Caso Ayotzinapa: oficina especial manipuló información
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Caso Ayotzinapa: Oficina Especial manipuló información para sostener la “verdad histórica”; la CNDH busca sanciones penales

En un nuevo informe, la CNDH analiza la recomendación que emitió en 2018 y cuestiona el desempeño de la Oficina Especial que se creó desde el propio organismo. Para la comisión, esa instancia actuó como auxiliar de la PGR y no como defensor de derechos humanos.
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La Oficina Especial para el Caso Iguala, que encabezó José Trinidad Larrieta Carrasco, no investigó las violaciones a los derechos humanos de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, ni las violaciones a los derechos humanos de sus familiares, sino que asumió una personalidad ministerial que manipuló y forzó información para sustentar la “verdad histórica” que planteó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Jesús Murillo Karam. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la que dependía esta oficina que fue reasignada a una visitaduría, solicitará se investigue el actuar de Larrieta Carrasco y se finquen las responsabilidades correspondientes.

“Derivado del análisis de la Recomendación 15VG/2018 se reconocen una serie de fallas, omisiones y actuaciones al margen de la ley por parte de la persona titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, por lo que se considera necesario dar parte al Órgano Interno de Control (OIC) para investigar y fincar las responsabilidades administrativas y penales derivado de las actuaciones; puesto que las actuaciones de la citada Oficina se alejan del mandato constitucional que tiene la CNDH”, reveló el organismo en el informe sobre esa Recomendación 15VG/2018, emitida por violaciones graves a los derechos humanos derivadas de los hechos de 2014.

En el documento de 488 páginas, la CNDH reconoció las omisiones de la Oficina Especial para el Caso Iguala durante el acompañamiento que brindó al menos hasta diciembre de 2018, cuando presentó la recomendación del caso. Durante este tiempo —aceptó la comisión—, se revictimizó, criminalizó y estigmatizó a los normalistas y sus familiares.

El informe dado a conocer este miércoles es el resultado de la petición de madres y padres de los 43 normalistas, así como de distintas organizaciones civiles, que manifestaron su inconformidad con que la CNDH, entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez, presentara la recomendación más de cuatro años después de los hechos, con que el documento careciera de una aplicación robusta del enfoque de derechos humanos y con que, por su redacción, el documento avalara la “verdad histórica”.

“Una de las más lamentables afirmaciones que realiza la Recomendación 15VG/2018 descansa en la vinculación que se hace de los estudiantes normalistas con el trasiego de la droga a través de los autobuses de pasajeros. Tales aseveraciones se realizan faltando al mandato constitucional de respetar, proteger, investigar y documentar violaciones a los derechos humanos; en cambio, la CNDH actuó como órgano auxiliar de la FGR al realizar una investigación de carácter ministerial, cuya conclusión se plasma en la citada recomendación que, además, refuerza la verdad histórica elaborada por la entonces PGR”, se lee en el documento.

Apenas el 29 de marzo pasado, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara que hay videos que muestran que elementos de la Marina intervinieron en el basurero de Cocula, sitio que las autoridades del gobierno anterior señalaron como el punto en el que supuestamente fueron incinerados los restos de los 43 normalistas, los padres aseguraron que esta administración solo “les ha visto la cara”, porque en tres años no les ha dado respuestas.

“Las 43 familias estamos enojadas, más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años. Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros… Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos”, dijo Mario González, uno de los padres.

Omisiones

El 18 de diciembre de 2014, la CNDH creó la Oficina Especial para atender las violaciones a derechos humanos ocurridas en Iguala, Guerrero. Se trató de un área que, entre otras funciones, debía ser la encargada de mantener comunicación directa con los padres de los normalistas, así como con las organizaciones nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañaban.

El 28 de noviembre de 2018, poco más de cuatro años después de la desaparición, la CNDH presentó la Recomendación 15VG/2018, resultado del trabajo de la Oficina Especial, que si bien es cierto realiza la descripción de los hechos, “la vinculación que realiza carece de un análisis lógico jurídico profundo en donde el señalamiento de las disposiciones jurídicas trascienda al simple enunciamiento”, advirtió el informe.

También mencionó que en la recomendación de 2 mil 198 hojas no se especifica el impacto que dichas violaciones tuvieron en el aspecto psicosocial y cotidiano de cada una de las víctimas directas e indirectas. 

