El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Para la abogada, el “operativo desproporcionado” en el que detuvieron a Karina —que contó con ocho policías que la detuvieron en el baño y otras siete uniformadas que aguardaron afuera del lugar para custodiarla— y el actuar posterior —en el que no hubo claridad sobre el destino al que sería llevada para su proceso legal— muestran que se trata de una estrategia para amedrentarla por su labor como feminista.

Esto, debido a que no es la única carpeta de investigación en su contra: Karina y 11 mujeres más son acusadas por las autoridades capitalinas de provocar disturbios en protestas feministas, aunque en ese caso tampoco han tenido pruebas para inculparla.

Las irregularidades del caso

De acuerdo con la abogada, la carpeta de investigación contra Karina por las presuntas agresiones a su hija se inició por acusaciones de una persona cuya existencia no se puede demostrar. En la carpeta, aparece identificada como Nohemí y es todo lo que se sabe de ella, ya que —aunque es requisito para interponer una denuncia— no presentó identificación oficial.

La tarde en la que Karina fue detenida, inicialmente no se supo a qué agencia del Ministerio Público sería llevada. Horas después, su madre supo que la remitirían al penal de Santa Martha Acatitla, algo que no ocurrió gracias a la presión de sus compañeras feministas, que llamaron a manifestarse para impedir su encarcelamiento.

Las autoridades decidieron liberarla, pero, en vez de devolverla a alguna oficina de la fiscalía capitalina, la dejaron tirada de noche en una calle, tras recibir golpes, empujones e insultos de las uniformadas.

La hija de Karina, Rebeca, fue sometida a pruebas médicas y psicológicas. Algunas se le hicieron desnuda, sin acompañamiento de algún adulto de su confianza.

Estas prácticas judiciales, según la defensora, han provocado “graves afectaciones” en Rebeca: “Teme a los policías cada vez que los ve… ella sigue pensando que aquella tarde y noche del 13 y 14 de diciembre estuvo en una cárcel para niños, y así lo expresa”.

Pese a las afectaciones psicológicas de la niña, que han sido denunciadas ante la jueza del caso, y a que la propia autoridad ha manifestado que la indagatoria se da para salvaguardar el interés superior de la menor, hasta la fecha ni el DIF ni la fiscalía capitalina le han ofrecido apoyo terapéutico.

Todas estas irregularidades fueron narradas este miércoles por Karina, Rebeca y su abuela, quien actualmente está al cuidado de la niña. Sin embargo, la jueza que lleva el caso no dijo nada.

“Nosotras dejamos claro que había un contexto específico que podría explicar lo aparatoso de la intervención policial, que tiene que ver con las labores de activismo y defensa de derechos humanos que realiza ‘Mime’”, dice la abogada.

“Ella y sus compañeras son mujeres que visten de negro, que llevan pañuelos verdes. Mujeres que al presentar estas características son inmediatamente identificadas por policías como feministas. De hecho, cuando fue detenida, le lanzaron expresiones como ‘Ya se chingaron, feminazis’. Y todo ello es de conocimiento de la jueza, pero prefirió guardar silencio”, narra.

“Lo que tenemos claro es que esta es una estrategia por parte de la fiscalía para mantener esta carpeta de investigación ya judicializada, pero también las otras carpetas de investigación que pesan sobre ella y sobre otras mujeres activistas, para tenerlas como una especie de espada de Damocles encima de sus cabezas. Porque recordemos que han utilizado estas carpetas para citarlas en fechas que saben que van a movilizarse, como el 8 de marzo”.

“La fiscalía dice que no fabrica delitos, pero evidencia lo contrario”

A la abogada le resulta preocupante el actuar de las autoridades capitalinas, “sobre todo en este discurso en el que insiste la fiscal Ernestina Godoy, de que en su institución no se fabrican delitos y que se actúa en apego a derecho, pero en este caso concreto, así como en el que recientemente resolvió la Corte (refiriéndose al amparo otorgado a Alejandra Cuevas y Laura Morán), la verdad evidencia todo lo contrario”.

Debido a que la jueza que analiza el caso no se ha pronunciado ante las irregularidades denunciadas por Karina y su defensa, la abogada anunció que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

También interpondrán una denuncia para que se investigue la presunta tortura cometida contra Karina al momento de su detención, así como contra Rebeca en todo el proceso para acreditar la presunta violencia de la que fue víctima.

En caso de que se documenten irregularidades en este nuevo proceso, la abogada señaló que acudirán ante instancias federales para continuar con la impugnación de las acusaciones contra Karina y la denuncia de los malos tratos a los que ha sido sometida.

Mientras esto se resuelve, Karina continúa con la angustia de que cualquier día intenten detenerla y encarcelarla nuevamente. Aunque por el proceso de presunta violencia contra su hija no la apresarán, las autoridades podrían girar una orden de aprehensión por alguna otra carpeta de investigación en su contra.

La investigación por su perfil feminista

La primera notificación por parte de las autoridades capitalinas que recibió “Mime” fue por una carpeta de investigación en la que están involucradas 12 feministas, quienes presuntamente asaltaron un negocio durante la marcha del 8 de marzo de 2020.

Esta investigación, según la carpeta, fue iniciada luego de que un perfil de Facebook las denunciara por supuestamente incitar a que “nuevas feministas hicieran actos vandálicos”.

Hasta ahora, las pruebas que ha presentado la fiscalía en contra de Karina y otras 11 mujeres son fotografías tomadas de redes sociales, en las que aparecen marchando en distintas movilizaciones de la CDMX, o publicaciones en las que comparten contenido feminista.

Luego de que se diera a conocer este proceso contra Karina, fue despedida de su empleo y perdió la casa donde vivía con su hija, ya que la pagaba la empresa para la que trabajaba.

Una vez que logró establecerse de nuevo, en otro lugar, autoridades catearon el domicilio y la acusaron de tener drogas y objetos que serían usados para causar destrozos en una marcha que se realizaría el día siguiente. De acuerdo con la versión de Karina, lo supuestamente hallado por policías fue sembrado para inculparla.

Desde entonces, vive constante acoso de policías, quienes acuden en grupos de hasta 20 uniformados para notificarle cuándo debe presentarse a declarar y de manera persistente vigilan el perímetro de su casa.