Cronología del caso Gertz-Cuevas: un conflicto de 7 años que podría terminar
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Cuartoscuro y y Twitter de Alonso Castillo Cuevas

Cronología del caso Gertz-Cuevas: un conflicto de 7 años que podría llegar a su fin

Actualmente, Alejandra Cuevas, de casi 70 años, lleva más de 500 días en prisión preventiva, mientras que la señora Laura Morán, de 94, tiene una orden de aprehensión. A las dos, el fiscal Alejandro Gertz las acusa de homicidio.
Cuartoscuro y y Twitter de Alonso Castillo Cuevas
28 de marzo, 2022
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Este lunes 28 de marzo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pondrá fin a siete años del caso que mantiene el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de Alejandra Cuevas, y su mamá, Laura Morán, quien fue la pareja de su hermano Federico.

Actualmente, Alejandra Cuevas, de casi 70 años, lleva más de 500 días en prisión preventiva, mientras que la señora Laura Morán, de 94, tiene una orden de aprehensión. A las dos el fiscal las acusa de homicidio por haber dejado morir, supuestamente, a Federico Gertz, quien falleció en septiembre de 2015 tras un pronunciado deterioro de su salud.

En Animal Político te exponemos la cronología de este polémico caso que, todo apunta, terminará este lunes en el Máximo Tribunal de México con la libertad y exoneración de ambas mujeres.

Lee: El origen de la acusación, los amparos, las filtraciones: las claves del caso Gertz contra familia Cuevas, que discutirá la Corte

La muerte de Federico

El caso comenzó a mediados de 2015, cuando a los 81 años falleció Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro, quien en ese entonces no era fiscal general, sino rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México.

Antes del fallecimiento de Federico, Alejandro Gertz se apersonó en casa de la señora Laura Morán acompañado de elementos del Ministerio Público y se llevó a su hermano a un hospital, acusando a su cuñada de no brindar la atención médica necesaria para evitar la muerte de Federico. De hecho, el 28 de agosto de 2015, Javier Coello Trejo, en su calidad de apoderado legal de Alejandro Gertz, presentó una denuncia por hechos ocurridos ese mes.

Que el abogado de Alejandro Gertz fuera Javier Coello llamaría la atención años después, ya con Gertz como fiscal. Pues, tal y como documentó Animal Político, se probó que Coello era abogado del fiscal y al mismo tiempo abogado de exfuncionarios que perseguía el propio fiscal, como el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado por la fiscalía de lavado de dinero y otros hechos de corrupción.

Poco después, el 27 de septiembre de 2015, falleció Federico Gertz Manero.

Denuncia a los ministerios públicos

El 6 de abril de 2016, a siete meses del fallecimiento, llegó el primer revés para Alejandro Gertz: se emitió el primer acuerdo para el no ejercicio de la acción penal en contra de la concubina de Federico, la señora Laura Morán, y en contra de su hija, Alejandra Cuevas.

No satisfecho con esta decisión del Ministerio Público, Alejandro Gertz denunció a José Luis ‘N’ y Jorge Octavio ‘N’, agentes ministeriales, por el supuesto delito de “denegación de justicia”, por supuestamente haber hecho “diligencias parciales” encaminadas a no investigar la muerte de Federico, sino, por el contrario, a librar de culpabilidad a Laura Morán y Alejandra Cuevas.

Gertz Manero señaló en su denuncia que ambos MP rechazaron practicar algunas diligencias que él solicitó como parte denunciante −por ejemplo, realizar pruebas periciales en medicina legal y química, así como recabar los testimonios de los médicos y enfermeros que atendieron a su hermano−, además de que propusieron cerrar el caso al considerar que la muerte de Federico Gertz fue inevitable al tratarse de muerte por “causas naturales”.

Poco después, el 27 de octubre de 2016, llegó un nuevo revés: se emitió el segundo acuerdo de no ejercicio de la acción penal.

Pero todo empezaría a cambiar un año y tres meses después.

Lee: Caso Gertz: las claves de por qué la Corte plantea dar libertad a Alejandra Cuevas y Laura Morán

Llega Gertz a la FGR y se reactiva el caso

El 4 de enero de 2018, al final ya del sexenio de Enrique Peña Nieto, Alejandro Gertz se integró al consejo de asesores del entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador. El 1 de julio, López Obrador resultó el ganador de las elecciones presidenciales, y el 20 de agosto inició la transición gubernamental.

El 28 de septiembre, apenas un par de meses antes de que Gertz sea oficialmente fiscal general, presentó por medio de su apoderado legal, Juan Ramos López -quien a la postre sería subprocurador-, un escrito de inconformidad ante la entonces Procuraduría General de Justicia del DF por haber desechado sus denuncias en 2016 en contra de su familia política.

El 1 de diciembre de 2018, Alejandro Gertz Manero es nombrado oficialmente fiscal general de la República, mientras que el 5 de ese mes, Ernestina Godoy Ramos, es nombrada procuradora general de la Ciudad de México.

Y, a partir de este punto, la acusación de Gertz no solo se reactivó, sino que se aceleró. Tan solo una semana después del nombramiento de Alejandro Gertz, y dos días más tarde del de Ernestina Godoy, la Coordinación de Asesores del Procurador recibió como reingreso la averiguación previa del caso Cuevas.

Una semana más tarde, el 14 de diciembre, Juan Ramos fue citado como apoderado legal de Gertz para que acudiera el 10 de enero de 2019 para ratificar el escrito de inconformidad presentado el 28 de septiembre de 2018.

Dos meses después, el 19 de marzo de 2019, Javier Coello Zuartz, que como su padre también era abogado del fiscal, compareció ante el Ministerio Público capitalino para reactivar la carpeta de investigación del caso y denunciar a los ministerios públicos que tres años atrás, en 2016, desecharon la investigación al concluir que no había delito que perseguir.