Según la CNDH, llama la atención que, en términos generales, en los procesos penales la imputación para los presuntos responsables es por secuestro agravado en contra de los 43 normalistas, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delincuencia organizada. En ningún proceso el delito es el de desaparición forzada.

Aunque es cierto que al momento de los hechos aún no se emitía la legislación especial en la materia, sí existía tipificación al respecto en el artículo 215-A del Código Penal Federal.

“La adecuada clasificación de las conductas constitutivas de delitos también incide en cuanto a la reparación integral que el Estado debe proporcionar a las víctimas (…) y la obligación de garantizar a las víctimas el ejercicio del derecho a la verdad”, indicó el informe.

En la recomendación, la CNDH, a través de la Oficina Especial, fue omisa al no llevar a cabo un análisis del perfil victimológico de los estudiantes, pues si se hubiera hecho se podrían haber identificado las condiciones de vulnerabilidad subyacentes al momento de los hechos. Sin embargo, las condiciones sociales de los normalistas fueron empleadas no como un enfoque de análisis de derechos humanos, sino como un aspecto criminalizante.

De igual manera, se advirtió que, para dar acompañamiento a los padres de los 43 normalistas, se envió a servidores públicos que carecían de formación en el trabajo con víctimas. Eran funcionarios que no cumplían con el perfil de persona defensora de los derechos humanos y que mostraron poca sensibilidad.

“En particular, en una de las entrevistas realizadas a personas visitadoras adjuntas se expusieron las presuntas acciones delictivas que realizaban los estudiantes dentro de las instalaciones de la normal rural Raúl Isidro Burgos; aseverando el involucramiento de los normalistas en actividades criminales; además de comentar que esta situación la desconocían los familiares y naturalmente no iban estar de acuerdo”, criticó la CNDH.

“Hicieron análisis con enfoque ministerial”

Otro de los aspectos que más llamaron la atención al realizar el informe de la recomendación tiene que ver con las pruebas que sustentan la hipótesis de la quema de los estudiantes en el vertedero de Cocula.

Entre las pruebas referidas por la CNDH se encuentran las realizadas a los restos encontrados en el Río San Juan dentro de bolsas de plástico. Con dichos restos se identificó presuntamente a dos de los normalistas: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio, y es mediante dicha identificación que la CNDH llegó a afirmar que “sería consecuente con la versión sostenida por la PGR que indica que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron incinerados en el vertedero de Cocula”. 

En el informe ahora se cuestiona que se hiciera dicha aseveración, porque no es labor de la CNDH fungir como oficina subsidiaria de la autoridad ministerial, la PGR, y por lo tanto tampoco es su función corroborar las versiones sostenidas por dicha autoridad. 

“La CNDH realiza un análisis de las pruebas con enfoque ministerial y tendiente a corroborar conductas delictivas más que las violaciones a derechos humanos que se presentaron tanto al momento de los hechos como en el transcurso de las investigaciones”, advirtió el documento.

Más aún, afirmó que un gran número de las pruebas analizadas por CNDH para la elaboración de la recomendación tenía como origen las actuaciones periciales de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), las cuales debieron haber sido observadas por el personal pericial de la comisión que correspondiera en especialidad y, cuando así procediera, realizar los señalamientos respecto de la controversia y pertinencia de la prueba para poder proporcionar a las víctimas y a la sociedad certeza de lo acontecido. 

“En cambio, lo que ocurrió es que la CNDH se constituyó como un tercer perito sui generis que realizaba ejercicios periciales más acordes a una investigación penal y que además desacreditaba aquellos elementos de prueba proporcionados por los grupos de expertos avalados por las personas en situación de víctimas”.

Incluso, la CNDH ahora cuestionó por qué la Oficina Especial no desvalorizó el hallazgo de las bolsas en el Río San Juan, el cual se hizo sin la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llegó al punto minutos después del descubrimiento.

“Resulta motivo de reflexión que, si existía el acuerdo de colaboración entre la PGR y el EAAF y las diligencias se habían llevado a cabo de esta manera, el hallazgo ocurriera precisamente antes del arribo de los peritos del EAAF o incluso que la PGR no realizara fijación videográfica para darle legitimidad a la diligencia”, se lee en el documento.

