
El Gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones 290 mil pesos en la compra de 293 mil cajas de ivermectina, 100 mil de ácido acetilsalicílico y 93 mil de azitromicina, medicamentos no recomendados ni aprobados para el tratamiento del Covid-19 por el gobierno federal, pero que en la Ciudad de México se entregaron a unas 200 mil personas que resultaron positivas al virus.
Adquiridos entre 2020 y 2021, a través de los Servicios de Salud Pública, estos medicamentos no están autorizados tampoco por la Organización Mundial de la Salud (OMS), máxima autoridad sanitaria a nivel mundial, e incluso, la Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México —que realizó la Secretaría de Salud federal— dice que la ivermectina no ha mostrado ningún beneficio.
El 28 de diciembre de 2020, y aún sin ningún estudio avalado por la OMS, en la Ciudad de México se comenzaron a entregar kits médicos a las personas que resultaban positivas al virus y que contenían, principalmente, ivermectina y ácido acetilsalicílico.
Para defender la efectividad de esta medida, específicamente del uso de la ivermectina, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la Secretaría de Salud local (Sedesa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informaron que habían llevado a cabo un análisis “cuasi experimental” que mostraba que aquellas personas que recibieron la ivermectina tenían un 68% menos de probabilidad de desarrollar síntomas que requirieran hospitalización.
“Aquí lo importante realmente es validar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva, (…) el kit médico, fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios y, por supuesto, de posibles defunciones; entonces era importante compartirles el análisis”, resaltó el titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino, en conferencia de prensa el 14 de mayo de 2021.
Aquel día también se dio a conocer que los resultados de este análisis estaban contenidos en un paper que se publicó en el sitio web SocArXiv. A la fecha, el documento ha sido descargado más de 11 mil veces, sin embargo, el mismo sitio lo desacreditó en diciembre pasado y lo definió como un paper “de muy mala calidad y deliberadamente falso y engañoso”.
Politifact y Estadão Verifica —que se dedican a detectar información falsa y que tienen sus sedes en Estados Unidos y Brasil—, también desacreditaron el análisis “cuasi experimental” hecho por la Ciudad de México al cual también calificaron de “engañoso”.
En total, de acuerdo con información proporcionada a través de una solicitud de transparencia, el Gobierno capitalino entregó 429 mil 432 kits médicos: 233 mil los entregó la Secretaría de Inclusión y Bienestar (SIBISO) y no contenían ivermectina, los restantes 196 mil 432 kits fueron repartidos por los Servicios de Salud Pública capitalina y sí contenían este medicamento.
Aunque en teoría ya ninguna institución pública proporciona estos fármacos a personas contagiadas de Covid-19, Animal Político confirmó que, por ejemplo, el IMSS en la Ciudad de México aún entregó kits con ivermectina en enero de este 2022.
La compra de ivermectina, azitromicina y ácido acetilsalicílico se hizo a través de tres contratos que formalizaron los Servicios de Salud Pública de la capital.
El 23 de diciembre de 2020 —cinco días antes de comenzar con la entrega de kits y un día antes de que se aplicara la primera vacuna contra Covid-19 en el país— se firmó el primer contrato para adquirir ivermectina y azitromicina. De cada medicamento se solicitaron 93 mil cajas.
Según consta en el contrato SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-252-20, esta compra —que ascendió a los 12 millones 090 mil pesos y que se entregó a través de una adjudicación directa por excepción a la persona moral Zerifar S.A. de C.V—, se llevó a cabo a petición del Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, la Dirección de Atención Médica, la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva.
En el anexo 2 del contrato se explica que las cajas de ivermectina —con costo unitario de 70 pesos— debía contener 6 tabletas y las de azitromicina, que tuvieron un costo unitario de 60 pesos, debían entregarse en un envase con 3 tabletas cada una. Asimismo, se acordó que los medicamentos solicitados debían recibirse a más tardar el 31 de diciembre en el almacén central de los Servicios de Salud Pública ubicado en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc.
Los recursos para esta compra, se lee en el contrato, fueron tomados de la partida presupuestal “2531.- Medicinas y productos farmacéuticos”.
