La Secretaría de Marina quiere reservar la información sobre dos operativos clave para entender las desapariciones perpetradas presuntamente por elementos navales entre febrero y junio de 2018.
Se trata de los operativos Laguna 2018 y Refuerzo Laguna 2018, −que según información contenida en diversas carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR)−, explican el despliegue de la Armada de México en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante las fechas en las que se produjeron las desapariciones y que los investigadores atribuyen a los marinos.
Animal Político solicitó, a través de transparencia, el contenido de las instrucciones recibidas por los marinos entre marzo y noviembre, aunque el operativo inició en diciembre de 2017. La primera respuesta fue declarar la inexistencia de la información, pero tras un recurso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la institución no solo reconoció disponer de la documentación, sino que la declaró como información reservada.
La Semar argumenta que la divulgación de esta información supondría un riesgo para sus elementos, que podrían ser atacados por grupos del crimen organizado.
“Por la naturaleza del desempeño de sus actividades, se pondría en peligro la vida o la integridad física de los mismos”. Además, afirma también que difundir dicha información pondría en peligro “la seguridad de las instalaciones navales, ya que la delincuencia organizada tendría la posibilidad de utilizar la citada información para localizar a personal naval y cometer hechos constitutivos de delitos poniéndose en peligro la vida, seguridad y salud del personal naval”.
La reserva también forma parte de una estrategia de opacidad de la institución en relación con estos hechos. En su momento también reservó los expedientes de los mandos vinculados a las desapariciones como el almirante Marco Antonio Ortega Siu, que en aquel momento era el máximo responsable de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), y el capitán Alfredo Reyes Mondragón, jefe en Nuevo Laredo y encarcelado por desaparición forzada entre abril y noviembre de 2021.
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Casi 600 elementos en tres estados
La Fiscalía General de la República tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre 47 desapariciones perpetradas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo. De ellos, al menos 20 fueron encontrados muertos, pero por ahora no hay ningún expediente que apunte a la ejecución extrajudicial.
Actualmente hay 18 marinos en prisión por la desaparición de tres personas: Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros, Julio César Viramontes y José Luis Bautista Carrillo. En abril se cumple un año de la vinculación a proceso de estos y otros 12 que en noviembre recuperaron la libertad tras presentar un amparo. Todos ellos formaban parte de dos operativos más amplios denominados Laguna 2018 y Refuerzo Laguna 2018 y que estuvieron en vigor, al menos, entre marzo y noviembre de aquel año.
En este periodo, un total de 586 elementos fueron desplegados entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, distribuidos en las bases de Nuevo Laredo Norte, Nuevo Laredo Sur, Colombia, El Vergel, Silla, Rancho Grande, Querétaro, Miguel Alemán, Jarachina y Río Bravo. Algunos de los cuerpos que fueron encontrados aparecieron en brechas de carreteras que unen Nuevo Laredo con Piedras Negras, Coahuila, o Monterrey, Nuevo León.
El propósito de aquel operativo, según Semar, era “realizar recorridos de disuasión en diferentes ciudades, negando el uso del área a presuntos infractores de la Ley y poner a disposición a personas detenidas y material asegurado ante las autoridades competentes; así como el de coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el restablecimiento del estado de derecho en dichas entidades federativas, en estricto apego al respecto de los derechos humanos y del Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres armadas”.
Más allá de esta explicación genérica, la Marina mantiene en reserva las órdenes concretas que recibieron sus elementos.
El despliegue tuvo lugar cinco meses después de un encuentro celebrado a finales de julio en la Ciudad de México en el que participaron el almirante Ortega Siu, el entonces secretario de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón, y el jefe de gobierno del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Según informó en su momento el gobierno del estado, esta reunión era para fortalecer la presencia de la Armada en la Playa de Matamoros, Tamaulipas.
El 1 de junio de 2018 el operativo terminó abruptamente. Las denuncias por las desapariciones llegaron hasta la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que dio veracidad a los testimonios de las familias. Así que 257 marinos fueron enviados a la Ciudad de México, supuestamente, para ser puestos a disposición de los investigadores. Sin embargo, en Nuevo Laredo permanecieron dos pequeños destacamentos en las bases Norte y Sur. La primera mantuvo 36 elementos hasta el 22 de diciembre, mientras que la segunda siguió con 39 marinos hasta el 16 de enero. En este tiempo se registró una última desaparición: Félix Nieto Vázquez fue capturado el 16 de diciembre y no se le volvió a ver. El caso está siendo investigado por la FGR dentro de la carpeta 347/2018.
La opacidad de Marina se mantiene y la investigación no avanza. Actualmente solo hay tres carpetas judicializadas, por la que siguen los 18 marinos en prisión. Sin embargo, están pendientes de resolverse los amparos presentados por los elementos, lo que mantiene el caso paralizado. La semana pasada, un juez federal en Reynosa tomó declaración al exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, por el uso de camionetas clonadas de la Marina. Está acusado de “uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas”, según el artículo 250 1 bis del Código Penal Federal, pero no ha trascendido si finalmente fue vinculado a proceso.
Al menos una familia señala a esas camionetas como responsables de una desaparición. La Armada de México reconoció su responsabilidad en los hechos mediante una disculpa pública realizada el 13 de julio ante las familias en Nuevo Laredo. Desde entonces todo sigue estancado. Las familias siguen esperando el siguiente paso: que los responsables les digan qué hicieron con sus seres queridos.
