En febrero de 2021, la bailarina profesional Itzel Schnaas abrió la puerta a una serie de denuncias contra el escritor y diplomático Andrés Roemer por diversos delitos sexuales. Después de publicar un video con su testimonio, más de 60 mujeres alzaron la voz para acusar que también habían sido víctimas de Roemer, y emprendieron juntas una batalla legal colectiva. Sin embargo, no todas han podido judicializar su caso porque algunas agresiones denunciadas ya “prescribieron”, según lo argumentan autoridades.

Itzel, de hecho, es una de las víctimas que no pudieron lograr la apertura de una carpeta de investigación. Tras sufrir acoso sexual y tocamientos sin su consentimiento, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJGCDMX) le dijeron que parte de su denuncia no procedía porque había pasado más tiempo del establecido por ley para iniciar un procedimiento formal.

Itzel ganó la denuncia que interpuso ante Grupo Salinas, que resolvió que Roemer utilizó el mismo modus operandi en diversas ocasiones y lo describió como “un violentador sexual patológico que atenta contra las mujeres”. Sin embargo, la compañía omitió decir a la joven que, si no procedía legalmente en ese momento, se quedaría sin oportunidad de que se investigara todo lo ocurrido.

Acompañadas por la asociación Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las más de 60 mujeres que denunciaron a Roemer tras el testimonio de Itzel actualmente no solo buscan que se haga justicia en las cinco carpetas y órdenes de extradición contra el escritor —quien está en Israel—, sino también exigen que las autoridades de la CDMX eliminen la prescripción de los delitos sexuales. El objetivo: que quienes no han podido judicializar su caso lo hagan, y que esta figura legal no se convierta en un obstáculo para el acceso a la justicia en materia de violencia de género.

Entre las denunciantes de Roemer hay algunas mujeres cuyos delitos ya prescribieron, pero que acompañan la estrategia colectiva con la esperanza de acceder a la justicia. Coinciden en que tardaron en decidirse a denunciar por miedo a la figura de poder que para ellas representaba el agresor, y en que desconocían que después de determinado tiempo no podrían proceder en su contra penalmente.

Ahora enfrentan el hecho de saber que no pueden denunciar formalmente a Roemer —aunque emocionalmente apenas se sintieron con la fuerza para hacerlo—, así como la frustración por procesos revictimizantes, las posibles represalias que siguen latentes y una pregunta constante: “¿Por qué denuncian hasta ahora?”, que las responsabiliza de lo que les pasó.

“Fue hasta que vi el video de Itzel que se revolucionó por completo mi mundo, porque dije ‘por fin alguien tuvo la valentía de desenmascarar a una persona con tanto poder que ha hecho tanto daño…’ porque sabía que no era la única. Después de eso, sabiendo que no estoy sola, tuve la oportunidad de ser escuchada, comprendida y creída”.

“Redactar mi denuncia me sirvió para darme cuenta de que no estaba olvidado ni se curó lo que sentía, sino que estaba sepultado. Pero en ese momento, cuando al fin decidí que era el momento de denunciar, porque me sentía fuerte y acompañada, me topé con que legalmente estoy incapacitada para acceder a que él tenga una consecuencia legal por lo que hizo”, narra entre lágrimas.

En otros casos, como el de Monserrat Ortiz, las carpetas de investigación se abrieron por todos los delitos de los que acusó a Roemer, aunque por miedo a las represalias tardó cuatro años en denunciar que la acosó y abusó sexualmente de ella. Aunque él la amedrentó diciéndole que era amigo del director del medio para el que trabajaba, la joven se decidió a proceder legalmente después de que Itzel Schnaas contó su historia.

“Me costó dos años hacer una denuncia anónima, incluso cuando esta no tenía mi nombre, y me costó otros dos años hacer una denuncia judicial. Esto es muestra de la importancia de respetar los tiempos de cada víctima, porque no es fácil saber que nuestra cara y nuestra voz aparecerán en medios”, señala.

Como periodista de temas de violencia de género, Monserrat habla no solo desde su experiencia, sino desde los testimonios de las mujeres que ha entrevistado durante su trayectoria: “Da pena, da miedo, hay amenazas y posibles repercusiones. En mi caso, por ejemplo, me dijeron que si denunciaba perdería mi trabajo y así fue”.

“Por eso no debe ocurrir que le nieguen a las víctimas el derecho a denunciar, que después de una serie de revictimizaciones, de revivir lo ocurrido, les digan que no pueden abrir una carpeta de investigación porque han pasado años. Los ataques sexuales no deberían tener fecha de caducidad”, reclama.