En la primera parte del contrato, “Antecedentes”, se proporciona una serie de 8 apartados en los que se explica a grandes rasgos el por qué de esta compra y los cuales que se repiten en los otros dos contratos. Hacen mención de que el virus de Covid-19 fue situado inicialmente en Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019, que para contener la propagación de este virus se han adoptado distintas medidas sanitarias y médicas, que el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia… pero en ningún espacio se contempla una explicación fundamentada de por qué comprar ivermectina y azitromicina para tratar a pacientes con Covid-19. Solo se subraya que el procedimiento -ante el momento de emergencia que se vivía- tendría que realizarse a través de una adjudicación directa.
La segunda compra de estos fármacos se realizó el 4 de febrero de 2021. Por 50 mil cajas de ivermectina —cada una con 4 tabletas y con un precio unitario de 87 pesos— se pagaron otros 4 millones 350 mil pesos.
Frente a las dudas y la desinformación que se propagó sobre los medicamentos que se podrían utilizar -o no- en el tratamiento del virus, la Secretaría de Salud federal redactó la Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México, la cual fue presentada a los gobernadores del país el 5 de agosto de 2021.
Durante la presentación del documento, el subsecretario de salud federal, Hugo López-Gatell, explicó que la evidencia científica sobre el tratamiento de Covid-19 había cambiado a medida que aparecían nuevas opciones terapéuticas, por lo que la guía mostraba los conocimientos más recientes.
El documento, de 66 páginas, contiene un amplio listado de medicamentos que se dividen en tres grupos principales: aquellos que sí se pueden usar en el tratamiento del Covid-19; aquellos que no se deben usar en ninguna circunstancia y los que solo se pueden utilizar en estudios de investigación.
La azitromicina, de la cual el Gobierno capitalino adquirió 93 mil cajas, se encuentra ubicada en el apartado de los fármacos que no deben utilizarse en ningún momento porque no se ha demostrado ningún beneficio. Incluso, el documento enumera 20 efectos adversos en caso de que se usara, por ejemplo, trastornos metabólicos, psiquiátricos, del sistema nervioso, oculares, entre otros.
La ivermectina y el ácido acetilsalicílico solo son recomendados en estudios de investigación. Sobre la ivermectina detalla que no tiene ningún beneficio probado y que el ácido acetilsalicílico reportó la disminución de 1 día en la duración de hospitalización y un 1% mayor probabilidad de ser dado de alta al día 28. “El 0.6% menos tuvieron un evento tromboembólico”, detalla el documento.
Asimismo, se proporciona una amplia lista de los efectos adversos que estos medicamentos tienen. Trastornos de sangre, cardiacos, respiratorios, gastrointestinales, de la piel y renales.
El 31 de marzo de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que desaconsejó el uso de ivermectina para tratar el Covid-19.
“Los datos actuales sobre el tratamiento de la Covid-19 con ivermectina no son concluyentes. Hasta que se disponga de más datos, la OMS recomienda utilizar este fármaco sólo en ensayos clínicos”, informó la máxima autoridad sanitaria.
Ya que la ivermectina llamó la atención internacional sobre la posibilidad de usarla para tratar el Covid-19, la OMS convocó a un grupo de expertos internacionales independientes para que elaborarán orientaciones a este respecto. El grupo estuvo integrado por expertos en atención clínica de diversas especialidades, un especialista en ética y representantes de las asociaciones de pacientes.
Los resultados obtenidos después de realizar 16 ensayos controlados con asignación aleatoria que habían incluido a un total de 2 mil 407 pacientes -ambulatorios y hospitalizados con Covid-19-, resultaron “muy poco fiables”, así que llamaron a la población a no tomar este medicamento.
A pesar de ello, el Gobierno capitalino insistió en la efectividad de administrar ivermectina, fármaco que principalmente se utiliza para el tratamiento de enfermedades parasitarias, así como la sarna, de acuerdo con la OMS.
El 14 de mayo, en una conferencia encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentaron los primeros resultados sobre el uso de ivermectina en pacientes positivos de Covid-19 en la Ciudad de México, una política pública que había empezado apenas 4 meses atrás.
El titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino, explicó que, con una base de 220 mil observaciones, es decir, personas que recibieron o no recibieron el kit, midieron el impacto que tuvo la ivermectina.
“Quien recibió el kit tiene una probabilidad 68% menor de desarrollar síntomas que requieran hospitalización. Este es un efecto estadísticamente significativo y que además concuerda –este paper, este análisis– (…) con la evidencia que ahora se está publicando en muchas revistas especializadas en salud pública”, afirmó el funcionario.
