Kenia Hernández, activista indígena amuzga que lleva un año y cuatro meses en prisión, fue acusada de haber cometido en marzo de 2020 un robo con violencia en una caseta de cobro en Ecatepec, Estado de México. Sin embargo, un dictamen pericial del que este medio guarda copia establece que la activista el día de los hechos se encontraba a más de 600 kilómetros de distancia.
Desde octubre de 2019, Kenia comenzó a realizar toma de casetas en diferentes estados como medida de protesta ante la desaparición y el asesinato de activistas, así como ante el encarcelamiento de otros defensores de derechos humanos. Pero, a raíz de este activismo, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) la han acusado de cometer robos con violencia y ataques a las vías públicas. De tales acusaciones surgieron ocho procesos penales en su contra, su detención el 18 de octubre de 2020 y su posterior traslado a un penal de máxima seguridad en Morelos.
De esos procesos legales, cuatro continúan vigentes y uno ya resultó en una sentencia de 10 años de cárcel por otro presunto robo con violencia en una caseta de Toluca, en febrero de 2020.
A pesar de esta sentencia, tanto la activista como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, sostienen que las acusaciones fueron “fabricadas”, como parte de una campaña de “hostigamiento judicial” para cortar de raíz las protestas en las casetas de cobro. Y un ejemplo de esto, exponen, es la causa penal que le iniciaron por un presunto robo en Ecatepec, aun cuando un dictamen en geolocalización establece que se hallaba a cientos de kilómetros del lugar.
“Kenia no está en la cárcel por argumentos legales, sino por una razón política; por un intento de dar un escarmiento e inhibir las protestas en las casetas de cobro en todo el país”, denunció en entrevista Antonio Lara, abogado de la defensora de derechos humanos, de la tierra y de los pueblos indígenas.
La denuncia y lo que dice el peritaje
De acuerdo con lo expuesto en la causa penal 617/2020, el 19 de marzo de 2020, José Daniel “N” iba a bordo de su camioneta pick up junto a su pareja, Shirley “N”, con dirección a la colonia Las Américas de Ecatepec, cuando a las 18:10 horas llegaron a la caseta conocida también como de Las Américas, en el Circuito Exterior Mexiquense.
Una vez detenidos ahí, la pareja refiere que observó que “había mucha gente” en las diferentes casetas, que las plumas de acceso estaban levantadas, que las personas llevaban letreros “por la libertad de los presos políticos” y pancartas con el nombre del Movimiento Nacional por la Libertad de Presos Políticos, y que estas personas abordaban a los conductores que iban pasando.
Al llegar su turno, José Daniel asegura que Kenia Hernández Montalván los abordó y les dijo que la cooperación era voluntaria.
El conflicto surgió supuestamente cuando Shirley sacó su celular y comenzó a grabar a quienes pedían dinero a los automovilistas. Entonces, según la pareja, Kenia en tono amenazante dijo: “Deja de grabar, cabrona, o aquí te bajamos”.
Según la denuncia de la pareja, tras la amenaza, un hombre “de un metro setenta aproximadamente, complexión delgada, tez morena, con cubrebocas y gorra” se acercó por el lado del copiloto donde estaba Shirley, le apuntó con un revólver negro y le dijo: “A ver, vieja pendeja, presta acá”; después, le arrebató su teléfono celular y la cartera, mientras que Kenia los habría vuelto a amenazar: “Sigan, o ya vieron cuántos somos para partirles su madre”.
Después, la pareja refiere que llegó a su casa en Ecatepec y que buscó en internet el nombre del Movimiento Nacional por la Libertad de Presos Políticos, y que encontró distintas notas donde aparecía Kenia. Una vez identificada, José Daniel y Shirley fueron a la fiscalía mexiquense y la denunciaron.
No obstante, la activista negó que ese día estuviera en la caseta de Las Américas, por lo que ella no pudo haber cometido ese presunto delito. Y así lo establece también el peritaje que forma parte de la causa penal.
En este documento se analizaron dos elementos clave: uno, la geolocalización satelital del celular de Kenia, y dos, un par de fotografías —selfies— que la activista se tomó ese día con familiares.
En cuanto a la geolocalización, el peritaje concluyó que el celular estuvo todo el 19 de marzo de 2020, cuando la activista supuestamente cometió el delito, en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, a más de 600 kilómetros y hasta ocho horas con 52 minutos de trayecto, por la vía más rápida, del lugar del robo en Ecatepec.
