El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se creó en 2019 principalmente para atender a la población sin seguridad social, ya no tendrá esta función, se quedará solo para las compras consolidadas de medicamentos, equipo y material de curación y para otras cuestiones administrativas. La encomienda para la que fue creado la tiene ahora el IMSS-Bienestar, que hereda el paquete con los mismos vicios de su antecesor: no hay claridad sobre su presupuesto ni sobre cómo hará para abarcar, con todos los servicios, a una población mucho mayor de la que solía atender.
La oficina de comunicación del Insabi confirmó a Animal Político que el Instituto seguirá existiendo, pero trabajará en otros rubros distintos al de la atención a la salud a la población sin seguridad social, como el abasto de medicamentos, equipo e infraestructura, capacitación y contratación de personal.
De hecho, este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que le deja a la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Insabi las facultades para hacer las compras consolidadas de medicamentos y material de curación, así como la adquisición del equipamiento médico cuya fuente de financiamiento sean los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar y la contratación de servicios integrales de salud necesarios para la operación de las unidades médicas adscritas al Instituto (aunque no se precisa cuáles serán estas).
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“El Insabi (que hasta ahora tiene en la Ley General de Salud la encomienda de apoyar a la Secretaría de Salud en el otorgamiento de servicios y medicamentos a la población sin seguridad social) nunca existió formalmente, y con este anuncio prácticamente se le deja fuera”, apunta al respecto Marta Tagle, ex diputada y ex integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Después de la desaparición del Seguro Popular, que no era un sistema de salud sino un seguro, que reembolsaba los servicios a los estados, el Insabi, su reemplazo, firmó convenios con las entidades que quisieron adherirse a su modelo (26) y a estas les transfería recursos para que siguieran operando los servicios de salud, que no logró centralizar el Instituto en sus más de dos años de existencia, porque ni siquiera tiene reglas de operación.
Con los seis estados que no se adhirieron, el modelo fue que se les daban a ellos todos los recursos, en lugar de que los tuviera el Insabi.
Guanajuato fue de las entidades que no se adhirió al Instituto y no piensa adherirse ahora al modelo que operará el IMSS-Bienestar. “Hace un par de semanas, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, se reunió con el Secretario de Gobernación, Adam Augusto López, y le hizo un balance de cómo tenemos finanzas sanas en cuestión de salud y un abasto de medicamentos que supera el doble de la media nacional, así que se respetará el convenio para que la federación siga enviando recursos y la entidad maneje el sistema de salud para las personas sin seguridad social”, explica Mario de Alba, secretario de salud de este estado.
El nuevo encargado
El viraje en la estrategia para atender a quienes no tienen seguridad social se presentó oficialmente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el martes 15 de marzo. El primer mandatario y Zoé Robledo, director del IMSS, dieron una explicación general respecto a que se firmarán acuerdos con los estados que así lo decidan, para brindar los servicios y que los hospitales estatales pasen a ser parte del IMSS Bienestar.
Robledo subrayó que hasta el momento Nayarit, Colima y Tlaxcala han firmado el acuerdo para iniciar el proceso de transferencia, que ocurre con la garantía de continuidad en los servicios de atención médica, la libre asociación de gobiernos estatales y la libre adscripción de trabajadores de la salud, quienes no serán despedidos ni perderán derechos laborales.
Éctor Jaime, actual diputado e integrante de la Comisión de Salud opina que esto es un retroceso. “El IMSS Bienestar no es un sistema de salud, es un programa con reglas de operación y no hay un solo documento público donde diga que este se haría cargo de la población sin seguridad social, es nada más por una instrucción del presidente, un decreto verbal y con esto bastó”.
David Sánchez Mejía, abogado y consultor especializado en derecho de la salud, dice que para saber el marco normativo con el que operará la atención a esta población habrá que conocer los acuerdos con los estados, que hasta ahora no se han hecho públicos.
Investigadores e integrantes de la sociedad civil coinciden, por su parte, en que el IMSS Bienestar puede ser una buena opción para brindar la atención que no pudo dar el Insabi. “Es una buena alternativa porque al menos tiene el andamiaje administrativo y ha brindado servicios ya desde hace 40 años, además tiene detrás al IMSS, pero esto hará que crezca y va a ser un monstruo, así que será una buena opción siempre y cuando se ejecute bien, aunque hasta ahora lo que se ha presentado deja más dudas que respuestas”, opina Andrés Castañeda, coordinador de la organización Cero Desabasto e integrante del colectivo Nosotrxs.