El informe realizado por la CNDH incluye un apartado en el que aborda el papel del Ejército los días 26 y 27 de septiembre de 2014, pues se trata de una de las mayores controversias en las que se ha visto envuelta la comisión, porque particularmente en la recomendación no se cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos.

Hoy, el tema de la participación del Ejército en los diversos eventos que se desarrollaron en el caso no ha sido aclarado.

“Tanto la CNDH como el GIEI establecieron que personal del 27 Batallón de Infantería tuvo acceso a las actividades desarrolladas en el C-4 en el momento en que se desarrollaban los hechos del caso Iguala; con la salvedad de que a diferencia del GIEI la CNDH señaló que no se contaba con evidencia de que la Sedena tomó el control del centro y restringió la información del C-4”, indicó el informe.

A modo de conclusión, la CNDH señaló que hay una necesidad urgente de reconocer públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de la Oficina Especial en la investigación y documentación de violaciones graves de derechos humanos, pues con ello sería posible trazar la ruta para la reparación integral del daño, que debe iniciar con la presentación de una disculpa pública hacia las personas en situación de víctimas. 

“La Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una dispraxis institucional, esto es, su fracaso es resultado de un actuar racional sobre inexcusables creencias falsas y la manipulación de la información. La Oficina abandonó una investigación sobre la violación de derechos humanos, en cambio, asumió el papel de fiscalía”.

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Cuál es el sistema económico ruso y por qué se le acusa de ser un "capitalismo de compinches"

Con el fin de la Unión Soviética, Rusia abandonó el comunismo y sus líderes la embarcaron en un sistema que ha dado origen a una élite de milmillonarios.
17 de marzo, 2022
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El colapso de la poderosa Unión de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de una era comunista. Y fue también la entrada de Rusia, el principal estado de la unión, al que fuera su mayor enemigo: el sistema capitalista.

Rusia tiene un sistema bancario, reconoce la propiedad privada, hay acceso al mercado de capitales… “todo lo que normalmente atribuiríamos a un país capitalista”, le dice a BBC Mundo Carlos Sieglel, profesor en la División de Economía y Asuntos Globales en la Universidad Rutgers.

Es el país más grande del mundo, y obtiene grandes ingresos por la exportación de gas y petróleo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por su siglas en inglés) sostiene que Rusia “juega papel descomunal en los mercados petroleros mundiales”.

Y en 2021, la revista Forbes lo ubicó en el quinto puesto de países con más milmillonarios.

Gazprom

Getty
Rusia tiene una potente industria gasífera.

Rusia es un país capitalista,pero varios expertos coinciden que tras la caida de la URSS, los líderes de Rusia, primero Boris Yeltsin y luego Vladimir Putin, alimentaron un modelo económico que favorecía a unos pocos cercanos al gobierno.

“Capitalismo de compinches”, lo llaman algunos analistas como Anders Åslund, autor del libro “El capitalismo de compinches de Rusia: el camino de la economía de mercado a la cleptocracia” (por su traducción literal al español).

¿Cómo funciona la economía de Rusia y por que sus críticos la asocian con la creación de oligarcas y corrupción?

Cambio de sistema

Según Sieglel, para entender la economía rusa de hoy hay que remontarse al derrumbe de la Unión Soviética.

Yate de Alexei Mordashov

Getty
El yate confiscado a Alexei Mordashov, acusado de ser un oligarca cercano a Putin.

Las empresas que antes pertenecían al Estado iban a ser privatizadas.

“La cuestión era cómo privatizarlas”, dice el experto.

Lo que ocurrió, dice el analista, fue que muchas de las compañías más grandes que fueron privatizadas quedaron en manos de antiguos funcionarios del gobierno o de personas que estaban bien conectadas.

A este grupo de personas, que por ser cercanas al gobierno lograron privilegios para hacerse con las empresas, hoy se les conoce como los oligarcas.

“Son élites empresariales ultrarricas con un desproporcionado poder político“, según los describe Stanislav Markus, profesor de Negocios Internacionales en la Universidad de Carolina del Sur, en un artículo de The Conversation.

Oleg Deripaska junto a Vladimir Putin en 2017

Kremlin/EPA
Vladimir Putin junto a Oleg Deripaska, uno de los llamados “oligarcas” que le son cercanos (2017).

Según Markus, los oligarcas emergieron en dos oleadas.

