La FGR detectó señal de dos desaparecidos junto a base de la Marina
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La FGR detectó la señal de celular de dos desaparecidos junto a la base de la Marina en Nuevo Laredo

Registros de audiencias judiciales realizadas en abril de 2021, en procesos contra 30 marinos acusados de desaparición forzada, detallan las pruebas de la FGR contra los uniformados: geolocalización, testigos, fotos y documentos falsificados.
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La Fiscalía General de la República (FGR) detectó la señal de los teléfonos celulares de dos jóvenes desaparecidos junto al cuartel de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos días después de que estos fueron capturados. Se trata de Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, a quien se busca desde el 19 de febrero de 2018, y de José Luis Bautista Carrillo, de 32 años, en paradero desconocido desde el 16 de mayo del mismo año.

Según las pruebas periciales realizadas por los investigadores, los teléfonos siguieron emitiendo señal hasta dos días después de la desaparición. Y lo hicieron desde la antena que prestaba servicio a la base naval Nuevo Laredo Sur, también conocida como “El Laguito”. Esta es una de las pruebas clave que sostienen la tesis de la fiscalía presentada ante un juez federal: que los dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Marina y los desaparecieron, sin que hoy se conozca su paradero.

Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas en abril de 2021 en un juzgado de Reynosa, Tamaulipas, contra 30 oficiales de la Secretaría de Marina (Semar) acusados de cuatro desapariciones forzadas perpetradas en Nuevo Laredo en los primeros meses de 2018. En ellas se desgranan las pruebas esgrimidas por la FGR contra los marinos: además de la ubicación de los teléfonos, los investigadores se apoyan en la declaración de testigos, videos, fotografías y la documentación entregada por la propia Semar, que en algunos casos fue falsificada. 

Actualmente hay seis marinos en prisión por la causa 155/2020, que investiga el caso de Viramontes Arredondo, y otros 11 encarcelados por la causa 307/2020, la relacionada con Bautista Carrillo. Existe un tercer expediente, el 308/2020, relacionado a la desaparición de otros dos jóvenes ocurrida el 17 de febrero: Noé Ignacio Alférez Hernández, de 22 años, y Jonathan Ballesteros Loza, de 17. En este caso hubo 13 marinos vinculados a proceso, pero 12 de ellos ya están libres después de que un juez admitiera el amparo presentado por sus defensas.

Todo esto solo es la punta del iceberg. La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por la desaparición forzada de al menos 47 personas en la ciudad fronteriza. La propia Semar reconoció su responsabilidad en un acto de disculpa celebrado el 13 de julio de 2021 en Nuevo Laredo. Pese a ello, las autoridades indican que ninguno de sus elementos ha colaborado con la justicia para dar pistas sobre el paradero de los desaparecidos. Tampoco hay pistas sobre quién dio las órdenes ni sobre la cadena de mando, que apunta al almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina y quien estaba jerárquicamente al frente de los elementos que ahora están bajo proceso judicial.

Vehículo fue encontrado junto al cuartel

Julio César Viramontes Arredondo fue visto por última vez el 19 de febrero de 2018 cuando viajaba en la parte de atrás de un vehículo Ford Focus negro con matrícula de Texas, en la colonia La Joya de Nuevo Laredo. Según los investigadores, en algún momento entre las 14:00 y las 16:00 horas, el coche fue embestido por una camioneta de la Marina con placa 6980 que había sido alterada para dificultar su identificación. Testigos declararon que al menos dos jóvenes que viajaban con Viramontes Arredondo escaparon del lugar, escondiéndose en las inmediaciones, mientras que la víctima permaneció siempre en el vehículo. Qué ocurrió después sigue siendo una incógnita. 

Los marinos aseguran que nunca tuvieron nada que ver con el Ford Focus, y que ellos sufrieron un accidente por la acción de “ponchallantas” que les habrían lanzado integrantes del crimen organizado. Las pruebas aportadas por la FGR apuntan en otra dirección. Los investigadores creen que los oficiales embistieron el vehículo, capturaron al joven que se encontraba dentro y lo hicieron desaparecer. 

Para sustentar esta versión, el Ministerio Público se apoya en varios indicios presentados ante el juez. El primero, una publicación del diario La Tarde en la que se muestra el choque con el titular “Provocan accidente y amenazan a víctimas”. En esta información, aparece una persona todavía sentada en la parte de atrás del Focus negro que fue identificada por sus familiares como Viramontes Arredondo. 

Aunque los marinos dijeron no haberse hecho cargo del coche accidentado, agentes de tránsito de Nuevo Laredo contradijeron esta versión y aseguraron que fueron los oficiales de la Armada los que se lo llevaron. Esta tesis se vio reforzada por un hallazgo realizado por Ericka Arredondo, madre del desaparecido, y una hermana de este. Dos días después del siniestro, ambas mujeres realizaron una búsqueda en las inmediaciones de la base Nuevo Laredo Sur y encontraron un Ford Focus negro accidentado, igual al que transportaba a Viramontes Arredondo justo antes de desaparecer. Poco después del hallazgo, apareció una grúa y se llevó el vehículo, sin que pudieran saber a dónde fue trasladado. La hermana tuvo tiempo de realizar varias fotografías, que fueron aportadas a la causa. 

