El 6 de febrero de 2018, Bryan Eduardo Arias Garay, de 19 años, no volvió a su casa después de terminar su trabajo en un puesto de hamburguesas, en Nayarit. Desde ese día, Virginia Garay, su madre, no ha dejado de buscarlo. Recientemente, la mujer y los familiares de otros dos jóvenes desaparecidos presentaron un “amparo buscador”, a través del cual pidieron a la Judicatura de Nayarit que se sumara a las labores de búsqueda de los tres varones. Sin embargo, los jueces suspendieron el procedimiento durante un año porque —argumentaron— los jóvenes desaparecidos no acudieron a ratificar la demanda de amparo.
“Es ilógico, les estamos pidiendo que los busquen, ¿y cómo van a ratificar ellos?”, reprocha Virginia, en entrevista telefónica con Animal Político.
“Los jueces se están deslindando y nosotros queremos que nos ayuden a buscar porque ya no sabemos qué más hacer. Los jueces tienen la obligación de buscar también a los desaparecidos, no solamente la Comisión de Búsqueda, no solamente la Fiscalía, sino que ellos también tienen una obligación de buscar por sus medios a los desaparecidos, y que nos hayan contestado que primero tienen que ratificar ellos, imagínate cómo nos sentimos (…) Nuestro coraje, nuestra impotencia es que una autoridad más nos cierre las puertas”.
La respuesta que recibió Virginia es la misma que se notificó a los familiares de Jonathan Félix Peña González y Francisco Galindo Cruz, quienes también desaparecieron en Nayarit. Sin embargo, la mujer informó que tienen conocimiento dentro del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros —el cual fundó— de que en total son ocho familias las que han recibido respuestas similares o simplemente han sido ignoradas.
“No son casos aislados. Por ejemplo, existe un amparo vs la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa respecto del cual el juez tiene suspendido el procedimiento, pues no han ratificado la demanda. En otro caso, se apercibió a 2 adolescentes migrantes desaparecidos a ratificar la demanda presentada a su favor”, escribió Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, en su cuenta de Twitter.
“Uno de los mayores problemas frente a la desaparición de personas es la falta de análisis y toma de decisiones de manera estructural y contextual”, añadió el 25 de febrero pasado.
Ayer, las madres de 3 jóvenes desaparecidos, acompañados por CNB y CLB Nay, presentaron queja ante el @CJF_Mx vs 2 jueces que decidieron que, como no fue posible localizar a sus hijos desap para q dijeran si ratificaban o no las demandas de amparo, suspendían el procedimiento.🧵 pic.twitter.com/7PB7ESnTNz
— Karla Quintana O. (@kiquinta) February 25, 2022
La desaparición de Bryan
Virginia relata que diariamente su hijo Bryan llegaba a casa de madrugada, luego de que había cerrado y lavado el puesto de hamburguesas y hot dogs en el que trabajaba. Por ello, raramente lo esperaba despierta. “Siempre que llegaba, iba a mi cuarto y me avisaba que ya había llegado”, recuerda.
El 6 de febrero de 2018, Virginia despertó hacia las 6:00 horas y se dio cuenta de que no escuchó cuando su hijo le avisó que había regresado a la casa, así que se levantó a buscarlo. El joven no estaba en su cuarto ni en la sala ni en la cocina. No estaba en la casa.
Tomó el teléfono y comenzó a marcarle. El celular estaba encendido porque sonaba y sonaba, pero nadie atendía. Virginia dice que ahí fue cuando más se empezó a preocupar porque las actividades rutinarias de su hijo no se habían realizado y, además, no contestaba su celular.
Durante una semana, fue todos los días a la Fiscalía de Nayarit para levantar una denuncia por la desaparición de Bryan, pero nadie le hizo caso, solo hasta cuando se cumplió una semana de la desaparición.
“Me decían que ‘está joven’, que ‘se fue con los amigos’, que ‘se le hizo fácil no avisar’, que ‘al rato va a aparecer’ y que ‘nomás les hacemos hacer papeleo’”, reprocha la mujer.
Al paso de los días en los que visitaba la Fiscalía para preguntar si había información de su hijo, conoció a otras madres y padres que también buscaban con desesperación ayuda para encontrar a sus hijos. Al igual que ella, iban de una ventanilla a otra y a otra sin obtener respuestas.
Así fue como fundó el colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, que actualmente está conformado por 35 familias que buscan a 36 personas desaparecidas en Nayarit y Guadalajara.
“Notoria ineptitud y descuido”
Tras recibir la respuesta de los jueces, quienes pedían que las personas desaparecidas acudieran a ratificar el amparo promovido por sus madres para que las autoridades los busquen, con apoyo de las comisiones de Búsqueda federal y estatal, las madres de los tres jóvenes ingresaron una queja administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en contra de Laura Margarita Sepúlveda Castro, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como de Óscar Márquez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en funciones de juez de distrito, ambos en Nayarit.
En el texto, firmado por las tres madres buscadoras —así como por la comisionada Karla Quintana y por Gerardo Baltazar Serrano, titular de la Comisión de Búsqueda estatal—, reclaman que, derivado de la desaparición de sus hijos, no solo han tenido que enfrentar estigmatización, falta de respuesta y obstaculización de las investigaciones, sino que ahora las autoridades en Nayarit tomaron una decisión alejada del sentido común, carente de seriedad y ética, lo que demuestra “notoria ineptitud y descuido”.
“Exigir que una persona desaparecida ratifique una demanda para buscarse a sí misma no solo es absurdo, sino que contraviene la urgencia de cumplir con las obligaciones de búsqueda de manera rápida y efectiva”, sostienen en la queja.
“Las decisiones de las personas juzgadoras referidas negaron a nuestros hijos desaparecidos forzadamente y a nosotras la protección constitucional violando diversos derechos humanos, empezando por el derecho a ser buscados, a la verdad y a la justicia”.
Además de atender su queja, las madres buscadoras solicitaron al CJF tomar medidas de política judicial para capacitar a todo su personal en relación con la desaparición de personas, no solo respecto de la búsqueda como autoridad primaria, sino frente a todas las consecuencias jurídicas de una desaparición para quienes la padecen y sus familiares.