La primera fue a partir de 1990, cuando durante el gobierno de Boris Yeltsin se vendieron grandes compañías estatales a un bajo precio a un selecto grupo de magnates a cambio de beneficios.

La segunda oleada fue impulsada por Putin a través de contratos con el Estado, explica Markus.

El modelo era que empresas privadas de infraestructura, defensa y atención de la salud vendían sus servicios al gobierno a un precio mucho mayor que el del mercado, a cambio de sobornos a los funcionarios que hacían posible la transacción.

“Así, Putin enriqueció a una nueva legión de oligarcas que le debían sus enormes fortunas”, dice Markus.

Putin y Yeltsin.

Getty
Putin y Yeltsin.

Esa confabulación es lo que algunos califican de “capitalismo de compinches”.

“Rusia es un país con capitalismo de compinches, es muy similar a lo que tendrías en economías fascistas, donde el Estado y algunas industrias colaboraban entre sí”, dice Siegliel.

“En este caso colaboran mediante mecanismos de corrupción”.

Eszter Wirth, profesora de Economía Internacional de la Universidad Pontificia Comillas, describe a Rusia como “sistema aparentemente capitalista”.

“Donde la mayor parte de la riqueza se genera en sectores caracterizados por el rentismo, nepotismo y la compra de favores”, según le dice Wirth a BBC Mundo.

Wirth explica que Putin implementó un modelo basado en el modelo soviético caracterizado por grandes empresas estatales y lo combinó con el sistema oligarquista de Yeltsin, renacionalizando algunas entidades que habían sido privatizadas en la era Yeltsin.

“Dichas corporaciones estatales controlan un 55% de la economía rusa (las PYMES un 20,6%), que recuerdan a la época socialista”, dice la experta.

“Sistema cleptocrático”

Ese mecanismo, dicen los expertos, está basado en que los oligarcas no se meten en asuntos políticos, y el Kremlin no se mete en los negocios de estos magnates.

“Los oligarcas han ayudado a Putin a mantenerse en el poder a través de su inmovilidad política y su apoyo económico a las iniciativas internas del Kremlin”, dice Markus.

La ONG Transparencia Internacional califica a Rusia de tener un “sistema cleptocrático”.

“La gran riqueza que los cleptócratas rusos han acumulado, y siguen disfrutando, ha ayudado al presidente Putin a reforzar su control sobre el poder…” sostiene la organización en un artículo del 4 de marzo.

El semanario The Economist ubica a Rusia en el primer lugar de su Índice de Capitalismo de Compinches.

Roman Abramovich

Getty
Roman Abramovich es uno de los magnates rusos señalado de ser un oligarca.

El índice mide la cantidad de multimillonarios cuyas fortunas pueden estar asociadas a su cercanía con el gobierno, especialmente a través de negocios como bancos, casinos, defensa, industrias extractivas y construcción.

La publicación sostiene que en Rusia hay 120 milmillonarios, de los cuales el 70% cumple las características de un “capitalista compinche”.

“El 28% del PIB ruso corresponde a la riqueza de multimillonarios (oligarcas) rusos que operan en sectores rentistas (del Estado)”, indica Wirth.

Sin competencia

Sieglel sostiene que ese mecanismo corrupto también afecta el avance de la industria rusa.

“Normalmente estas compañías tendrían que competir entre ellas, esa competencias las llevaría a ser más eficientes, a contratar al personal idóneo”, dice el profesor.

“Pero lo que ocurrió fue que el gobierno, y esto también ocurre en otros países, protegió a muchos de estos individuos de la competencia directa”.

“Como resultado, lo que tienes en Rusia son una serie de compañías que no son tan eficientes en términos de producción, porque han sido aisladas de la competencia”.

El Kremlin.

Getty
El Kremlin.

Montaña rusa

A nivel global, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo, después de Arabia Saudita; y el tercer productor de petróleo, detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, según la IEA.

Tiene la segunda mayor reserva de carbón, después de EE.UU.

El 40% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia, producido por el monopolio estatal Gazprom.

Además, el país es rico en tierras raras y productos agrícolas como trigo, maíz y aceite de girasol.

Esa riqueza natural, especialmente el gas y el petróleo, le han ayudado a superar varias crisis y vaivenes económicos en las últimas décadas.

Cuando Putin subió al poder, el país venía cerrando una década de hiperinflación, en la que había caído el PIB y había aumentado la desigualdad.