Ese mismo día, el 21 de febrero, se registró la última conexión del celular de Viramontes Arredondo. Los peritos de la FGR la ubicaron en una antena de la colonia Concordia, justo junto a la base de operaciones Nuevo Laredo Sur. Según el Ministerio Público, “es evidente, razonable y lógico” pensar que el joven fue capturado y que estuvo en el cuartel. La madre de la víctima dijo en entrevista con Animal Político que ella misma acudió al lugar para preguntar a los oficiales si habían capturado a su hijo. “Me pudo haber escuchado que yo estaba ahí. Porque duré días afuera de ese cuartel. Los marinos lo negaban, pero ahora dicen que sí estuvo ahí. Eso hace más grande mi coraje, más grande mi dolor, porque estuve cerquita de él y no pude sacarlo”, dijo en septiembre de 2020. 

“Es indiscutible que estaba bajo custodia, que hubo una privación de la libertad por elementos de la Semar, pero que no fue puesto a disposición judicial”, argumentó en la audiencia uno de los fiscales, que consideró que el objetivo de los marinos era, “con alta probabilidad, ejecutarlo o hacerlo desaparecer”. 

Al frente de aquel operativo de la Marina estaba Gerónimo “S”, quien firma los partes de novedades. Los investigadores llamaron la atención sobre el hecho de que hay documentación duplicada pero que no aporta la misma información, por lo que consideran que se intentó manipular para exonerar a los oficiales. Las investigaciones apuntan a que el capitán Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la unidad de operaciones especiales en Nuevo Laredo, tuvo conocimiento de los hechos y estuvo presente en el lugar del accidente, aunque nunca fue imputado por estos hechos. 

Operativo militar en un deshuesadero

El celular de José Luis Bautista Carrillo, de 32 años, también emitió señales dos días después de su desaparición. Fue la madrugada del 18 de mayo y los peritos lo ubican junto a la antena que da servicio a la base Nuevo Laredo Sur. Dos días antes, el hombre participaba en un evento de recaudación de fondos para un candidato del PRI que tuvo lugar en un yonke o deshuesadero de autos de la ciudad fronteriza. De repente, tres vehículos de la Marina irrumpieron en el lugar disparando y sometieron a los presentes. Cuando se retiraron, Bautista Carrillo había desaparecido. No se ha vuelto a saber nada de él. 

El relato de los hechos, según la FGR, es el siguiente: la víctima acudió al evento en el Yonque Pepes junto a su esposa y su cuñada. Aproximadamente a las 19:00 horas comienza el operativo de la Marina. Un video de siete minutos muestra cómo los oficiales se encuentran en el taller sometiendo a los presentes, a los que piden documentación y teléfonos celulares. Según la declaración de testigos, la víctima no llevaba su identificación, por lo que fue trasladada a una oficina situada en un lateral, donde la golpearon durante media hora. Posteriormente sacaron al hombre en una camioneta a través del predio de un autolavado. El operativo había generado las protestas de vecinos y familiares, que acudieron al lugar acompañados por periodistas. Según ellas mismas declararon, la esposa y la cuñada de Bautista Carrillo salieron persiguiendo al vehículo en el que lo trasladaron y lograron ubicarlo en la base de El Laguito. Posteriormente fueron tras otro vehículo que salió del cuartel, pero le perdieron la pista en una brecha cercana. 

Ericka Janeth Castro Martínez, de 30 años y esposa de la víctima, tiene claro qué ocurrió porque ella misma fue testigo. “Llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos, yo fui víctima también de sometimiento. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad. Y en cuestión de una hora comenzó a llegar multitud de gente, esposas de los señores que estaban ahí. Y fue de la manera en que se metieron y se hizo la revolución ahí, de la gente, empezó a buscar sus familiares”, dijo en entrevista con Animal Político en octubre de 2020

Además de los testimonios y las imágenes, la geolocalización del teléfono de la víctima es una de las pruebas que manejan los investigadores. Los trabajos de los peritos ubican el celular en el yonke hasta las 19:00 horas del 18 de mayo. Dos días después realiza su última conexión desde la antena situada junto a la base Nuevo Laredo Sur, durante más de 26 minutos. Esto lleva a los fiscales a asegurar que la víctima estuvo en el lugar en el que fue privada de la libertad y, posteriormente, fue trasladada a la base de operaciones en la que se le pierde de la pista. 

