Gobierno adjudicó sin licitar 9 de cada 10 contratos el primer año de pandemia
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Gobierno adjudicó sin licitar 9 de cada 10 contratos el primer año de pandemia

En medio de la emergencia de COVID, hubo sobreprecios, o no se cuenta con evidencia de que los proveedores cumplieran la entrega de materiales y equipos, o bien, fueron contratadas empresas sin el perfil adecuado, detectó la ASF.
Cuartoscuro
22 de febrero, 2022
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En 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3% no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El gobierno federal adjudicó de manera directa −sin licitar−el 78.8% de los contratos; otro 6.5% lo asignó por invitaciones a cuando menos tres personas, y en el 3% recurrió a “otras figuras”. Sólo en el 11.7% de las contrataciones totales se convocó a licitación pública, esto es, en sólo 1 de cada 10 casos, según la ASF.

Lee: La ASF encuentra irregularidades millonarias en obras clave de AMLO: Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya…

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones establece que, “por regla general”, las compras, arrendamientos y servicios se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, con el objeto de favorecer la competencia y asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento.

Además, en el sistema CompraNet se detectaron deficiencias en el registro de los contratos suscritos en 2020, puesto que el 21.2% de los casos (32 mil 661 contrataciones) presentó al menos una de sus 24 características sin información, amén de que hubo discrepancias entre columnas en más de 18 mil contratos, por lo que la ASF urgió a establecer mecanismos que aseguren la confiabilidad y actualización de los datos contenidos en la plataforma, a fin de llevar a cabo el seguimiento del ciclo de contrataciones públicas.

En medio de la emergencia que significó la pandemia de COVID-19, la falta de procesos de licitación pública para adquirir insumos médicos generó daños al erario, pues en muchos casos –detectados por la propia ASF— hubo sobreprecios, o no se cuenta con evidencia de que los proveedores cumplieran la entrega de materiales y equipos, o bien, fueron contratadas empresas sin el perfil adecuado.

La Auditoría explicó que no existen leyes y reglamentos que permitan a la Secretaría de Hacienda supervisar adquisiciones en contextos de emergencia, garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

“No se identificaron ordenamientos jurídicos específicos para regular y supervisar el proceso de compras y contrataciones ante situaciones de emergencia, a fin de garantizar que las condiciones de contratación sean las óptimas y que se apliquen los principios de economía, eficiencia y austeridad”, indicó la ASF en la auditoría de desempeño 39-GB.

“(Esto impidió) a la SHCP, como conductora de la política general de compras y contrataciones del Sector Público, asegurar la transparencia y seguimiento ante emergencias, debido a que no se cuenta con una definición en la normativa vigente que detalle, establezca y determine los supuestos y criterios de una contratación emergente, así como las facultades y atribuciones para operar, supervisar, dar seguimiento y vigilar dichas contrataciones, lo que provocó que no contara con elementos para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.

Entérate: La ASF detecta posibles daños al erario por 2 mil 754.8 mdp en la atención a la pandemia

Señalan irregularidades presupuestales

La Auditoría señaló que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incurrieron en irregularidades de gasto al cumplir su función de conducir y vigilar la política general de contrataciones.

Mientras que Hacienda es la encargada de planear, establecer, conducir y realizar el control presupuestario de las contrataciones públicas, la SFP tiene la facultad de conducir y aplicar la política de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones.

Para cumplir sus funciones, la SHCP operó en 2020 el programa presupuestario “Regulación del proceso de compras y contrataciones” con un presupuesto de 23.6 millones de pesos, que tenía el objetivo de vigilar que las dependencias contraten bienes, servicios y obra pública propiciando la competencia y evitando actos de corrupción.

No obstante, indicó la ASF, Hacienda “no ejerció recursos por medio del programa debido a que no contó con un reglamento interior en el que se definieran las atribuciones de las unidades responsables de la política, por lo que las acciones en materia de compras públicas las realizó mediante el programa presupuestario ‘Actividades de apoyo administrativo’”, lo que constituye una irregularidad.

Por su parte, para conducir la política de vigilancia interna de las compras públicas, la SFP ejecutó el programa “Políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental”, que contaba con presupuesto de 2.7 millones de pesos; no obstante, lo gastado por la dependencia en este rubro fue de 107.6 millones de pesos, lo que significó un sobreejercicio presupuestal.

La ASF recomendó a la Cámara de Diputados dotar a la SHCP de un marco legal que le permita robustecer la conducción de las compras ante situaciones de emergencia, a fin de asegurar su transparencia y seguimiento.