Tortura sexual

El testimonio de las tres denunciantes fue compartido en el foro #YoHabloCuandoQuiero, organizado por el IMDHD, con el que especialistas buscan sensibilizar a autoridades sobre por qué las víctimas denuncian cuando están listas y no cuando la ley lo requiere.

De acuerdo con Verónica Garzón, abogada del IMDHD, los códigos penales nacional y estatales establecen prescripción para la mayoría de los delitos, entre los que se encuentran el acoso, el hostigamiento, el abuso y las violaciones, pese a que en diversos organismos internacionales se ha determinado que estos constituyen actos de tortura sexual.

📣 ¿Sabes cuál es el tiempo de prescripción de un delito que se persigue de oficio?

Michel Hernández integrante del #IMDHD nos lo explica #YoHabloCuandoQuiero

Más información: https://t.co/UqeArXVaYV pic.twitter.com/1QXUULPr6i

— IMDHD (@IMDHyD) March 14, 2022

En delitos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, el genocidio y la discriminación, las denuncias pueden presentarse sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que ocurrieron los hechos, por ser considerados de gravedad para la comunidad internacional.

Además, México incluyó en estos delitos el secuestro, debido al alza que se produjo con el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, explica Garzón.

Basado en este catálogo de delitos en los que no existe prescripción, el IMDHD busca que, en el caso de la CDMX, las autoridades reconozcan los delitos sexuales como actos de tortura y discriminación en razón de género, para que se legisle que estos puedan ser denunciados sin importar el tiempo que haya transcurrido. Esto, con la finalidad de que se judicialicen más carpetas de la denuncia colectiva contra Roemer, y se beneficie a otras víctimas de la capital que actualmente se ven imposibilitadas para denunciar.

“Nosotras queremos impulsar y cuestionar, dependiendo de las necesidades de la protección, la necesidad de la urgencia en la protección de derechos humanos, para que la figura de prescripción no aplique en casos como lo son los de violencia sexual, ¿por qué? Porque además estamos en una situación pandémica de la violencia contra la mujer”, señala la abogada.

Según cifras oficiales, el delito de violación aumentó 31% en cinco años en México, el de abuso sexual se incrementó 86% y el de acoso en 400%.

A nivel nacional, el hostigamiento sexual aumentó 123% y otros delitos sexuales se incrementaron en 63%.

En el caso de la CDMX, los datos más recientes arrojan que las violaciones aumentaron más de 28% entre enero y octubre de 2021.

Para el IMDHD, este panorama permite ver que la violencia sexual es generalizada y estructurada y está normalizada, “además de que muestra que se incumple una de las obligaciones del Estado, que es erradicar la violencia contra la mujer”.

“Las consecuencias de esta violencia afectan muchísimo. Tenemos que entender el contexto de quienes han sido violentadas sexualmente, y es que no es tan fácil hablar después, y los tiempos que marca la ley son arbitrarios. Ellas no pueden atenerse a sus tiempos, ni enfrentarse fácilmente a los obstáculos que tienen que ver con la revictimización”.

“¿Quién va a querer someterse a esos procesos en los que hay impunidad, se les acusa de mentir y con ello se materializa también un acto de discriminación por parte de las autoridades?”, cuestiona la abogada.

Ximena Antillón, especialista en el impacto psicosocial de la violencia de género, explica que pese a la revictimización y los obstáculos que se presentan a las víctimas de agresiones sexuales, para muchas es importante seguir procesos legales, aun cuando haya transcurrido mucho desde que se cometieron, porque solo así pueden ser reconocidas y concluir con sus procesos personales.

“Es importante entender que los procesos jurídicos tienen un potencial muy importante en la recuperación frente a la violencia, y en particular cuando los delitos tienen que ver con razones de género. Tiene que ver con que se reconozcan socialmente los hechos, eso da sentido al proceso de recuperación y resulta en una reparación”, comenta.

“Si el argumento es que no se puede acreditar la violencia o tortura sexual por el paso del tiempo, esto no es cierto, porque hay secuelas muy contundentes, lo que pasa es que no se les cree a las víctimas”, afirma.

“A través de la prescripción, el Estado y la sociedad dejan en desamparo a las víctimas y sin posibilidad de rehabilitación de las secuelas. Se tienen que reconocer los obstáculos que el propio sistema de justicia pone a las mujeres y los cuerpos feminizados a la hora de denunciar violencia de género”, reflexiona.

En el foro, las víctimas reiteraron su disposición a que las investiguen, “a pasar por los procesos tan complejos de revictimización”.

“Esperamos que el Estado mexicano nos dé la oportunidad de seguir con este proceso formal del que no pensamos desistir. Seguiremos construyendo la voz y la posibilidad de ella, y resonando hasta donde sea necesario… en espera de que el Estado encuentre la forma de acreditar nuestros delitos”.