En prisión —donde ha estado desde hace cuatro años sin tener una sentencia—, Angélica dio a luz a una niña.

Cuando la detuvieron, cuenta desde la cárcel, estaba embarazada. Jamás imaginó que tendría a su bebé tras las rejas y que para privilegiar el bienestar de la menor tendría que separarse de ella. “Es devastador”, dice.

Ya sea que hayan dado a luz en prisión y que tengan con ellas a sus hijos, o que los menores estén a cargo de familiares, la realidad es que no existen políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad, ni para que los menores crezcan en un entorno seguro en el que puedan construir vínculos familiares y sociales.

“Una mujer que es privada de la libertad perdió eso, su derecho a la libertad, pero no todos los demás derechos”, subraya Valentina Lloret Sandoval, coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia en CEA Justicia Social. 

“No tenemos apoyo”

Angélica tiene 35 años y está en prisión desde hace cuatro años por el delito de secuestro. Legalmente es inocente porque no ha sido sentenciada.

Angélica es parte del 13% de las mujeres privadas de su libertad que tiene algún hijo de entre cero y dos años de edad.

En el artículo 10 de esta ley, se menciona que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a la maternidad y lactancia, así como a los medios necesarios que les permitan el cuidado de sus hijos, pero en la práctica estos lugares no cuentan con espacios dignos donde los menores puedan desarrollarse desde sus primeros meses.

También, aunque la ley enumera un amplio listado de derechos que se les deben garantizar a las mujeres y sus bebés dentro de prisión, como atención médica, estancias dignas, alimentación adecuada y saludable, así como educación inicial, nada de eso existe.

“Realmente es una vida muy difícil, muy complicada. No tenemos un apoyo, no hay para los pañales, para la comida (…) no hay servicio médico…”, dice Angélica en entrevista telefónica.

“Tenemos muchas complicaciones como madres aquí adentro, (porque) sí podemos tener un poco de tiempo (para atenderlos), pero no hay forma de trabajar, de tener una buena alimentación tanto para ellos como para nosotras”.

A Angélica quien la ayudó fue su familia, que regularmente intentaba hacerle llegar dinero o que mandaba pañales o leche; sin embargo, aunque se trataba de artículos de primera necesidad para su bebé, el acceso de estos a la cárcel no siempre fue fácil.

Además, si el servicio médico para las reclusas es deficiente, para los niños es peor.

“Hay que estar insistiendo, ¿sí me entiendes?, no es como que acercarte a la custodia y decirle que el bebé no durmió o tiene moquito o que yo me siento mal, no; es estar insistiendo todo el día y estarles diciendo que uno se siente mal… a veces hasta la noche atiende el médico…”, reclama. 

La discusión de si los niños deberían estar en prisión con sus madres, o no, no es fácil, pero sin importar hacia qué lado se inclinen las opiniones, lo cierto es que no se han impulsado acciones para la protección de los menores que tienen a sus madres en prisión. 

“El tema de la edad no es que exista un consenso. Ninguna normatividad, ni internacional ni nacional, (habla sobre) la edad óptima para que un niño o una niña pueda estar en prisión con su madre”, subraya Valentina Lloret Sandoval, de CEA Justicia.

En entrevista, la experta explica que, por ejemplo, en algunas entidades de Estados Unidos los menores que nacen en prisión son separados de sus madres inmediatamente. En China, en tanto, si la madre está embarazada, no puede entrar a prisión hasta un año después de haber nacido su hijo o hija, y los menores, cuando su madre debe entrar a prisión, no pueden acompañarla.

“Hay que generar condiciones para que los niños y las niñas puedan estar con sus madres (…) que existan guarderías con personal calificado, servicios de atención sanitaria, que los niños y las niñas no sean tratadas como personas privadas de la libertad, es decir, que haya un conjunto de condiciones que permitan salvaguardar un principio fundamental que es el del interés superior del niño”, subraya.

Cuando Angélica dio a luz, ella decidió quedarse con su pequeña. 