Adjudicaciones directas, signo del gobierno

Las adjudicaciones de contratos sin licitación es una constante en la actual administración obradorista.

Informes elaborados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que, de 2018 a 2019, hubo un repunte en la cantidad adjudicaciones directas y una caída en las licitaciones públicas.

En 2019, la institución que más contratos por adjudicación directa otorgó fue el IMSS, seguido de Diconsa y el ISSSTE.

En el caso de Diconsa, la propia ASF documentó irregularidades millonarias en el ejercicio de recursos públicos, especialmente en lo relativo a las contrataciones. Incluso, tanto la SFP como la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a exfuncionarios de esa empresa paraestatal, así como de Segalmex y Liconsa, por posibles actos de corrupción.

En un reciente informe con datos de 2021, MCCI indicó que la práctica de brincarse las licitaciones públicas también es replicada por los gobiernos estatales.

El estudio señala que, de los 5 mil 534 contratos asignados a nivel estatal, el 36% se entregó por adjudicación directa, el 35% por licitación pública y el 28% por invitación restringida.

Colima, Oaxaca y Michoacán fueron los estados que más contratos otorgaron por adjudicación directa, mientras que Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco son los que más recurrieron a la invitación restringida.

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Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

En el pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron en conflictos en países que no pertenecían a la alianza como Bosnia o Afganistán.
26 de febrero, 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha gastado un enorme capital diplomático en contrarrestar el ataque ruso a Ucrania.

Su gobierno transmitió implacablemente advertencias sobre una posible invasión inminente por parte de Moscú, que finalmente se materializó, y declaró que estaba en juego nada menos que el orden internacional.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

Además, descartó enviar fuerzas a Ucrania para rescatar a ciudadanos estadounidenses, si llegara el caso. De hecho, sacó del país tropas que estaban sirviendo como asesores y monitores militares.

¿Por qué ha trazado el mandatario esta línea roja en la crisis de política exterior más importante de lo que lleva de presidencia?

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar,hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.

Pero esa falta de interés nacional no ha impedido en el pasado que gobiernos estadounidenses hayan gastado sangre y recursos de su país para defender a otros.

En 1995, Bill Clinton intervino militarmente en la guerra que siguió al colapso de Yugoslavia. Y en 2011, Barack Obama hizo lo mismo en la guerra civil de Libia, alegando tanto motivos humanitarios como de derechos humanos.

Tropa de Estados Unidos en Bosnia en 1995.

Getty Images
Estados Unidos envío tropas que formaron parte del contingente de la OTAN en 1995.

En 1990, George HW Bush justificó su coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait defendiendo el Estado de derecho frente a la ley de la selva.

Los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden han usado un lenguaje similar al describir la amenaza de Rusia a los principios internacionales de paz y seguridad.

Pero, hasta ahora, han hablado de una guerra económica a través de sanciones paralizantes como respuesta, no de operaciones militares.

Biden no es partidario del intervencionismo militar

Esta postura tiene algo que ver con los instintos no intervencionistas del presidente Biden.

Por supuesto, estos se fueron desarrollando con el paso del tiempo. En el pasado, por ejemplo, el actual mandatario apoyó la acción militar estadounidense en la década de 1990 para hacer frente a los conflictos étnicos en los Balcanes.

También votó a favor de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Pero, desde entonces, se ha vuelto más cauteloso a la hora de usar el poder militar estadounidense.

Así, se opuso a la intervención de Obama en Libia, al igual que a su decisión de incrementar las tropas en Afganistán. De igual modo, sigue defendiendo enérgicamente su orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado a pesar del caos que la acompañó y la catástrofe humanitaria que dejó a su paso.

Por su parte, el jefe diplomático de su gobierno, Antony Blinken —quien ha ayudado a concebir la política exterior de Biden— ha definido una seguridad nacional estadounidense más enfocada a combatir el cambio climático, luchar contra las enfermedades globales y competir con China que en términos de intervencionismo militar.

Los estadounidenses tampoco quieren una guerra

Una encuesta reciente de la agencia AP y el Centro NORC para la investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago concluyó que 72% de los consultados en EE.UU. dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o ninguno en absoluto.

Carteles con el precio de la gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos.

Getty Images
Los estadounidenses están más preocupados por la economía que por la geopolítica.

Los ciudadanos centran sus intereses en cuestiones económicas, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de período.

En Washington, la crisis en Ucrania está en el centro de las preocupaciones de legisladores tanto republicanos como demócratas, que exigen sanciones más duras contra Rusia.