Gustavo Leal Fuentes, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en políticas públicas y servicios de salud, dice que para cumplir la nueva encomienda el IMSS Bienestar es buena opción, pero va a requerir un nuevo modelo, porque este se diseñó para la atención de población sin seguridad social, “pero de las zonas rurales y en condiciones de marginación, no para atender a población urbana, y esto no se ha puesto sobre la mesa”, apunta Leal Fuentes.
Tampoco se ha dicho qué va a pasar con la atención de tercer nivel, dice Óscar Estrada, especialista en sistemas de salud y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara. “Es importante que se establezca a qué tipo de servicios van a tener derecho las personas sin seguridad social, porque el IMSS Bienestar tiene un paquete reducido a primer nivel y cierto tipo de intervenciones, es más de tipo preventivo, qué va a pasar entonces con la atención de alta especialidad, estamos en riesgo de reducir los servicios otorgados”.
En este punto Estrada dice que en esto entra también definir y que se difunda qué va a pasar con lo que se llamaba Fondo de Atención a Enfermedades con Gastos Catastróficos y que ahora se llama Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que era justo para atención en tercer nivel. “De esta bolsa ya se ha estado tomando dinero, y ahora no se sabe qué va a pasar con ella, ni con los institutos nacionales de salud”.
Una fuente de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) confirma a Animal Político que en efecto aún no se sabe si el IMSS Bienestar les referirá a los pacientes que requieran atención de tercer nivel o qué sucederá.
Dinero que no alcanza
Sobre el presupuesto que tendrá el IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dijo que “va a significar una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos el dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando.”
Judith Senyasen, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que ante esta declaración del presidente y sin un documento oficial donde se diga de dónde saldrá el presupuesto para atender a la población sin seguridad social, lo que se entendió es que habrá un inversión extra de ese monto, pero en realidad, sumando las bolsas presupuestarias que ya nutren la atención a estos ciudadanos, en este momento ya se invierten más de 200 mil millones de pesos en esto.
“Si se suman los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a los estados, FASSA, (que tiene este 2022, 117 mil 537 millones de pesos), los del programa Medicamentos Gratuitos (con 77 mil 573 millones de pesos), los de Atención a la Salud del Insabi (18 mil 333 millones) y los de Fortalecimiento a la Atención Médica (862 millones de pesos), todo eso ya suma 214 mil 305 millones de pesos, pero si se pretende cubrir a más población con más servicios, se va a requerir más dinero y no hay espacio fiscal para aumentar presupuesto”, precisa la investigadora del CIEP.
Respecto al personal, López Obrador y Zoé Robledo dijeron que no se despedirá a nadie. “todos los que apoyaron durante la emergencia sanitaria tienen garantizado su trabajo, además de que serán basificados quienes trabajan por contrato, es decir, 100 mil trabajadores en todo el país”, dijo el presidente.
Robledo recalcó que la participación de los trabajadores será voluntaria, “para que cada uno de ellos y de manera directa conozca cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo y puedan tomar la mejor decisión sin despedir a nadie, sin liquidar a nadie”.
Lo que se habilitará será una calculadora IMSS- Bienestar “para que cada trabajador pueda conocer de manera individual cual es la propuesta para su caso, dependiendo de la antigüedad, la categoría y los años de servicio para que no se le afecten nunca sus derechos laborales”.
En cuanto a la infraestructura física y este plan de que para 2024 todos los hospitales estatales de las entidades que se adhieran al IMSS Bienestar serán manejados por este, los entrevistados señalan que aquí también quedan muchas dudas.
“Muchos terrenos están en comodato, es decir, un tercero se los prestó al gobierno estatal para construir la clínica y ahora el estado no puede ceder el terreno, porque no es suyo”, señala Andrés Castañeda.
Por su parte, Ector Jaime señala que ningún congreso del estado le ha autorizado a un gobernador la enajenación de bienes, así que ahí habría una cuestión legislativa que solventar.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, firmaron, este jueves, el acta de integración de la mesa de transición para concretar la transferencia de los servicios estatales de salud a partir del 1º de abril, por conducto del programa IMSS-Bienestar.
Adelantó que se realizarán asambleas informativas en los 16 hospitales y en centros de salud de la entidad para que las personas trabajadoras y usuarias conozcan el proceso. Esto requerirá que se haga en distintas lenguas indígenas. También es necesario trabajar en los lineamientos operativos y laborales.
Hasta esta fecha, dijo, más de mil trabajadoras de salud en los tres estados que están en el proceso de federalización han participado en el análisis de la situación de la salud en cuanto a infraestructura, recursos humanos, atención médica y otros indicadores.
