Aun cuando México ha sido pionero en la creación y ratificación de instrumentos sobre derechos de las personas con discapacidad, quienes viven con esta condición enfrentan, en los hechos, dificultades para ejercer sus derechos, incluido el acceso a la justicia; por ello, el máximo tribunal mexicano publicó el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dijo que este protocolo es un avance más para la implementación del modelo social de la discapacidad en el mundo jurídico.
“En la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura insistimos en un lema ‘Todos los derechos para todas las personas’, esto más que un mantra es un compromiso que asumimos desde todas las esferas… para tratar de ir avanzando a que la protección de los derechos de todas las personas sea una realidad y esto no será posible hasta que no logremos igualar la cancha, no logremos un acceso completo a la justicia de todas las personas, pero sobre todo las más vulnerables”, aseguró el ministro.
Zaldívar señaló que este nuevo protocolo busca erradicar los obstáculos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y capacidades en plenitud, con la necesidad de que desde el Poder Judicial se impulsen ajustes razonables para ello.
“La Corte sola no puede cambiar la realidad, pero sí puede ser punta de lanza para que la sociedad voltee a ver problemas, situaciones, realidades a las que normalmente no quiere ver”, añadió en el evento de presentación del protocolo, creado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Corte.
A fin de contar con un documento actualizado que oriente la actuación de las personas juzgadoras, este nuevo protocolo sustituye al anterior Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas con discapacidad, que data de 2014.
El texto reconoce que aunque desde 2008 las autoridades judiciales de México están obligadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, -por la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- existe un rezago que ha perpetuado la vulnerabilidad.
“Mediante algunas leyes y resoluciones judiciales, se puede apreciar que continúan vigentes muchos estereotipos acerca de la discapacidad. Muestra de ello es que, sin justificación, se priva de capacidad jurídica a las personas con discapacidad, se desconoce su libertad para tomar decisiones que les permitan realizar su proyecto de vida, o no se les garantiza su participación en la toma de decisiones públicas que les afectan de manera directa”, expresa el documento.
Para su elaboración, conforme con los estándares internacionales, se consultó a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, personal jurisdiccional, de litigio e integrantes de la academia.
El protocolo se divide en seis apartados: Discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, Conceptos esenciales para juzgar con perspectiva de discapacidad (autorreconocimiento, barreras, accesibilidad, ajustes razonables, ajustes al procedimiento, sistemas de apoyos, ayudas técnicas, salvaguardias y medidas afirmativas), Igualdad y no discriminación y Acceso a la justicia de las personas con discapacidad, Guía para juzgar con perspectiva de discapacidad (que incluye las obligaciones iniciales para estar en posibilidad de juzgar con perspectiva de discapacidad y la identificación de las personas con discapacidad) y, finalmente, un apéndice de estándares de protección de los derechos e las personas con discapacidad.
“Este protocolo pertenece a la niña indígena mazahua con discapacidad a quien le negaron continuar con sus estudios pues el sistema educativo no contemplaba planes y programas para la infancia indígena con discapacidad, a las personas con discapacidad a las que se anuló su matrimonio por haberse estimado que carecían de capacidad jurídica, al padre con discapacidad que fue apartado de su hijo al creerse erróneamente que su discapacidad funcional en sí misma le impedía cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos parentales, al niño que no le permitieron practicar un deporte en vez de realizar los ajustes razonables para que pudiera seguir las indicaciones del instructor, a la mujer con discapacidad que fue despedida injustificadamente tras sufrir discriminación laboral y a la que de entrada por motivos de discapacidad fue excluida de una oferta laboral… que estas batallas no tengan que ser peleadas por nadie más”, manifestó Regina Castro Traulsen, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN.
Castro explicó que, adicionalmente, este protocolo cuenta con una herramienta digital que incluirá la normativa, resoluciones relevantes de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, con el objetivo de mantener vigente el instrumento.
María Dolores Igareda Diez de Sollano, presidenta del colegio de secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN, resaltó la importancia de contar con documentos jurisdiccionales sobre la materia.
“(El protocolo) va a permitir que sea operativa la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y esto es muy importante… porque puede correr el peligro, y ha sucedido, que la Convención se queda en una carta de buenas intenciones o de grandes deseos”, manifestó Igareda.
En su participación, Carlos Ríos Espinosa, investigador senior de Human Rights Watch, recordó que el protocolo es un ‘documento vivo’ que tendrá que revisarse a la luz del tiempo.
Por ejemplo, dijo, no existe en protocolo el reconocimiento al derecho que tienen las personas con discapacidad para no revelar que viven con esa condición, o que los apoyos no pueden ser impuestos u adoptados de manera obligatoria.
Mientras que Diana Sheinbaum, socia fundadora de Documenta y una de las personas consultadas para la elaboración del instrumento, resaltó la relevancia de que se reconozca la necesidad de que juezas y jueces escuchen a las personas con discapacidad a lo largo del proceso judicial.
“Por muchos años desde las Organizaciones de la Sociedad Civil nos hemos hecho la pregunta de porqué si México fue el país que impulsó la convención en el seno de las Naciones Unidas, porque si fuimos de los primeros países en ratificarla hace más de 10 años… seguimos encontrándonos con jueces y juezas que refieren que las personas con discapacidad no pueden decidir por sí mismas, que no deberían tener derecho a casarse, que no pueden declarar porque son inimputables”, cuestionó Sheinbaum.
También van por trabajo para personas con discapacidad
Igualmente durante la presentación del protocolo, el ministro Zaldívar anunció la firma del Acuerdo General de Administración para una política laboral de inclusión de la SCJN, que, entre otras cosas, establece que por lo menos el 3 por ciento de las personas que trabajan en las áreas administrativas del tribunal sean personas con discapacidad.
El acuerdo, dijo el ministro, fue sometido a un proceso de consulta con las personas con discapacidad que ya trabajan en la Corte.
También se informó de una acción afirmativa concretada en una bolsa de trabajo para que ante una vacante de la SCJN se considere primero a una persona con discapacidad para ocuparla.