Mientras, del análisis de las fotografías, el peritaje también estableció que ambas fueron tomadas ese mismo 19 de marzo en Xochistlahuaca, a las 18:55 horas, apenas minutos después de que, según el testimonio de la pareja, Kenia supuestamente la asaltó en Ecatepec.
El peritaje también realizó un análisis de los metadatos de las fotografías y llegó a la conclusión que ambas no habían sufrido modificaciones, ediciones, ni alteraciones. “Son auténticas”, subrayó el estudio.
“De acuerdo a las documentales fotográficas que tuve a la vista se puede afirmar que el 19 de marzo del 2020, en un horario de 18:55 horas, Kenia Hernández Montalván se encontraba presente en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, precisando que es una de las personas que aparecen en dos de las fotografías descritas”, concluyó el perito en el informe que rindió ante las autoridades ministeriales, en el que consta su cédula profesional y su formación académica.
#LibertadParaKenia | Nos sumamos al llamado urgente de @FLDAmericas a las autoridades en México a retirar los cargos fabricados en contra Kenia Inés Hernández y permitir su inmediata e incondicional liberación
📄 https://t.co/eJ3xkarTuB@lopezobrador_ @CAPUFE @FGRMexico @SCJN pic.twitter.com/6GNcf0owH0— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC (@cdhzloficial) February 22, 2022
“El único interés que tienen es castigar a Kenia”
Antonio Lara, abogado de Kenia e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó en entrevista que la causa penal relativa a este caso está por finalizar y llegar a la fase de juicio. El letrado consideró que, ante las conclusiones del peritaje, hay buenas probabilidades de conseguir una sentencia absolutoria. Sin embargo, recordó que, de las ocho causas penales que se abrieron contra Kenia, cuatro aún continúan vigentes y una ya resultó en la sentencia de 10 años de cárcel.
Se trata de la causa 149/2021, en la que Autovías Concesionadas Mexiquenses denunció a Kenia también por robo con violencia en la caseta La Hortaliza, en Toluca, Estado de México.
Kenia sí participó en esta toma de caseta, aunque su defensa rechazó que hubiera cometido el robo o que hubiera incitado a otros a cometerlo, y volvió a acusar que hubo una “fabricación” del delito.
“Las cámaras de vigilancia de la caseta captaron cuando Kenia llegó con sus compañeros en un camión. Y luego, captaron cuando Kenia se marchó del lugar. Sin embargo, mágicamente, las cámaras no grabaron el momento cuando supuestamente robó a la gente”, expuso el abogado, quien hizo hincapié en que la acusación de la fiscalía se centró en los testimonios de dos trabajadores de la empresa concesionaria de las casetas, quienes supuestamente escucharon a Kenia ordenar a dos jóvenes que robaran a la gente.
“Nosotros le dijimos al juez que el testimonio de los trabajadores está viciado porque tienen una dependencia económica de la empresa que les paga. Pero el juez dijo que no, que los trabajadores no tenían por qué querer perjudicar a Kenia, y que su testimonio era válido”, explicó el abogado. También aseguró que esos mismos trabajadores reconocieron que la suma de lo que supuestamente robó la activista ese día fueron 7 mil pesos.
Tras la sentencia de 10 años de cárcel, misma que ya fue ratificada el pasado 20 de febrero, el abogado del Centro Zeferino Ladrillero dijo que interpondrán un recurso de apelación.
Para Front Line Defenders, una organización defensora de derechos humanos con sede en Irlanda, la sentencia en contra de la activista indígena es parte “de una estrategia de acoso judicial y de detenciones arbitrarias en represalia por defender los derechos de las comunidades campesinas”.
“Mostramos nuestra profunda preocupación por la seguridad física y emocional de Kenia ante la fabricación de casos en su contra con la intención de criminalizar sus actividades en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas”, recalcó la organización en un comunicado.
Además de estos dos casos en el ámbito estatal, Kenia enfrenta actualmente otras tres causas en el ámbito federal, en las que la FGR, a partir de las denuncias de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la acusa de ataques a las vías generales de comunicación, con el agravante de haberse cometido supuestamente en “pandilla”.
En todos los casos, expuso el abogado Lara, Capufe se negó “tajantemente” a llegar a un acuerdo reparatorio, luego de que en las protestas sociales se dejara el paso abierto a la circulación durante un tiempo y eso ocasionó un daño económico a la dependencia.
“Capufe se niega reiterada y tajantemente a un acuerdo reparatorio, a pesar de ser viable jurídicamente. La decisión es mantener a Kenia en prisión a toda costa. Su único interés es castigarla como medida de escarmiento para los demás”, recalcó el abogado defensor.