A pesar del llamado de la OMS, el 22 de julio de 2021 el Gobierno capitalino, a través de los Servicios de Salud Pública, concretaron la compra más importante de ivermectina, la cual se confirmó a través del contrato SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-100-21 bajo el concepto “Bienes requeridos para los kits destinados a pacientes diagnosticados con Covid-19”.
Se trató de una compra de 12 millones 850 mil pesos y que incluía 150 mil cajas de ivermectina con 4 pastillas cada una, y 100 mil cajas de ácido acetilsalicílico. Para recibir las 150 mil cajas de ivermectina, en el contrato se estipuló un calendario de entregas semanales que comprendió entre el mismo 22 de julio, día de la firma del contrato, y el 30 de agosto pasado.
La falta de rigor en los estudios realizados sobre la efectividad de la ivermectina también fue señalada por la Secretaría de Salud federal en la Guía Clínica para el Tratamiento de Covid-19 que publicó el 2 de agosto de 2021.
“La investigación relacionada con la ivermectina en la Covid-19 tiene importantes limitaciones metodológicas que resultan en una certeza muy baja de la evidencia. Diversos sitios web y revistas han publicado revisiones sistemáticas y metaanálisis sin seguir pautas metodológicas o reportes estandarizados.
“Estos sitios web no incluyen el registro del protocolo con los métodos, las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión, la evaluación de calidad de los estudios incluidos, ni la certeza de la evidencia de las estimaciones agrupadas. El registro prospectivo de las revisiones es una característica clave para proporcionar transparencia en el proceso de revisión y garantizar la protección contra sesgos de información”, expone la dependencia federal.
Aún así, este fármaco sigue siendo proporcionado.
Es el caso de Fabián, de 28 años, quien tras volver de las vacaciones decembrinas se contagió de Covid-19 en el call center en donde trabaja.
En entrevista telefónica contó que los malestares fueron incrementando a tal grado que el 5 de enero pasado ya no pudo ir a trabajar, así que decidió dirigirse a la Clínica 20 del IMSS para que le hicieran una prueba y en caso de resultar positivo tramitara su incapacidad.
“El doctor me dijo que me tomara una pastilla diaria de ácido acetilsalicílico, paracetamol cada 8 horas y me dieron la ivermectina. Me dijo ‘de estas son dos tomas: una hoy y la otra en 24 horas”, compartió.
“Sí me quedé pensando porque había investigado un poco y sabía que no está comprobado científicamente que la ivermectina funcione contra el Covid y menos que tenga resultados favorables, al contrario, creo que hasta daña la función renal, entonces sí me preocupé”.
El joven recibió estas medicinas en un kit, el cual además contenía 10 cubrebocas y un oxímetro que le anticiparon debía regresar en su próxima consulta.
Fabián compartió a Animal Político la receta que le expidió el médico el jueves 6 de enero en la que se leen las indicaciones específicas para tomar ivermectina y ácido acetilsalicílico.
De acuerdo con lo que narró el joven, mientras estuvo en espera para que le tomaran la prueba de Covid-19 pudo advertir que los pacientes que resultaban positivos recibían el mismo kit médico que a él se le entregó poco después.
Ante la duda de por qué se le habían proporcionado estos medicamentos, el joven consultó a un amigo de confianza que es doctor.
“Él me dijo ‘lo único que te sirve de ahí es el paracetamol, lo demás omítelo’”. Y así fue, Fabián prefirió seguir las instrucciones que su amigo le dio.
Las cajas de ivermectina y ácido acetilsalicílico fueron guardadas en un cajón de su casa. Fabián reposó, se hidrató y dice que a los cuatro días ya se empezó a sentir mejor. Al término de su incapacidad se reincorporó a su trabajo.
Animal Político buscó al IMSS para saber por qué se sigue recetando y entregando ivermectina a los pacientes que resultan positivos a Covid-19, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Antes de que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) llamara a no utilizar la ivermectina como tratamiento a pacientes con Covid-19, algunas naciones ya habían hecho lo propio, por ejemplo, los 27 países que conforman la Unión Europea (UE).
“La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha revisado la evidencia más reciente sobre el uso de ivermectina para la prevención y el tratamiento de Covid-19 y concluyó que los datos disponibles no respaldan su uso para Covid-19 fuera de ensayos clínicos bien diseñados”, señaló la agencia en una comunicación oficial emitida el 22 de marzo de 2021.
