Las organizaciones, personas activistas, expertas independientes y académicas junto con Amnistía Internacional (AI), que conforman el colectivo #SeguridadsinGuerra, solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema de la militarización en México.
A través de una carta – firmada por alrededor de 24 organizaciones y cerca de 50 personas defensoras de derechos humanos – el colectivo planteó la necesidad de que las políticas de seguridad pública estén a cargo de instituciones civiles, no de los militares.
“Por tanto, vemos con profunda preocupación las declaraciones públicas realizadas por usted que fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda”, indicaron en el documento dirigido a López Obrador.
Además, a partir de la recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas de abandonar la militarización de la seguridad pública y su advertencia sobre un incremento de las desapariciones forzadas en el país, el colectivo lamentó que el presidente acusara al Comité de no actuar con “apego a la verdad”.
También que desde Palacio Nacional asegurara que “ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”, cuando organizaciones de derechos humanos han documentado la participación de militares – incluida la Guardia Nacional – en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otras.
“Señor Presidente, el informe emitido por el Comité es un hecho de suma relevancia para los y las ciudadanos/as de a pie que nos proponemos el trabajo cotidiano en miras a lograr un país libre de violencias y desmilitarizado, donde se respeten los derechos humanos de todas y todos”, escribieron.
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Esta carta surge días después de que López Obrador defendiera, ante la recomendación del CED de las Naciones Unidas, su estrategia de seguridad y dijera que ningún organismo internacional puede poner a México en “el banquillo de los acusados”.
Señaló que la Organización debe ponerse al tanto de que el Ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos; aseguró que ellos no “vieron nada de los abusos y crímenes de Estado” que se cometían en el periodo neoliberal.
En un informe que la Comisión concluyó tras su visita a México en noviembre de 2021, pidió a México abandonar la militarización de la seguridad por el riesgo que implica en materia de derechos humanos.
También recomendó fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad.