Se emiten órdenes de aprehensión

Poco más de un mes más tarde, el 1 de mayo de 2019, se ejerció acción penal de la averiguación previa FSP/B/T2/1202/16-04, y quince días después se giró orden de aprehensión en contra los ministerios públicos Jorge Octavio ‘N’, José Luis ‘N’ y Jackelina ‘N’, por supuestamente no haber investigado la denuncia años atrás.

El 21 de julio de 2020, a menos de un año de que Alejandro Gertz llegara a la Fiscalía General de la República, se ejerció acción penal en contra de la concubina de su hermano Federico, Laura Morán Servín.

Y el 25 de septiembre, se radicó la averiguación previa FMH/MH-3/T3/00259/15-08 y su acumulada FAO/AO-1/T3/01509/15-09, registrándose bajo el número de causa penal 190/2020 ante la Jueza Sexagésima Penal de la Ciudad de México.

Apenas siete días después, el 2 de octubre de 2020, se giró orden de aprehensión en contra de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, quien es detenida, vinculada a proceso, y puesta en prisión preventiva.

Comienzan los amparos

El 17 de diciembre de 2021, a más de un año en prisión, una jueza federal emitió dos sentencias de amparo de más de 250 páginas cada una, en las que analizó el medio centenar de pruebas con las que la fiscalía de la CDMX acusó a las dos mujeres del delito de homicidio doloso de Federico Gertz.

En su resolución, la jueza Patricia Marcela Díaz Serda determinó que el proceso penal estaba plagado de irregularidades y de contradicciones, y que no aportaba pruebas suficientes para sostener la acusación del fiscal. Entre sus argumentos, la jueza explicó que ninguna de las pruebas confirma, explica, ni prueba cómo es que las dos mujeres habrían dejado morir a Federico Gertz.

Caso llega a la Suprema Corte

Tras esta decisión, estaba previsto que el 11 de noviembre de 2021 los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvieran esos amparos otorgados por la jueza federal, y determinar si la dejaban en libertad.

Sin embargo, los amparos fueron impugnados por Gertz Manero, quien solicitó entonces que la Suprema Corte atrajera el caso, lo cual sucedió con 8 votos a favor de 11 ministros. Esta decisión de la Corte provocó el reclamo de los familiares de ambas mujeres, puesto que suponía alargar la prisión de Alejandra Cuevas.

El ministro presidente de la Corte, Alejandro Zaldívar, alegó que atrajeron el caso debido a las acusaciones de que en el proceso judicial en la justicia capitalina había habido influencias “indebidas” y debido a que este caso estaba “desgastando” la imagen de la FGR.

La filtración de los audios

El 4 de marzo, diez días antes de la discusión en la Corte del caso Cuevas, se revelaron una serie de audios de una plática entre el fiscal Gertz con el subprocurador Juan Ramos en los que el fiscal dice tener en su poder el proyecto de amparo del ministro Alberto Pérez Dayán para definir la situación jurídica de Alejandra Cuevas y su madre.

Esta filtración, en la que el fiscal lamentaba que el proyecto iba encaminado a dejar en libertad a Cuevas, supuso un escándalo por partida doble: uno, porque un alto funcionario del Estado estaba siendo espiado; dos, porque los audios daban cuenta de que el fiscal había tenido acceso antes que nadie al proyecto del ministro, y ello podría poner en entredicho la imparcialidad de la justicia y el principio de “cancha pareja” para ambas partes, pues los familiares no habían tenido acceso previo a ese mismo documento.

Gertz negó tener injerencia en el proceso legal y denunció “una campaña de extorsión mediática criminal” en su contra, aunque reconoció los audios.

La votación de la corte y el nuevo proyecto de amparo

El lunes 14 de marzo, los ministros de la Corte votaron mayoritariamente en contra del proyecto de amparo del ministro Dayán, aunque solo 5 de 11 se manifestaron por dejar libre de inmediato a Alejandra Cuevas; faltó solo el voto de uno más para que esto hubiera sucedido ese mismo día.

Esta decisión suponía una noticia mala y otra buena para la familia de Cuevas: la mala, que la señora no saldría libre ese día. “Nuestra madre volverá a dormir hoy en una celda”, lamentaron sus hijos tras la decisión de la Corte. Y la buena, que el caso no regresaría a manos de la justicia capitalina, sino que se decidiría en la misma Suprema Corte tras una revisión a fondo. “Regresar el caso a la justicia capitalina hubiera sido como enviar a mi madre de nuevo con los verdugos”, dijo Alonso Cuevas, hijo de la señora Alejandra.

Por ello, se le encargó a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que elaborara un nuevo proyecto de amparo para su discusión y votación.

Nuevo proyecto plantea liberar a Alejandra Cuevas

El 22 de marzo, el nuevo proyecto fue publicado por la Suprema Corte. En el documento se plantea conceder, ahora sí, al amparo liso y llano a Alejandra Cuevas, para dejarla en libertad y también para dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra de la señora Laura Morán.

El ministro Ortiz Mena expuso en el proyecto que la acusación por homicidio del hermano del fiscal no se sostiene, que ambas mujeres sí trataron de colaborar en los cuidados del hermano del fiscal, y que, básicamente, la acusación estaba sustentada en un “estereotipo discriminatorio” de la mujer como “cuidadora” de un hombre, cuyo estado de salud, además, ya estaba muy deteriorado.

Finalmente, este lunes 28, a partir de las 11:30 horas, está previsto que inicie la discusión y votación del nuevo proyecto de amparo que decidirá si, finalmente, la señora Alejandra Cuevas quedará en libertad y su madre Laura exonerada.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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