Con AMLO incrementan 85% los ataques contra la prensa: Artículo 19
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Con AMLO incrementan 85% los ataques contra la prensa: Artículo 19

El aumento de la violencia contra la prensa en el último trienio está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades, a lo que se suma la denostación de la labor periodística desde la presidencia.
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Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.

“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado Negación.

“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subrayan.

De acuerdo con el informe, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 1,945 ataques contra la prensa, entre ellos, el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más. Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 1,053 agresiones, entre ellos, el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85%.

El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.

Lee más: Es engañoso este comparativo sobre asesinatos de periodistas durante gobierno de AMLO

Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron: la intimidación, con 199 casos (30.95%); las amenazas, con 96 ocasiones (14.91%), y el uso ilegítimo del poder público, que ocurrió 64 veces (9.94%). En conjunto, estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total.

Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, es importante señalar que año con año esta forma de violencia contra los periodistas ha tenido un incremento inquietante.

En 2015, por ejemplo, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.

“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar”, revela el informe anual.

El presidente López Obrador, continúa el documento, utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística, lo que ha abonado a que miles de periodistas deban ejercer su labor en un contexto hostil. Incluso, revela Artículo 19, en 2021 –por primera vez– se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país. Ningún estado es ajeno a esta situación.

La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa. 

El informe detalla, por ejemplo, que en la CDMX los periodistas que más violencia padecen son quienes cubren las acciones de personas funcionarias públicas, sus procesos de transparencia o de corrupción. “Con 33 ataques perpetrados por personas funcionarias civiles y por fuerzas de seguridad civiles, es también la entidad con más agresiones realizadas por autoridades locales”, exponen.

En tanto, en Guerrero –segunda entidad con mayor número de ataques contra la prensa–, el 19.23% de las agresiones fueron cometidas por integrantes del crimen organizado, mientras que 38.46% fueron perpetradas por personas servidoras públicas, lo cual refleja la colusión y las pugnas por el poder en la entidad “que tienen larga data en el marco de una historia cargada de cacicazgos, intervenciones militares, represión y pobreza”.

El comunicador independiente, Bernandino Hernández, lo ha vivido desde 2019 al ser víctima de múltiples agresiones por su ejercicio profesional cubriendo la inseguridad que se vive en Acapulco y en municipios aledaños. De acuerdo con su testimonio, contenido en el informe de Artículo 19, cuando acudió a la policía a reportar homicidios, la respuesta que recibió fue que dejara de hacerlo o que “se atuviera a las consecuencias”.

En 2021 de nueva cuenta fue víctima de agresiones, en esta ocasión, por parte de integrantes de la delincuencia organizada quienes lo forzaron a publicar información sobre las actividades que llevaba a cabo el grupo delincuencial. Denunciar los hechos representó ser víctima de más agresiones.

“Oficiales de la policía me dicen: ‘atente a las consecuencias de lo que estás diciendo’. En los mismos Ministerios Públicos donde hace uno la denuncia, deja su número y tiempo después nos llegan mensajes y amenazas a nuestros teléfonos”, señala Hernández. 

Sobre esto: ‘No se hagan pendejos’: alcalde de Culiacán, Sinaloa, insulta a periodistas por cuestionar sus declaraciones

Realidades que se niegan

En los últimos años, desde el poder presidencial se ha privilegiado un discurso en contra de la labor periodística en México. Cuando se confronta este actuar con datos, la respuesta del ejecutivo es negar la realidad y estigmatizar

Esto se hace particularmente en las conferencias matutinas que encabeza a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se han convertido en el espacio perfecto para la concentración de la comunicación social, la desinformación oficial y clausura de los mecanismos formales de acceso a la información pública. “Vemos a un Estado muy presente para ejercer la violencia y ausente para lograr la prevención, la protección, la justicia y la reparación anheladas”.

De enero a diciembre de 2021, Artículo 19 registró que por lo menos en 71 ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente, el propio López Obrador –u otros integrantes del gabinete– denostaron a la prensa en general y su labor con afirmaciones como “son amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte de la mafia del poder”, entre otras.

