Jonás Larios Deniz, doctora en Educación y primera académica trans de la Universidad de Colima, comenzó su proceso de transición en 2019, después de 25 años de trayectoria profesional y con la seguridad que le otorgaba su definitividad como profesora de tiempo completo e investigadora en esa institución. 

Su historia, relata, no es de expulsión o exclusión en su trabajo, pero “es válido decir cómo fue y qué pudo haber pasado”. Por eso, promueve ante el Congreso de Colima la iniciativa de cupo laboral trans que la Coalición LGBTTTI+ impulsa a nivel nacional, para lograr que el Estado destine un 3% de espacios laborales en el servicio público a personas trans. 

Esto incluiría, además, elaborar “un plan nacional para la capacitación y profesionalización de las personas trans y no binarias para el acceso al trabajo formal en las instituciones públicas”, se lee en el documento.  

El diagnóstico señala que uno de los entornos más hostiles para las personas trans se ubica en el mundo del trabajo, especialmente en lo que refiere al acceso, pues la identidad de género es un aspecto visible que incide en la vulnerabilidad de esta población en contextos laborales. Uno de los principales obstáculos son los prejuicios y estigmas sociales asociados a la población LGBTTTIQ+ en general y a las personas trans en particular.  

Era un tipo de violencia que notaba cuando la hormonización le provocaba cambios emocionales ante los que algunos compañeros mostraban incomodidad pero no empatía, cuando se sentía en un “limbo” en el que las mujeres no la veían como tal y los hombres tampoco, o cuando se enfrentó a que nadie celebrara o, incluso, le cuestionaran al decir “soy mujer”. 

Al igual que ella, 41% de las personas trans cuenta con estudios superiores, pero la mayoría, a diferencia de la doctora Jonás, tienen pocas oportunidades de emplearse: dos de cada tres no tienen experiencia laboral, de acuerdo con el diagnóstico.

Desempleo, consecuencia de desigualdades históricas

Las personas trans y no binarias padecen tasas de desempleo superiores al promedio nacional, o son orilladas a aceptar empleos que no corresponden a su nivel de estudios y de escasa remuneración, cuando no son colocadas dentro de una narrativa social mediante la que se piensa que los únicos espacios donde pueden desarrollarse son la estética o el trabajo sexual —al que se dedica entre 60% y 70% de ellas—, explica en entrevista Amaranta Gómez Regalado, de la Junta de Gobierno de la Coalición LGBTTTI+. 

Prueba de ello, recuerda, es que su esperanza de vida es de 35 años, mientras que la media nacional va de 72 a 78. “En México, la mayoría de las personas trans vive en contextos de pobreza, discriminación, violencia, exclusiones, y hay una línea de exclusiones históricas: la de la familia, a muy temprano tiempo, o la deserción escolar desde la primaria o secundaria, cuando se decide vivir una identidad o asumir una vestimenta”, subraya.

Estas continúan con la exclusión de las instituciones, la criminalización y la invisibilidad, así como, en muchos casos, la privación de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y laborales. De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la situación laboral de las personas travesti trans en Latinoamérica y el Caribe” (junio, 2021), desarrollado por la iniciativa Contratá Trans, más del 80% de las personas trans manifiesta que las búsquedas laborales son situaciones particularmente hostiles dada la discriminación que reciben por su identidad y expresión de género. 

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado, entre 2015 y 2021, 13 mil cambios de credenciales para votar de personas trans que han modificado su identidad de género en el acta de nacimiento. Ellas, señala Amaranta Gomez, deberían tener oportunidades laborales para armonizar su sentir, su identidad y su oportunidad para desarrollarse. 

“El mercado laboral de México orilla a muchas personas trans y no binarias al empleo informal, al trabajo sexual, a la clandestinidad y, sistemáticamente, a vivir en un estado de riesgo y vulnerabilidad permanente, lo que atenta contra sus derechos legítimos a una vida digna, que pudiese desplegar todo su desarrollo potencial”, enfatiza.

Ante ello, un reto enorme que espera en algún momento pueda traducirse en datos es saber cuánto pierde el Estado mexicano, y cada una de sus entidades federativas y de sus municipios, en términos del PIB, cuando se excluye a las personas trans, y “cuánto nos estamos perdiendo en capacidad intelectual, técnica, creatividad, potencialidad, desde la fuerza de trabajo y del tiempo que pudiera dedicar una persona trans en un espacio de producción”.

El diagnóstico elaborado por la Coalición LGBTTTI+ en México estima que esas 13 mil personas que han podido realizar su cambio de identidad en documentos oficiales, partiendo de la credencial para votar, representan apenas 4.83% de la población total de personas trans en el país.

