Maestros de Prepa en línea acusan precarización en nuevo contrato de la SEP
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Maestros de Prepa en línea acusan mayor precarización en nueva contratación de la SEP

La SEP condiciona a los maestros de Prepa en Línea a tener un contrato que deberán renovar cada tres meses, con más horas de trabajo y el mismo sueldo.
Cuartoscuro
4 de marzo, 2022
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Prepa en línea atiende a más de 151 mil estudiantes que habitan en los municipios de mayor marginación, pero desde el nacimiento del modelo, los profesores han denunciado las malas condiciones de trabajo. Aunque la SEP anunció que por fin serían contratados, en realidad se trata de mayor precarización, acusan los afectados. 

Los asesores y tutores, como se conoce a los profesores en este modelo, debían dedicar 20 horas de trabajo cada semana, por un salario mensual de 12 mil pesos y contratos por outsourcing. Ahora la SEP les condiciona tener un contrato con la dependencia, pero que deberán renovar cada tres meses a cambio de trabajar 36 horas a la semana, pero con el mismo sueldo, un bono anual y el pago de vacaciones, pero sin seguridad social. 

Además, solo deben trabajar en Prepa en línea, o de lo contrario no cumplirían con el nuevo requisito de “compatibilidad” que les están imponiendo. Las 36 horas semanales representa prácticamente una jornada laboral completa, por lo que legalmente estarían impedidos también para tener otro trabajo en otros servicios escolares, como la mayoría lo ha hecho, debido a su bajo salario. 

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A través de Facebook, profesores argumentaban la desventaja en esta nueva modalidad, pero el coordinador general de Prepa en línea, Jesús Eduardo Pérez-Buendía respondió que “nadie les pide que renuncien a nada. Aquí se ofrece un trabajo, si te conviene lo tomas y si no, pues no”. Aunque este medio preguntó a la SEP sobre estas denuncias de precarización laboral, no hubo respuesta. 

Animal Político habló con cinco profesores de este sistema y en todos los casos solicitaron que sus nombres no fueran publicados debido a que quienes se han atrevido a denunciar han sufrido represalias como ya no ser contratados en cursos subsecuentes. Y justamente por no tener ningún documento legal que los ampare simplemente se quedan sin empleo sin poder demandar finiquito y ni siquiera conocer las razones.

Mauricio, nombre ficticio, explica que recibió una llamada de personal de Prepa en línea para preguntarle antes que todo si trabajaba en otro lugar. Él había tomado la decisión de renunciar a su otro trabajo como profesor de la Universidad Abierta y a Distancia, también de la SEP, justamente por la promesa de que en Prepa en Línea por fin tendrían contrato. 

Sin embargo, le informaron que el contrato de la SEP sería por “honorarios y asimilados” y sería renovado cada tres meses. Es decir, no se trata de una plaza y otra vez no acumularía antigüedad ni tendría seguro social. La única ventaja sería el pago de vacaciones y un bono anual. 

Lo que sí incrementaría sería el horario laboral, aunque “solo en el papel”, según le dijeron en la llamada telefónica. Las 36 horas estarían referidas en el contrato, pero en la práctica solo les pedirían trabajar las mismas 20 horas. Por eso es que el salario no se incrementaría. 

“Este sueldo solo es para completar porque está muy mal pagado. Por eso todos tenemos dos o tres trabajos. Pero ahora nos piden no trabajar en otro lugar”, afirma Mauricio, a quien ni siquiera le han asegurado que sería contratado pese a que confirmó su disponibilidad plena para Prepa en línea.

Otro de los profesores recibió la llamada la semana pasada y también le dijeron que debía cumplir con el requisito de la “compatibilidad”, es decir, la condición de solo trabajar en Prepa en Línea. “Quieren exclusividad, pero no pagar adecuadamente. Nos están limitando, porque si no cumples con la ‘compatibilidad’ simplemente estás fuera, no importa la experiencia que hayas acumulado en el sistema”.  

La Secretaría de Educación Pública anunció este lunes que la Secretaría de Hacienda liberó 474 millones de pesos para el pago de tutores, supervisores y técnicos académicos durante el ejercicio 2022, “por lo que iniciará el proceso de contratación del personal de Prepa en Línea”. 

El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, informó que se trataba de la regularización del personal que incluirá a 2 mil 600 personas para atender a los casi 200 mil estudiantes que actualmente cursan sus estudios de bachillerato en este sistema.

Sin embargo, los profesores denuncian que las nuevas condiciones están significando en realidad un despido masivo, aunque ni siquiera esté reconocido así legalmente, debido a que han trabajado en contratos vía outsourcing, es decir, una empresa ajena a la SEP realiza la contratación. Eso los mantuvo en incertidumbre permanente y sin ningún beneficio laboral. 

Lee más: SEP elimina las Escuelas de Tiempo Completo, pese a mandato judicial para conservarlas

En 2019, un grupo de profesores formó la Coalición de Trabajadores de la Educación en Línea, justamente para demandar mejoría en sus condiciones de trabajo. Confiaban en que el cambio de gobierno ayudaría a lograrlo, pero no ha ocurrido. “La SEP ni siquiera nos considera como maestros. Parece como si estuviéramos mendigando trabajo. Creemos en el proyecto, pero no les preocupamos”. 

Su organización comenzó porque al inicio de este gobierno, por primera vez, tuvieron retrasos en los pagos por meses. El periodo más extendido fue de nueve meses trabajando sin recibir salario y sin explicación de la razón. 

Además, en las últimas semanas los estudiantes habían denunciado que se había suspendido el servicio desde diciembre y solo habían tenido avisos cada vez sin dar fecha de reanudación. Hasta este lunes en que la SEP informó en un boletín de prensa que reiniciarían clases el próximo 7 de marzo.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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