“Aunque la ivermectina generalmente se tolera bien a las dosis autorizadas para otras indicaciones, los efectos secundarios podrían aumentar con las dosis mucho más altas que se necesitarían para obtener concentraciones de ivermectina en los pulmones que sean efectivas contra el virus. Por lo tanto, no se puede excluir la toxicidad cuando la ivermectina se usa en dosis superiores a las aprobadas”.
En Estados Unidos, la Food and Drugs Administration (FDA) también hizo un llamado a su población a evitar tomar ivermectina. Ante la rápida propagación de información falsa o no corroborada sobre esta medicina, principalmente en las redes sociales, esta oficina decidió llamar la atención de los riesgos que implicaba tomar este medicamento a través de un tuit.
You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4
— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021
“No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos. Paren”, escribieron en la red social el 21 de agosto de 2021.
“En el caso de los seres humanos, las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para tratar algunos gusanos parásitos, y hay formulaciones tópicas (sobre la piel) para los piojos y las afecciones cutáneas como la rosácea. Sin embargo, la FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido atención médica, incluida la hospitalización, tras automedicarse con ivermectina destinada al ganado”, agregó la agencia en un comunicado.
Otros de los países que emitieron distintas comunicaciones llamando a su población a no hacer uso de la ivermectina como tratamiento para el Covid-19 fueron Kazajistán, Noruega, Serbia y Colombia, por ejemplo.
A través de los resultados de un análisis “cuasi experimental” que desarrolló la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es que el Gobierno capitalino validó su política pública.
El paper se publicó en el sitio SocArXiv el 3 de mayo de 2021 bajo el nombre “La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México.
El 8 de diciembre de 2021 el fundador y director del sitio, Philip N. Cohen, sociólogo y demógrafo, publicó una nota aclaratoria bajo el título “Cuando SocArXiv tiene malos papers”, en la que tacha de engañoso al análisis hecho por las autoridades capitalinas.
“Dependiendo de la crítica que prefiera, el artículo es de muy mala calidad o deliberadamente falso y engañoso”, afirma Philip N. Cohen.
Subraya que el análisis no fue revisado por pares o publicado en una revista revisada por pares, además de que retoma las revisiones hechas por PolitiFact y por Estadão Verifica que también desacreditaron el análisis.
“No creemos que brinde información confiable o útil, y nos decepciona que haya sido muy popular”, sostiene el director de SocArXiv.
Hasta el 31 de enero de este 2022, el paper había sido descargado 11 mil 267 veces.
Ante estos hechos, continúa el investigador, el Comité Directivo se vio en la necesidad de aclarar sus procesos de moderación, los cuales no implican una revisión por pares ni una evaluación sustancial de los trabajos de investigación que se publican en el sitio web.
“Publicar un artículo en SocArXiv no es en sí mismo una indicación de buena calidad”, reconocen.
“En el caso del artículo sobre la ivermectina, los autores declararon que sus datos están disponibles públicamente con un enlace a una hoja de Google (así como a un repositorio de Github que ya no está disponible)”.
Este medio ingresó al repositorio de Github en donde, de acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de la ADIP, se encontraba el código del análisis hecho y en efecto, éste no está disponible. La base de datos —con 233 mil 850 observaciones— y que él mismo publicó en un tuit del 14 de mayo de 2021, aún es posible consultarla.
En la conferencia de hoy además presentamos este análisis que hicimos SEDESA/IMSS/ADIP sobre el impacto de la Ivermectina en la probabilidad de hospitalización en la CDMX. https://t.co/ydH6D06sA1
Les cuento contexto y principales hallazgos (1) pic.twitter.com/LEY6brwuRM
— José Merino (@PPmerino) May 14, 2021
“No tenemos una política para eliminar documentos como este de nuestro servicio (…) sin embargo, podríamos desarrollar uno…. esta es una discusión abierta”, agregan.
Animal Político buscó a la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) y a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para conocer qué tipo de seguimiento se les dio a los pacientes que recibieron ivermectina y así confirmar o descartar posibles secuelas, saber si cuentan con actualizaciones del análisis “cuasi experimental”, así como conocer qué medicamentos se dejaron de comprar por privilegiar la adquisición de ivermectina, azitromicina y ácido acetilsalicílico.
La ADIP declinó tomar la entrevista pues dijo que se trataba de un tema que correspondía a la Sedesa, sin embargo, hasta el cierre de esta edición esa dependencia tampoco dio respuesta.

El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.