A nivel económico, los 90 en Rusia fueron “una década perdida”, según la describe Wirth en un artículo de The Conversation.

Pero la llegada de Putin al poder le dio un nuevo rumbo al país.

Rusia.

Getty
Rusia se enfrentó a una crisis económica en la década de los 90.

Durante los primeros 8 años de gobierno de Putin, Rusia tuvo un repunte que según Wirth se atribuye al alza mundial de los precios de los hidrocarburos, el principal producto de exportación ruso.

La crisis de 2008 y 2009 frenó ese crecimiento, pero en 2013 un nuevo alza en los precios del crudo los ayudó a recuperarse.

Luego, en 2014 y 2015, los precios volvieron a caer, el rublo perdió valor y aumentó la inflación.

“La dependencia excesiva de la exportación de petróleo y gas natural durante la era Putin pasó factura a la economía rusa”, escribe Wirth.

“Rusia sigue siendo un país con grandes superávits comerciales cuando los precios de las materias primas son altos, y podría invertirlos en la modernización de la maquinaria e infraestructuras obsoletas”, dice Wirth.

“Pero, al concentrarse las exportaciones en manos de pocos oligarcas, estos prefieren invertir los fondos en el extranjero, por lo que Rusia pasa desde años por un proceso de fuga de capitales hacia paraísos fiscales, Suiza o Londres”.

Sieglel concuerda en que la economía rusa no es muy diversificada, y añade que “no tienen un incentivo para innovar”.

“A pesar de los recursos, no tienen la instituciones adecuadas para innovar en términos de nuevos productos o tecnología”, dice.

El profesor también indica que, a diferencia de otros países capitalistas, en Rusia no hayleyes antimonopolio y no existe un ambiente legal que enfatice la competencia.

Planta de gas ruso

Getty
Rusia depende en gran parte de la industria de gas y petróleo.

Sanciones

Durante los últimos tres años Rusia ha tenido un crecimiento económico moderado.

En Rusia el impacto de la pandemia fue menor que en otros países, según indica el Banco Mundial.

Según el banco, esto pudo deberse a su política de ayudas fiscales por parte del Estado, así como a que tiene un sector de servicios relativamente pequeño y un sector público grande que amortiguó el desempleo.

Aún así, la profesora Wirth califica de “decepcionante” las tasas de crecimiento económico de Rusia para ser uno de los países BRIC (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Además, desde que Putin invadió Crimea en 2014, Rusia enfrentó sanciones que lo tienen cada vez más aislada de los mercados occidentales.

Y el país se enfrenta ahora a un másduro paquete de sanciones internacionales como respuesta a su invasión a Ucrania.

Estas medidas incluyen que los mayores bancos rusos hayan sido expulsados del SWIFT, la red de pagos internacionales, con lo cual se les dificulta procesar transacciones que vengan del extranjero.

Putin ya ofreció ayuda estatal a los bancos sancionados.

También se han congelado cientos de miles de millones de euros de la reserva del banco central de Rusia.

Mc Donalds en Rusia

Getty
Varias marcas anunciaron que dejarán de operar en Rusia.

Cerca de 300 marcas han suspendido sus operaciones en Rusia.

Y también se han aplicado sanciones individuales a decenas de multimillonarios que EE.UU., Reino Unido y Europa considera oligarcas cercanos a Putin.

En el último mes, el rublo ha perdido más del 40% de su valor frente al dólar.

Con base en estas sanciones, el banco de inversiones Goldman Sacks calcula que este año el PIB de Rusia podría caer 7%.

La firma de análisis de mercado Oxford Economics calcula que la presión sobre los mercados financieros rusos podría tener un impacto de 6% en el PIB, respecto a los pronósticos que habían hecho antes de la crisis.

La apuesta de Occidente es que esas sanciones aíslen y ahoguen la economía rusa, como medida de presión para que Putin suspenda los ataques.

Wirth, sin embargo, se muestra escéptica frente a la efectividad de estas sanciones.

“En regímenes autoritarios las sanciones económicas han sido poco efectivas, ni en Irán, ni en Corea del Norte han generado cambios políticos”, dice. “Putin tampoco parece querer escuchar a nadie que no fuese él mismo”.

Mientras tanto, Ucrania sigue bajo el implacable fuego ruso.


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