Organizar y salvaguardar datos sobre desapariciones en México es un reto de seguridad, legal e informático, debido a que, tan solo desde el inicio de la llamada “Guerra contra las drogas”, en 2006, en el país se ha reportado la desaparición de más de 60 mil personas, y el número crece cada día, al igual que la información sobre el tema.
Por ello, el Colegio de México, en colaboración con las universidades Iberoamericana y Nacional Autónoma de México (UNAM), lleva dos años trabajando en la conformación de un repositorio para salvaguardar documentos, bases de datos, notas periodísticas, libros, informes y otros archivos que contribuyan a dimensionar y entender el fenómeno creciente de las desapariciones en el país desde 2006 a la fecha.
En el caso de colectivos de búsqueda, organizaciones sociales y periodistas, les ofrece la posibilidad de almacenar información “crítica” -es decir, que confronta la versión oficial sobre el fenómeno- de diversa índole sin que esta sea de acceso público, con la finalidad de que cuenten con respaldo de datos que podrían perder, o que estando en sus manos ponga en riesgo su seguridad y su vida.
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Como parte del proyecto, además, familiares de personas desaparecidas reciben capacitación para organizar documentos, testimonios y videos que pueden ser usados como evidencia para sustentar sus casos, pero también como parte de la memoria y la historia personal y colectiva.
Aurora Gómez Galvarriato, doctora en historia, explica que el Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México (RDDM) es un “cimiento sobre el que se pueden construir nuevos medios mecanismos para proteger, preservar y hacer pública en términos apropiados la evidencia relacionada con la desaparición forzada”.
De acuerdo con la investigadora, la información que se recopile en el RDDM servirá para apoyar procesos de búsqueda y comisiones de la verdad, litigios actuales y futuros, así como investigaciones académicas y periodísticas.
“En esta primera etapa, mucho del trabajo ha sido organizar la información que ya teníamos reunida en estas tres instituciones. Por ahora contamos con poco más de 6 mil 600 archivos de diferentes tipos”, detalla Gómez Galvarriato.
El reto de conformar el acervo
Conformar un acervo tan amplio no ha sido sencillo: la investigadora explica que han enfrentado el reto de recopilar documentación relevante con enfoques académicos de fuentes dispersas y variadas, además de que deben adecuarla de forma que no vulnere aspectos de propiedad intelectual y confidencialidad.
A ello, se suma el hecho de que, tecnológicamente han tenido que desarrollar sistemas de seguridad que garanticen que la información sensible con la que cuentan se encuentra protegida ante cualquier evento, y que esta podrá ser consultada “incluso en 50 o 100 años”.
Para ello, se conformó un grupo interdisciplinario en el que participan investigadores de ciencias sociales, así como programadores, especialistas en archivos y colectivos y asociaciones civiles que trabajan directamente en la búsqueda de desaparecidos.
Con el fin de que la información que todos estos actores generan sea apta para ser ingresada en la plataforma, desde hace meses el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio de México realizan capacitaciones con familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, quienes aprenden a documentar con los requisitos necesarios para que puedan ser cargados de manera adecuada.
“Les explicamos cuestiones desde qué plataformas son mejores, algunas de uso público, y sobre vocabulario controlado, metadatos y todo lo que se necesita para que a la hora que uno realiza la búsqueda salgan los resultados deseados”, comenta.
Sobre las restricciones al acceso a alguna información, señala que se trata de documentos que contienen datos personales sensibles, por lo que, para poder consultarlos, se requerirá de un permiso, y algunos de ellos solo estarán disponibles para consulta directa en el Colegio de México.
Para conocer más sobre el proyecto y consultar el acervo público, visita la página del RDDM.