Pero incluso voces de línea dura como el senador republicano Ted Cruz no quieren que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania y “comience una guerra con Putin”.

El senador republicano Marco Rubio, otro halcón de la política exterior, ha dicho que la guerra entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo no sería buena para nadie.

El peligro de una confrontación de superpotencias

Buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con una gran reserva de ojivas nucleares.

Biden no quiere provocar una “guerra mundial” al arriesgarse a un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania y ha sido claro al respecto.

Balance fuerzas militares entre Rusia y Ucrania.

BBC
Desfile militar en Rusia.

Getty Images
Además de armas nucleares, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional.

“No es como si estuviéramos lidiando con una organización terrorista”, dijo el mandatario estadounidense a la cadena NBC a principios de este mes. “Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”, apuntó.

EE.UU. no está obligado a actuar

EE.UU. tampoco está obligado por ningún tratado internacional a asumir este riesgo.

Una situación distinta ocurriría si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues en esa organización se asume que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos. Ese es el compromiso fundamental del Artículo 5, que obliga a todos los miembros a defenderse unos a otros.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, un factor citado por Blinken para explicar por qué los estadounidenses no lucharán por los valores que defienden con tanta energía.

Aquí hay cierta ironía, dado que el conflicto surge de las demandas de Putin de garantías de que nunca se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar y de la negativa de la OTAN a dárselas.

Tampoco la OTAN está obligada a hacerlo

Paradójicamente, el compromiso de defensa mutua establecido en el Tratado de la OTAN es el principal incentivo que tiene Ucrania para solicitar la admisión en esa alianza y, al mismo tiempo, uno de los motivos por los cuales algunos de sus estados miembros no quieren admitir a Kiev.

Gráfico

BBC

Desde inicios de la década de 1990, el tema de la ampliación de la OTAN para incluir a países que pertenecieron a la antigua órbita soviética fue motivo de debate entre expertos en política exterior, entre los cuales hay quienes creen que esto podría generar una reacción negativa por parte de Rusia, que podía sentirse amenazada por la inclusión en la alianza de países con los que comparte fronteras.

Pese a esas objeciones, la alianza se amplió y desde 1997 ha incluido entre sus miembros a 14 países que proceden del antiguo bloque comunista. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones: Georgia y Ucrania.

En 2008, la OTAN hizo una declaración en la que señaló que estos dos países podrían ser finalmente admitidos, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, muchos analistas apuntan que no es casual que, justo meses después de esa cumbre de la OTAN, se produjo la guerra en Georgia mediante la cual separatistas prorrusos tomaron el control de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur.

Soldados de Ucrania en Donetsk.

Getty Images
En 2014, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron el control de Donetsk y Luhansk ante grupos prorrusos.

Una situación similar se repitió en 2014, cuando pocos meses después de las revueltas populares que llevaron a la caída del gobierno del presidente prorruso de Ucrania Víktor Yanukóvich, se registraron las rebeliones en Donetsk y Luhansk, en las cuales grupos prorrusos asumieron el control de esos territorios de Ucrania.

Al igual que el gobierno de Biden, la OTAN ha criticado con dureza la invasión rusa a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de “un acto brutal de guerra”. Pero, de ahí a intervenir militarmente en defensa de Kiev, hay un abismo que la alianza no parece estar dispuesta a cruzar por el momento.

¿Puede cambiar esto?

El presidente Biden ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyendo las que ya están allí, para reforzar a los aliados de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia.

Esto ha sido anunciado por su gobierno como un esfuerzo para tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas, nerviosas por el objetivo más amplio de Putin de presionar a la OTAN para que haga retroceder las fuerzas de su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Getty Images
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha criticado duramente la invasión rusa.

Este esfuerzo ha implicado también a la alianza, que durante los meses previos de tensión entre Rusia y Ucrania ha movilizado miles de efectivos y de recursos militares hacia el este de Europa, pero no con la finalidad de proteger a Ucrania sino para reforzar la protección de sus miembros en esa región como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Pero la invasión de Ucrania esta semana avivó las preocupaciones sobre la perspectiva de un conflicto más amplio, ya fuera por un derrame accidental de las hostilidades o por un ataque deliberado de Rusia más allá de Ucrania.

Esto último implicaría una gran escalada de la tensión, pues abriría la puerta a invocar el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. No obstante, cualquiera de esos dos escenarios podría atraer a las fuerzas estadounidenses a una batalla.

“Si [Putin] entra en los países de la OTAN, nos implicaremos“, advirtió Biden.

* Con información del análisis de Barbara Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de EE.UU.


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