Conocer cómo se desarrolló la sesión en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Asamblea de Asociados del CIDE votaron a favor de la modificación del Estatuto General de este centro de investigación y con lo que se buscó legitimar a posteriori los nombramientos de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, y el de Jordy Micheli como secretario académico, no será posible hasta el 2025 porque el Conacyt decidió que esta información es clasificada.

A través de solicitudes de información pública, Animal Político solicitó el video de la sesión, la minuta y el acta que se levantó en la sesión, sin embargo, la dependencia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla informó que no está disponible.

Según detalla la respuesta entregada con fecha del 28 de marzo, la reserva de la información fue una determinación que tomó el Comité de Transparencia de la dependencia durante la sesión que sostuvieron el pasado 23 de marzo. 

“Este Comité de Transparencia confirma la clasificación realizada por la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, respecto del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C., celebrada en fecha 24 de enero de 2022, por haber quedado demostrado que la información solicitada constituye información reservada. Asimismo, se confirma la clasificación por un periodo de tres años”.

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 Animal Político solicitó el video de la sesión, la minuta y el acta que se levantó en la sesión, sin embargo, la dependencia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla informó que no está disponible.

El lunes 24 de enero, la comunidad del CIDE mantuvo cerrada por alrededor de seis horas la carretera México-Toluca en protesta por la convocatoria lanzada por el Conacyt para cambiar los estatutos del centro de investigación, pues con esta reforma prácticamente se borraba el papel de contrapeso que tenía el Consejo Directivo de la institución, específicamente en lo que respecta al nombramiento de la persona que ocupará la dirección general.

Antes de la reforma, el Consejo Directivo tenía la atribución de formalizar el nombramiento del director general, sin embargo, la modificación aprobada eliminó la facultad de “formalizar” y la cambió por “tomar conocimiento”, acción que, acusó la comunidad cideíta, buscaba dar legalidad al nombramiento que Álvarez-Buylla hizo de Romero Tellaeche.

Otra de las modificaciones que generó preocupación y rechazo entre la comunidad tiene que ver con los cambios en los requisitos para ocupar la secretaría académica del CIDE.

Anteriormente, para ocupar este puesto era requisito “haber sido académico activo en la asociación al menos durante los dos años anteriores al nombramiento”, sin embargo, con la modificación propuesta por el Conacyt, ahora se solicita que la experiencia dentro del CIDE haya sido de al menos tres años o bien, “haber sido miembro activo de una institución académica de enseñanza o investigación superior con amplio reconocimiento”. 

Con ello, ha acusado la comunidad del CIDE, se buscó legitimar el nombramiento de Jordy Micheli, quien no tenía trabajo previo en el CIDE y que fue designado por Romero Tellaeche como secretario académico. 

Las modificaciones a los estatutos se concretaron al mediodía del 24 de enero pasado con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención. Los votos en contra fueron del Colegio de México y la Secretaría de Economía; en tanto que las secretarías de Energía, Hacienda, Educación y el Fondo de Cultura Económica fueron los asociados que votaron a favor. El Banco de México se abstuvo. 

El aval de Consejería

 El 24 de enero, horas después de que se llevara a cabo la sesión en la que se votó la reforma a los Estatutos del CIDE, el Conacyt emitió un comunicado en el que dio cuenta que esta acción había contado con “la revisión y visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”.

Animal Político solicitó tanto a la Consejería como al Conacyt conocer los documentos que confirman dicha aseveración. Como respuesta, el Conacyt insistió que hay un proceso legal de reclamación de la sesión, por la que también procedía a reservar la información por tres años, en tanto, la Consejería Jurídica de Presidencia sí entregó la documentación. 

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Se trata de dos oficios: el 1000/012/2022 de fecha 21 de enero de 2022 que envió José Antonio Ruiz Martínez, director de Consulta y Estudios Normativos del Conacyt a la Consejería Jurídica.

En el documento, el funcionario expone que el Conacyt, pondrá a consideración de la Asamblea General del CIDE una propuesta de reforma al Estatuto General por lo que deseaban conocer “la procedencia de que el Conacyt, en su calidad de asociado e integrante de la Asamblea General” propusiera dichas modificaciones.

El 24 de enero, justamente el día en el que se convocó la sesión para reformar los estatutos, la Consejería Jurídica de la Presidencia emitió su “opinión positiva” sobre la propuesta y convocatoria hecha por Conacyt.

Esto se hizo a través del oficio 113/CJEF/CALEN/ 02793/2022  firmado por Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta. 

“Una vez analizado la petición de mérito, se puede señalar que el Conacyt en su calidad de miembro Asociado tiene la facultad de presentar iniciativas a la Asamblea General del CIDE”, se lee en el documento.

Basta recordar que después de que se dio a conocer la convocatoria para modificar el Estatuto General, académicos del CIDE  afirmaron que lo que pretendía hacer el Conacyt era ilegalidad porque antes de presentar la propuesta a la Asamblea General de Asociados, la propuesta debió contar con el visto bueno del Consejo Académico del CIDE el cual no había sesionado desde el 25 de octubre pasado.