Se trata de un discurso que ha tenido un efecto cascada en al menos 46 casos en los que tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso de la mañanera – como “fifís”, “chayoteros”, “vendidos”– en eventos públicos dentro y fuera de la capital del país. De ellos, 27 tuvieron lugar en Baja California, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua, reveló la organización. 

“De este modo, las conferencias de prensa –principal modelo de comunicación social de esta administración– se han consolidado como un mecanismo de difusión de información engañosa, difícilmente verificable o, a veces, simplemente errónea”, advierte Artículo 19.

De hecho, para contrarrestar la crítica y deslegitimar a la prensa, desde el 30 de junio de 2021 el ejecutivo federal institucionalizó la sección semanal “Quién es quién en las mentiras”, espacio encabezado por Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

Esta sesión se inauguró para “corregir” la presunta tergiversación dolosa de medios de comunicación respecto al actuar del gobierno federal; sin embargo, se trata de un espacio en el que se comparte información falsa o engañosa. 

Ve más al respecto: Así desinformó la sección ‘Quién es quién en las mentiras’ en 2021

 En este contexto, y de forma paralela, los ciudadanos, haciendo uso de su derecho a la información pública, se han topado con pared. Información inexistente, declaraciones de incompetencia o la clasificación y reserva de esta se ha convertido en la constante.

“Al inicio de este sexenio se observó un uso combinado de declaratorias de inexistencia y de notoria incompetencia. Sin embargo, en 2020 y 2021 se consolidó la tendencia a privilegiar esta última como principal mecanismo para negar información. El Sistema Nacional de Transparencia permite ver que en la administración pública centralizada hay un incremento de las declaratorias de notoria incompetencia a nivel nacional, la cantidad más alta desde que se tienen datos”, alertó Artículo 19.

De hecho, solo entre mayo y noviembre de 2021 se presentaron 602 denuncias administrativas por incumplimiento a resoluciones del pleno del INAI ante órganos internos de control de instituciones federales. 

“Se trata de una administración pública que se niega a ofrecer datos abiertos para no verse sometida a ningún tipo de crítica y escrutinio públicos”, subraya la organización.

Discrecionalidad del gasto en publicidad

En un contexto en el que la polarización y la construcción de verdades “legítimas” e “ilegitimas” es la constante, conocer qué uso se le da a la publicidad oficial resulta de suma importancia, pues aunque es cierto que durante 2021 se mantuvo la tendencia a la baja en este gasto con respecto a administraciones pasadas e incluso al 2020, los procesos a través los cuales se decide la entrega siguen siendo discrecionales.

De acuerdo con cifras preliminares de la pagina de Comunicación Social a nivel federal se ejercieron mil 326 millones 202 mil 915 pesos, es decir, 922 millones menos de lo ejercido en 2020; sin embargo, expone Artículo 19, la concentración del gasto en ciertos medios, la acumulación de su ejercicio al final del año o “gasto decembrino” y los montos privilegiados para algunas instituciones, genera una relación igualmente perversa que el gasto exacerbado.

Durante 2021, la concentración de los recursos se centra en un grupo privilegiado de medios de comunicación y por vez primera, el periódico La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca. Estos tres medios representan 33% de la totalidad de los recursos recibidos. 

Lee: Por ética, periodistas deberían dar a conocer sus ingresos, “responden a intereses”, dice AMLO

Es importante mencionar que, de acuerdo con la revisión hecha por Artículo 19, del total de los recursos ejercidos en publicidad oficial, casi el 60% se ejerció en el mes de diciembre.

“Es preciso mencionar que en la administración actual ha cambiado el mecanismo de control de los flujos de información con respecto a gobiernos anteriores. En el pasado, el dominio de las líneas editoriales era posible a través de un gasto excesivo en publicidad oficial, lo que generó un panorama de dependencia financiera desde el momento en que podía ser retirada arbitrariamente. 

“En la administración actual, en cambio, existe un mecanismo que denominamos de ‘asignación positiva’. En este nuevo modelo hay una reducción excesiva del presupuesto, en el marco de que más bien se premia la alineación con los discursos oficiales. Ejemplo de ello ha sido el evidente discurso oficialista del periódico La Jornada y el hecho de que en los últimos tres años haya estado entre los tres medios que más recursos reciben”, agrega la organización en su informe.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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