En principio, explica, porque un bebé recién nacido necesita estar con su madre, pero también porque pedirle a su mamá que se hiciera cargo de la bebé era demasiado, pues desde hace cuatro años, cuando detuvieron a Angélica, la mujer ha tenido que cuidar a sus otros dos nietos.

Datos de la ENPOL 2021 muestran que el 55% de los hijos e hijas de las mujeres en prisión está al cuidado de los abuelos y las abuelas. 

En contraste, en el caso de los hombres, en el 89% de los casos los menores están a cargo de sus madres y solo en el 17% quienes asumen el rol de cuidadores son los abuelos. 

La cárcel no es un lugar para los niños

Conforme pasaron los meses, Angélica comenzó a preguntarse qué hacer. Tener a su hija con ella, dice, le daba fuerza para salir adelante y seguir luchando contra el sistema para poder probar su inocencia, pero ella sabía que ese no era el lugar indicado para que su pequeña se desarrollara.

“Vive contigo en una celda y tú puedes decirle ‘no tomes esto’, le hablas sin groserías pero al salir a los pasillos lo primero que escuchan son las groserías, son malas palabras. Y pues sí, hay muchas chicas fumando… entonces, en esta edad es cuando ellos absorben todo, imitan todo lo que ven”, explica.

Cuando la niña cumplió dos años, tomó la decisión. Tenía que separarse de ella.

“Fue fatal… días de llorar completamente, realmente caí en una depresión (…) y llegas a un punto donde como que ya no le encuentras sentido a nada porque realmente tu motivación era ella. Levantarte e ir a la tienda a comprar unas galletas para desayunar o hacerle un vasito de té, todo ese tipo cosas te motivan y de pronto voltear a ver y decir ‘estoy sola, no tengo a mi bebé, no sé sí ya desayunó; pobre de mi mamá, le estoy dando más responsabilidades que no debería de tener…’”. 

“Aparte, no tienes una psicología, o sea, sí hay psicólogas pero realmente no te atienden. Tú vas (y les dices) ‘me gustaría platicar con usted’ y ‘sí, sí, sí, cuando te toque tu turno, luego te busco’, y ese ‘luego te busco’ nunca llega. A veces, quienes te ayudan un poco son tus mismas compañeras”, comparte la mujer.

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Angélica habló con su mamá y el año pasado, antes de la tercera ola de COVID, la mujer fue al penal a recoger a su nieta. Angélica dice que la vida se le destrozó por partida doble porque no solo se separaba de su hija, a quien dio a luz en prisión, sino que a cambio de que su madre la cuide se acordó que su familia no la visitara en prisión, y no porque sus familiares no quieran hacerlo, sino porque no tienen los recursos para pagar los pasajes para ir a verla y alimentar una boca más en casa.

La situación es tan precaria, comparte, que en los cuatro años que ha estado en prisión no ha podido ver a sus otros dos hijos porque apenas a su madre le ha alcanzado para pagar su pasaje y visitarla en un par de ocasiones. Y es que antes de ser detenida, Angélica —que era comerciante— era el sostén de toda la familia.

Incluso, datos de la ENPOL 2021 revelan que el 68% de las mujeres privadas de su libertad tenía algún dependiente económico antes de su detención. El 54% de ellas sostenía económicamente a entre dos y tres personas, mientras que el 19% tenía hasta seis personas que dependían económicamente de ellas. 

En lo que respecta a la actividad económica que desempeñaban antes de ser privadas de su libertad, la ENPOL 2021 informa que el 37% se dedicaba al comercio, igual que Angélica.

“No puedo ser egoísta”

Edith lleva 11 años en prisión y es madre de siete hijos. El más pequeño, un varón, nació en la cárcel.

En entrevista telefónica desde la cárcel, la mujer afirma que no podía ser egoísta con su hijo porque quien cometió un error fue ella, no el pequeño, así que, aunque hubiera deseado tenerlo a su lado el mayor tiempo posible, optó por enviarlo “a fundación”. 

Aunque la mujer trabajaba dentro de prisión lavando ropa para así tener algunos pesos y con ello comprar pañales y leche para su hijo, nunca fue suficiente. 