La versión de la Marina trata de eludir la responsabilidad de sus oficiales. Según declararon los elementos navales, acudieron al lugar tras recibir un aviso anónimo de que había hombres armados. Incluso aseguraron que el dueño del yonque confirmó la existencia de estos criminales. Sin embargo, esta versión no fue ratificada ante el juez, lo que llevó a los fiscales a pensar que se trata de una treta de los marinos para justificar su presencia en el lugar. 

La defensa trató de desacreditar a la víctima asegurando que existían indicios de que pudiese pertenecer a un grupo criminal, una estrategia que fue cuestionada por el Ministerio Público. “No porque hubiese pertenecido se merece que lo detengan y lo desaparezcan”, consideró uno de los fiscales, que calificó como “muy osado por parte del defensor” el intento de “criminalizar” a la víctima. 

Testigos que juez no aceptó

El caso de la desaparición de Noé Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza ha tenido más dificultades a la hora de ser probado en tribunales. Tras las audiencias de abril de 2021, un total de 13 marinos fueron encarcelados. Sin embargo, 12 de ellos recuperaron su libertad en noviembre, después de un amparo. Un detalle: el único oficial que sigue en prisión es el que optó por una defensa privada, mientras que el resto de compañeros fue representado por la Defensoría Pública Federal. 

Según la FGR, esto fue lo que ocurrió: ambos jóvenes viajaban en un vehículo Chevrolet Malibú negro cuando fueron interceptados por un operativo de marinos en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo. El modus operandi fue también de choque y captura. El accidente también provocó el impacto contra un vehículo que estaba estacionado en el lugar. Su propietaria es la principal testigo que acredita la presencia de marinos en el lugar, que viajaban en un vehículo oficial y otra camioneta blanca sin logotipos. Ella aseguró haber visto cómo los elementos navales se llevaban a uno de los jóvenes, poco antes de que llegaran uniformados de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y le obligaran a entrar en la casa, argumentando que había un enfrentamiento. 

Existe otro testimonio que también refuerza esta tesis, la de las camionetas verdes con hombres vestidos de camuflaje que, presumiblemente, eran integrantes de la Semar. “Es evidente, razonable y lógico que las víctimas fueron perseguidas por personal de la Marina, que viajaba en vehículos particulares y oficiales”, consideró uno de los fiscales. 

Además de los testigos, los investigadores se basan en la documentación presentada por los marinos. Un parte de novedades firmado por el capitán Alfredo Reyes Mondragón asegura que salieron de patrullaje en dos vehículos, una Cheyenne con logos oficiales y un Ford 150 sin matrícula.

Los marinos, sin embargo, siempre han negado su participación en el choque y la detención de los dos desaparecidos. Su versión se limita a señalar que vieron el Malibú abandonado y que dieron parte a tránsito, para luego retirarse del lugar. Esto no convenció a la FGR, que consideró que “ocurrió un hecho delictuoso y los imputados probablemente participaron”. “Las víctimas fueron privadas de su libertad por personal de la Marina”, añadió uno de los fiscales. 

Estos argumentos no convencieron al juez de control que resolvió un amparo presentado por 12 de los acusados y los puso en libertad. En su opinión, los testimonios resultan “inverosímiles” y en ningún momento prueban que los marinos hubiesen participado en la captura de ambos jóvenes. Entre los marinos excarcelados se encuentra el capitán Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la unidad de operaciones especiales en Nuevo Laredo y cuya presencia quedó acreditada en los tres casos de desaparición. 

“Las familias no han participado en las audiencias. Solicitaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y estos a su vez al juzgado que les facilitaran las audiencias y hasta ahora no las han podido ver”, denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien consideró que “tanto CEAV como FGR actúan a espaldas de las víctimas”. “Aunque no entiendan de derecho y del sistema de juicio oral, tienen derecho a estar presentes”, dijo.

Ramos expresó su desconfianza hacia la estrategia de la FGR y la CEAV. “No están tomando en cuenta toda la información que existe”, dijo, y puso como ejemplo que en el caso de Alférez y Ballesteros había más testimonios que pudieron ser utilizados. 

“A cuatro años de los hechos, el trabajo de la fiscalía es una simulación, es muy lenta la investigación y no confiamos en que los demás casos se vayan a judicializar”, dijo. El activista también es crítico con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “Hizo compromisos en dos ocasiones y no cumplió, esto es una simulación”, afirmó. 

Está previsto que en las próximas semanas se realicen nuevas búsquedas en Nuevo Laredo. Sin embargo, Ramos no confía en las autoridades. “Esto debería ser una investigación de Estado pero no quieren actuar contra los marinos”, aseguró.

El caso se encuentra actualmente paralizado. Los marinos que siguen encarcelados presentaron sus propios amparos, por lo que se espera que un juez resuelva sobre su libertad. Al mismo tiempo, las familias comienzan a desesperarse. Tenían confianza en que las detenciones facilitarían que los oficiales colaboraran con la justicia y dieran pistas sobre el paradero de sus seres queridos. Esto no ha ocurrido y los desaparecidos de Nuevo Laredo aún siguen sin ser localizados. 

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

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Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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