Este domingo, la ciudadanía participará por primera vez en una consulta para determinar si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe continuar en el cargo para el que fue electo 6 años o debe renunciar anticipadamente por pérdida de confianza ciudadana.

Se trata de la consulta de revocación de mandato, un instrumento democrático novedoso que desde su origen ha confrontado al gobierno federal, incluido el presidente López Obrador, legisladores y representantes de Morena con el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos integrantes han sido presionados e intimidados, incluso, con denuncias penales en su contra.

De hecho, integrantes del INE alertaron que durante la jornada de votación podrían tener lugar actos de coacción del sufragio y “acarreo”, prácticas que constituyen delitos electorales graves. Incluso, el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, ha advertido que la evidencia de violaciones sistemáticas a la ley podría derivar en que el Tribunal Electoral federal anule todo el proceso.

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El INE instalará este domingo 57 mil 517 urnas, que estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas. En el ejercicio podrán participar los 92.8 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Para que el resultado de la consulta sea vinculante, deben votar cuando menos 37 millones de personas, equivalentes al 40% del listado.

El árbitro electoral solicitó al Legislativo 3 mil 830.4 millones de pesos para poder cumplir el mandato de instalar la misma cantidad de casillas que en la elección de 2018 –156 mil 807−, como estableció la Ley Federal de Revocación de Mandato.

No obstante, la solicitud presupuestal fue denegada por el bloque morenista, lo que obligó al INE a reducir la proyección del número de urnas a casi un tercio. Esta medida desató el enojo de funcionarios públicos y dirigentes de Morena, que han acusado al árbitro electoral de pretender sabotear el ejercicio ciudadano.

Recientemente, el presidente López Obrador anunció una iniciativa para que los integrantes del INE sean elegidos por el voto popular, señalando que los actuales consejeros actúan de manera parcial y sin vocación democrática.

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Proceso “manchado”

El árbitro electoral informó que ha recibido 183 quejas por actos de difusión ilegal de la consulta revocatoria, promoción de propaganda gubernamental en tiempo prohibido e intromisión indebida de partidos políticos, por lo que se han dictado 26 medidas cautelares en contra de funcionarios públicos, incluidos mandatarios estatales y el propio presidente de la República.

Para consejeros del INE, ello es muestra de una conducta reiterada del gobierno federal y los gobiernos estatales, y alertaron que la sistematicidad de violaciones a la ley podría causar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule el ejercicio y sus resultados.

“Estamos, y esa es nuestra preocupación, ante conductas irregulares, sistemáticamente cometidas, coordinadas y además impunemente realizadas”, sostuvo el presidente el INE, Lorenzo Córdova, en una conferencia el pasado jueves.

“¿Qué le corresponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones correspondientes. Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente, están violando la ley, no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Ojalá y ello no ocurra, porque significaría la peor sanción para un proceso democrático”.

El consejero Ciro Murayama afirmó que las violaciones a la ley de parte de funcionarios y dirigentes partidistas “mancharon” la consulta revocatoria, y advirtió que durante esta jornada podrían continuar los actos ilegales.

“Creo que este proceso estará marcado por la violación sistemática de parte del gobierno y sus funcionarios; yo lamento que, a unas horas de que abran las urnas para que la gente participe en el proceso de revocación de mandato, esta autoridad electoral esté destinando sus esfuerzos a evitar que se siga rompiendo la legalidad”, dijo durante una sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias el viernes.

“Es el momento de la ciudadanía y ese momento ha sido dañado una y otra vez por servidores públicos. Esa mancha al proceso de la revocación de mandato no se puede borrar, porque son violaciones reiteradas que esta autoridad electoral ha tratado de impedir a través de medidas cautelares y que una y otra vez ha confirmado el TEPJF”.

“Aprovecho para señalar lo delicado que sería que, en pleno día de la votación, estas conductas ilegales se siguieran presentando”, prosiguió Murayama, “y hay otras que ocurren sólo el día de la votación, o en las horas previas, que ojalá no se presenten, como son la coacción, el intento de compra de la participación ciudadana o el acarreo, que son prácticas tan ilegales que incluso expresamente son consideradas delitos electorales”.

