El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas llama a México a abandonar la militarización de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos.
Recomendó fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
En su informe que concluyó tras su visita a México en noviembre de 2021, señaló que la política pública de seguridad debe construirse en concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad.
El comité destaca que las reformas legislativas en materia de seguridad, implementadas desde el 2006 y que incluye las recientes que se caracterizan por la militarización, han sido insuficientes para combatir la delincuencia, en lo referente a la protección de derechos humanos, y que, incluso, varios aspectos han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad.
“La permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, indica el documento del comité.
En sus conclusiones el informe menciona que, según datos oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.
Mientras que, en 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH.
Desapariciones forzadas en México
El comité indica que las desapariciones forzadas en México han tenido un incremento exponencial entre el 2006 y 2021; señala que, hasta el 26 de noviembre de 2021, en el país había 95 mil 121 personas desaparecidas, de acuerdo al registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Advierte que dichas desapariciones son cometidas por servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, así como por la delincuencia organizada.
Detalló que las desapariciones son principalmente de hombres entre los 15 y 40 años; sin embargo, asegura que hay un aumento notable en la desaparición de niñas y niños a partir de 12 años, así como adolescentes y mujeres para ocultar violencia sexual, feminicidio, la trata y la explotación sexual.
El Comité aseguró que hay impunidad casi absoluta en el tema de desapariciones pues solo entre 2% y 6% de los casos de desaparición se judicializan en el país, es decir, solo hubo 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional.
Ante el panorama, el comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y asegurar la coordinación de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Además de eliminar los obstáculos en la persecución penal, prestar la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una política nacional.