COVID-19 acelera la necesidad de “cupo trans”

Siete de cada 10 personas LGBTTTI+ perdieron sus ingresos total o parcialmente como consecuencia de la pandemia, y menos del 10% tuvo asistencia de programas de gobierno, según datos de la encuesta “Impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México”, elaborada por la asociación civil Yaaj México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y la Universidad de California en Santa Bárbara. 

Además, de las personas encuestadas, el 47.5% pudo respetar la cuarentena y trabajar desde sus viviendas, pero 52.5% tuvo que salir a trabajar, mayoritariamente las personas trans.

La posibilidad de una propuesta de cupo trans en México empezó a conversarse a partir de la experiencia de Argentina, país que en 2020 expidió el decreto 721/2020 Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, los enfoques principales del activismo en torno a la agenda trans seguían siendo las reformas para la identidad de género y el matrimonio igualitario, hasta que fueron más visibles los impactos de la pandemia. 

“Lo que nos vino a poner en mucho mayor evidencia la necesidad de retomar el tema de cupo laboral trans fue COVID-19: este número de desempleo, de distanciamientos sociales; lo vimos mucho con las compañeras trabajadoras sexuales, que les afectó mucho en su trabajo y tuvieron que aislarse, o quienes trabajaban en casas, que las despidieron o ‘descansaron’, como sutilmente les decían. Aunado a ello, la histórica negación para ofrecer trabajo a las personas trans”, relata.

Ese fue el detonante para acelerar la idea de impulsar, desde la Coalición LGBTTTI+, la propuesta de reforma al apartado B de la Ley Federal del Trabajo como una idea general que permita a los estados adecuarlo a su propia legislación. 

La coalición trabaja por el cupo trans en dos vías: el marco legislativo, para el cual tendrá una primera reunión este 27 de abril con legisladores federales y locales, y, por otro lado, con los poderes ejecutivos, que tienen la facultad de decretar el establecimiento de un porcentaje de plazas para personas trans en el sector público. El trabajo ya ha comenzado con 13 estados y en este año la coalición continuará con los que faltan. 

“Por eso la importancia también de un protocolo, que servirá al funcionariado público actual para que sepa cómo contratar a una persona trans, cómo tratarla en el proceso, cómo llamarle por su nombre, cómo pueden competir en igualdad de condiciones, que la identidad no signifique un punto menos a la hora de la evaluación y que los prejuicios, en la medida de lo posible, puedan hacerse a un lado y ofrecer las oportunidades”, explica Gómez Regalado.

Para la coalición, es importante subrayar que la propuesta no está dirigida al empresariado, que ha creado sus propias estrategias, y en muchos casos ya está trabajando el tema de responsabilidad social. La finalidad es el establecimiento del cupo trans en el Estado mexicano en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.

“La región latinoamericana y el mundo debe contar con una nueva narrativa sobre la realidad y las oportunidades que necesitan las personas trans… por qué el Estado mexicano debería tener eso: porque nos estamos perdiendo de aprovechar este talento, estas capacidades”, agrega la activista.

Así lo hizo la Universidad de Colima en el caso de la doctora Jonás, quien al contar con un nombramiento y años de experiencia, encontró el momento y el espacio para hacer su transición de manera segura, aunque no exenta de cuestionamientos o violencias sutiles: “Si alguien va a hacer su transición, tiene que tener toda una red de apoyo que esté enterada de todo lo que pasa, de estas condiciones de explosión química, le llamo yo, de lo que representa y de lo que sigue”. 

Después de iniciar su hormonización en 2019, para el segundo año de su transición tomó el primer año sabático de toda su carrera profesional: “Fui haciendo este proceso sin estar bajo la mirada de aquellos que me habían visto durante 25 años como un hombre homosexual. No todas tendrán esta oportunidad y esta suerte, pero yo pude manejarlo de esa manera, y luego llegó la pandemia… el resto de la transición lo vivo en casa, y cuando regreso a mi centro de trabajo, nadie dudó en decirme doctora Jonás”.

Para ella, un trabajo acompañado en el ámbito de la salud, la familia y la institución donde trabaja tenía que ser también legal, trámite que hizo realidad en 2020. Desde el activismo que ahora la lleva a gestionar el cupo trans ante el Congreso de Colima, está convencida de que la legalidad sienta pilares fundamentales. “Legalmente, soy una mujer, y si hubiera alguien que desde el prejuicio dijera que no, ni siquiera lo discutiría, porque legalmente lo soy”, afirma.