Murayama criticó que los funcionarios no hayan respetado su deber de neutralidad y pretendieran influir en el voto de la ciudadanía.

“Lo que hemos visto es una actitud contumaz de violación de la Constitución y de la ley que nos alerta del riesgo en el que está un proceso de participación democrática, donde los servidores públicos han abandonado su deber de neutralidad, han invadido el terreno de la ciudadanía y han aprovechado sus cargos para hacer proselitismo y tratar de incidir en la votación de la gente. Ojalá que lo que ya está manchado no acabe por contaminarse y descomponerse por actitudes tan francamente ilegales desde el gobierno”, dijo.

Morena va por la ‘ratificación’ de AMLO

El presidente López Obrador ha declarado que, aunque no se alcance el umbral de participación del 40% del Listado Nominal para que el resultado de la consulta sea vinculante, renunciará al Ejecutivo si es mayor el número de personas que voten por la opción de que se le revoque del cargo.

Ante ese escenario, Morena cambió la narrativa de la revocación y desplegó una campaña propagandística para promover la “ratificación” del mandato presidencial.

El partido busca que, esta jornada, la opción de que López Obrador continúe en el cargo sea apoyada, cuando menos, por 30 millones de ciudadanos, esto es, la misma cifra de votos que obtuvo en la elección presidencial de 2018. El objetivo es demostrar que López Obrador no ha perdido el respaldo de la ciudadanía en su proyecto de gobierno, confirmaron integrantes de la dirigencia de Morena a Animal Político.

Ello explica que morenistas y funcionarios públicos se hayan involucrado tanto en la promoción de la consulta revocatoria, incluso violando la ley.

Por ejemplo, el pasado miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, encabezaron una supuesta asamblea informativa sobre la reforma energética obradorista, aunque en realidad se trató de un acto político de promoción de la consulta de “ratificación” de López Obrador.

Otro ejemplo fue la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en mítines de apoyo al presidente en los que utilizó recursos públicos (llegó a los actos proselitistas en Sonora y Coahuila en un avión de la Guardia Nacional).

Morena incluso aprobó una reforma que permitía a funcionarios públicos promover la consulta de revocación, misma que el TEPJF invalidó porque establecía una excepción a la prohibición de difundir propaganda gubernamental en el transcurso de un proceso electoral.

Asociación civil que parece partido

A finales del año pasado, irrumpió en el escenario político una organización civil que se ha encargado de promocionar de forma masiva la consulta revocatoria y la opción de que López Obrador se mantenga en el cargo.

Se trata de Que Siga la Democracia A.C., agrupación que reunió 9 millones de firmas ciudadanas en tiempo récord para hacer posible que el INE organizara el ejercicio.

El árbitro electoral detectó que la asociación ha desplegado una maquinaria propagandística a nivel nacional –que incluye anuncios espectaculares, panfletos y asambleas informativas— con un financiamiento que no ha sido aclarado.

En los hechos, QSD es la estructura “ciudadana” que ha permitido al gobierno y a Morena eludir la prohibición legal que establece que ni funcionarios públicos ni partidos pueden promover la consulta. Además, las asociaciones civiles no son sujetos obligados de fiscalización financiera por parte del INE.

Animal Político documentó que en QSD participan exlegisladores, parientes de gobernantes de Morena y dirigentes del partido.

A pesar de que el INE confirmó que la publicidad en espectaculares y bardas ha costado al menos 5.4 millones de pesos, la organización ha rechazado reiteradamente ante el árbitro electoral que haya pagado uno solo de los anuncios, aun cuando existen imágenes en las que explícitamente aparece el nombre de la AC.

Además, este medio corroboró que los anuncios de apoyo a López Obrador en el Metro de la CDMX fueron “donados” por empresas que son proveedoras del gobierno de Claudia Sheinbaum y que han obtenido contratos millonarios simulando competencia en procesos de licitación.