en 2020, puesto que el 21.2% de los casos (32 mil 661 contrataciones) presentó al menos una de sus 24 características sin información, amén de que hubo discrepancias entre columnas en más de 18 mil contratos, por lo que la ASF urgió a establecer mecanismos que aseguren la confiabilidad y actualización de los datos contenidos en la plataforma, a fin de llevar a cabo el seguimiento del ciclo de contrataciones públicas.
En medio de la emergencia que significó la pandemia de COVID-19, la falta de procesos de licitación pública para adquirir insumos médicos generó daños al erario, pues en muchos casos –detectados por la propia ASF— hubo sobreprecios, o no se cuenta con evidencia de que los proveedores cumplieran la entrega de materiales y equipos, o bien, fueron contratadas empresas sin el perfil adecuado.
La Auditoría explicó que no existen leyes y reglamentos que permitan a la Secretaría de Hacienda supervisar adquisiciones en contextos de emergencia, garantizar la transparencia y combatir la corrupción.
“No se identificaron ordenamientos jurídicos específicos para regular y supervisar el proceso de compras y contrataciones ante situaciones de emergencia, a fin de garantizar que las condiciones de contratación sean las óptimas y que se apliquen los principios de economía, eficiencia y austeridad”, indicó la ASF en la auditoría de desempeño 39-GB.
“(Esto impidió) a la SHCP, como conductora de la política general de compras y contrataciones del Sector Público, asegurar la transparencia y seguimiento ante emergencias, debido a que no se cuenta con una definición en la normativa vigente que detalle, establezca y determine los supuestos y criterios de una contratación emergente, así como las facultades y atribuciones para operar, supervisar, dar seguimiento y vigilar dichas contrataciones, lo que provocó que no contara con elementos para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.
Señalan irregularidades presupuestales
La Auditoría señaló que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incurrieron en irregularidades de gasto al cumplir su función de conducir y vigilar la política general de contrataciones.
Mientras que Hacienda es la encargada de planear, establecer, conducir y realizar el control presupuestario de las contrataciones públicas, la SFP tiene la facultad de conducir y aplicar la política de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones.
Para cumplir sus funciones, la SHCP operó en 2020 el programa presupuestario “Regulación del proceso de compras y contrataciones” con un presupuesto de 23.6 millones de pesos, que tenía el objetivo de vigilar que las dependencias contraten bienes, servicios y obra pública propiciando la competencia y evitando actos de corrupción.
No obstante, indicó la ASF, Hacienda “no ejerció recursos por medio del programa debido a que no contó con un reglamento interior en el que se definieran las atribuciones de las unidades responsables de la política, por lo que las acciones en materia de compras públicas las realizó mediante el programa presupuestario ‘Actividades de apoyo administrativo’”, lo que constituye una irregularidad.
Por su parte, para conducir la política de vigilancia interna de las compras públicas, la SFP ejecutó el programa “Políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental”, que contaba con presupuesto de 2.7 millones de pesos; no obstante, lo gastado por la dependencia en este rubro fue de 107.6 millones de pesos, lo que significó un sobreejercicio presupuestal.
La ASF recomendó a la Cámara de Diputados dotar a la SHCP de un marco legal que le permita robustecer la conducción de las compras ante situaciones de emergencia, a fin de asegurar su transparencia y seguimiento.
Adjudicaciones directas, signo del gobierno
Las adjudicaciones de contratos sin licitación es una constante en la actual administración obradorista.
Informes elaborados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que, de 2018 a 2019, hubo un repunte en la cantidad adjudicaciones directas y una caída en las licitaciones públicas.
En 2019, la institución que más contratos por adjudicación directa otorgó fue el IMSS, seguido de Diconsa y el ISSSTE.
En el caso de Diconsa, la propia ASF documentó irregularidades millonarias en el ejercicio de recursos públicos, especialmente en lo relativo a las contrataciones. Incluso, tanto la SFP como la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a exfuncionarios de esa empresa paraestatal, así como de Segalmex y Liconsa, por posibles actos de corrupción.
En un reciente informe con datos de 2021, MCCI indicó que la práctica de brincarse las licitaciones públicas también es replicada por los gobiernos estatales.
El estudio señala que, de los 5 mil 534 contratos asignados a nivel estatal, el 36% se entregó por adjudicación directa, el 35% por licitación pública y el 28% por invitación restringida.
Colima, Oaxaca y Michoacán fueron los estados que más contratos otorgaron por adjudicación directa, mientras que Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco son los que más recurrieron a la invitación restringida.
