July Raquel Flores, una mujer presa más de dos años por presuntamente haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, en Xalapa, fue víctima de tortura y de agresiones sexuales por parte de agentes de la Fiscalía de Veracruz.
Así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras realizar una amplia investigación del caso y la realización de pruebas médicas y psicológicas, como el Protocolo de Estambul, misma que se realiza para detectar posibles síntomas de tortura en una persona.
“La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito”, señaló este jueves la CNDH en un comunicado, en el que informó que emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos dirigida al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, así como a la fiscala general Verónica Hernández Giadáns.
La Comisión subrayó que, tras la aplicación de Protocolo de Estambul, se dictaminó que July Raquel, a más de dos años de su detención, todavía tiene importantes secuelas físicas y psicológicas derivadas de la tortura sexual, como “insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual”.
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La CNDH también apuntó que los agentes ministeriales veracruzanos que realizaron la detención y el posterior traslado de July Raquel de la Ciudad de México a Pacho Viejo, en Veracruz, “hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”.
Incluso, la Comisión apunta que la dirección general de la Policía Ministerial, como las autoridades del penal de Pacho Viejo, también vulneraron los derechos de July Raquel, “toda vez que tuvieron conocimientos de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.
En la recomendación que dirige a las autoridades veracruzanas, la CNDH solicitó al gobernador Cuitláhuac García que inscriba a July Raquel en el Registro Estatal de Víctimas, que evalúe si existen otras víctimas indirectas del caso, y que haya una reparación integral del daño cometido por los agentes de la Fiscalía Veracruzana.
Asimismo, la CNDH también pidió a la fiscal de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, que repare integralmente el daño cometido por sus elementos a July Raquel, y que colabore en la atención de las quejas y denuncias que se presenten para deslindar responsabilidades por este caso.
Las pruebas no cuadran
El pasado 22 de febrero de 2021, Animal Político publicó un reportaje sobre el caso de July Raquel, en el que se documentó que la mujer fue detenida el 6 de noviembre de 2020 de manera arbitraria por agentes ministeriales cuando transitaba junto a su esposo e hijos por una calle de la alcaldía Álvaro Obregón.
En entrevista telefónica, July Raquel narró las agresiones de las que fue objeto durante más de 7 horas de trayecto de la capital mexicana a Pacho Viejo, donde, con todo y las agresiones sexuales y la tortura, que ahora también acreditó la CNDH, fue presentada ante un juez.
Ante la imposibilidad de acceder en ese momento a un abogado privado, July Raquel optó por no declarar nada sobre la tortura a petición del abogado de oficio que le asignaron. Como resultado, July fue vinculada a proceso de inmediato y fue puesta en prisión preventiva, donde continúa presa a febrero de 2022.
Además de las agresiones sexuales y la tortura, Animal Político documentó que July fue detenida y encarcelada a pesar de que existen múltiples lagunas e inconsistencias en la investigación de la Fiscalía veracruzana.
Por ejemplo, la familia y la defensa de July Raquel, encabezada por el abogado privado Rodolfo René Paratte, presentaron a este medio pruebas que acreditan que el día del homicidio de la rectora, la mujer se encontraba haciendo labores de jardinería en un kínder en el Estado de México, a más de 300 kilómetros del lugar de los hechos. Incluso, hay testimonios que así lo declararon, copia del depósito que la dueña del kínder le hizo ese día por sus trabajos, y copia de los chats que July mantuvo ese día con la propietaria del kínder.
La principal baza de la acusación de la Fiscalía es un contrato de compra-venta del coche que se utilizó para cometer el homicidio de la rectora, y que July utilizaba para trabajar como chofer de Uber. En el expediente del caso figura una copia de un contrato que supuestamente acreditaría que el dueño del coche le vendió el carro a July Raquel antes del homicidio. Sin embargo, se trata de una copia simple, de las que se pueden bajar de Internet, en donde, además, la firma no coincide con la plasmada por July en su documentación oficial.
“En la carpeta de investigación no viene ningún contrato original de la compra del coche porque, sencillamente, no existe ese contrato. Solo hay una copia simple firmada con una rúbrica falsa”, dijo el abogado de July, Rodolfo René Paratte.
Otra de las pruebas de la Fiscalía para sostener que July Raquel fue copartícipe en el homicidio de la rectora son las imágenes de video captadas por una cámara de una tienda de autoservicio próxima a la Universidad Valladolid, donde se cometió el asesinato.
En el video, al que este medio tuvo acceso y guarda copia, se aprecia una mujer de pelo oscuro a media altura y con la mitad del rostro oculto tras un cubrebocas. La mujer, que trae los brazos completamente descubiertos, no luce ningún tatuaje en sus brazos. July, en cambio, tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas.
Aun así, la Fiscalía sostiene que la mujer del video es July.
Además de July Raquel, a finales de noviembre del año pasado la Fiscalía también detuvo a su hermano, Alberto Flores Garfias, quie también denunció que fue víctima de tortura a manos de agentes ministeriales, tal y como Animal Político publicó en esta nota.