Cuenta que el centro penitenciario le daba cinco pañales a la semana y un botecito de un cuarto de leche en polvo al mes. La solidaridad de una trabajadora de ahí es lo que la ayudó a que a su hijo no le faltara lo más básico porque ella le regalaba estos productos.

“Mi hijo estaba viendo normal que las chicas con las que yo vivía se drogaban y tenían la mona, el cigarro en la mano; entonces, por eso también es que decidí (separarme de él) porque eso no es normal, no es lógico que él esté aquí porque está aprendiendo cosas de las cuales yo no le pongo el ejemplo”, comparte Edith.

Sus tres hijos mayores, que ya son adultos, en principio quedaron al cuidado de unos tíos, hermanos de su papá. Los otros pequeños fueron acogidos por Reinserta, que durante el tiempo que Edith ha estado en prisión se ha hecho cargo de ellos, y desde hace unos meses atrás también del más pequeño. Los mayores no la visitan, dice que como ya hicieron su vida se olvidaron de ella, y los más chiquitos la ven una vez al mes, pero por la pandemia el encuentro ha pasado a ser una videollamada. 

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Sin opciones

Angélica dice que está tranquila porque sabe que su pequeña está con su mamá y que no le falta un plato de sopa o una pastilla cuando se enferma; sin embargo, esa no es la realidad que viven las mujeres que son madres y están privadas de su libertad.

Cuestiona qué hubiera pasado si su familia, específicamente su madre, la hubiera abandonado después de que fue detenida, o que ella hubiera estado en la situación de Edith que no tiene familia.

“A mí me gustaría mucho que hubiera programas y pudiese haber un apoyo y decir ‘ah, bueno, tu hijo fue un niño que nació en prisión y allá afuera va a seguir teniendo un apoyo por parte de la asociación’. A lo mejor no económico, pero cada mes va a recibir una pequeña despensa o algo así. Eso sería buenísimo porque así apoyan de alguna forma a la familia”, considera. 

En este sentido, Valentina Lloret Sandoval, de CEA Justicia, reitera que es responsabilidad del Estado —no de los familiares o las reclusas— el pensar en las alternativas que se puedan consolidar para no dejar a ningún menor desamparado. 

“(Deben existir) medidas alternativas a la privación de la libertad, y esto tiene que ver con el interés superior de la niñez en el sentido de que esto alude a cómo se ven afectados niños y niñas por una decisión o por una política pública (…) los jueces y las juezas tendrían que tomar en cuenta esto y optar por medidas alternativas”, explica. 

“Necesitamos una visión desde el Legislativo, desde el gobierno, que entienda el problema, no desde el punto de vista de asistencia de ciertos bienes y servicios, sino desde un punto de derechos”, enfatiza la experta.

“No es una tarea sencilla (pero) hay que poner por encima de todo el interés superior de niñas y niños, y que este interés no puede estar atravesado por estigmas, por presunciones, por estereotipos. Y los niños, las niñas tienen derecho a tener sus vínculos familiares y sus vínculos comunitarios. Y como Estado, entendiendo el Estado como gobierno y sociedad, tendríamos que estar apuntando hacia garantizar esos derechos”.

Angélica sostiene su inocencia. Cuenta que a ella la detuvieron mientras estaba en la calle y, al momento de presentarla, los policías aseguraron que la habían detenido dentro de una casa de seguridad donde había personas secuestradas.

Ya suma cuatro años de proceso y no sabe cuánto más durará. Las autoridades no han podido declararla culpable porque no hay pruebas en su contra; en tanto, ella hace lo que está a su alcance para demostrar que está privada de su libertad injustamente.

Lo único que le da fuerzas para seguir son sus hijos.

“(Solo me queda) echarle muchas ganas al proceso que ahorita tengo, realmente es lo único que tengo en mente, el proceso. Estoy en juicio; entonces, poder demostrar mi inocencia, poder decir ‘soy inocente’ e irme, mis hijos me necesitan. Poder estar ahí afuera para poder educar a mis hijos, más que nada, y poder estar al pendiente de ellos, esa es mi meta”, afirma.