Los contratos de Lozoya dejaron daños por más de 5 mil mdp
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Cuartoscuro

Los contratos de Lozoya en los casos Odebrecht y Agronitrogenados dejaron a Pemex daños por más de 5 mil mdp

Abogados consultados aseguraron que el acuerdo que propone el exdirector de Pemex no cumple con lo mínimo que establece la ley, pues no solo debería restituir lo que presuntamente obtuvo por sobornos, sino también los perjuicios que sus decisiones tuvieron en Pemex.
Cuartoscuro
Por Sergio Rincón
18 de abril, 2022
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Al menos 5 mil 287 millones de pesos es el monto calculado como posible daño, perjuicio o pérdida para Pemex y para la hacienda pública causado por los contratos que la empresa, bajo la dirección de Emilio Lozoya, adjudicó a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, tras el presunto pago de sobornos.

Uno de los contratos asignados a la constructora brasileña Odebrecht era para el mantenimiento de la refinería de Tula, Hidalgo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño de mil 287 millones de pesos, según se describe en la auditoría de inversiones físicas 16-6-90T9M-04-0479, publicada en marzo de 2021.

Respecto del caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, vendida con sobreprecio por Altos Hornos a Pemex, en la auditoría 2018-6-90T9I-20-0471-2019 471-DE, la ASF reconoció la pérdida de al menos 4 mil millones de pesos, por “efectos de deterioro correspondientes al valor de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto y mediano plazos”.

El análisis de los montos por daños y pérdidas que generaron las adjudicaciones impulsadas por la administración de Lozoya en Pemex se revisan ahora en la mesa de negociación entre las partes, según confirmó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Esta acción surge después de que Lozoya ofreció 10 millones de dólares, más cinco propiedades, como una “reparación del daño al erario”, a cambio de que se suspendan los procesos penales en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y de que pueda estar en posibilidad de recobrar su libertad.

Pero para el gobierno mexicano, 10 millones de dólares (unos 200 millones de pesos) no alcanzan para reparar los daños a Pemex. López Obrador dijo que fue él quien dio la instrucción para frenar el acuerdo, pues consideró que con esa cantidad no se reparan los daños que se provocaron a Pemex y a la hacienda pública. 

“Se está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares, pero la instrucción que di es que se revise bien lo de daños patrimoniales que existen, que no se hagan las cosas a las ligera”, expuso.

Animal Político publicó el viernes pasado que la FGR está dispuesta a suspender ambos procesos penales iniciados en contra de Lozoya y permitirle recuperar su libertad, siempre y cuando alcance un acuerdo con la actual administración de Pemex respecto del monto que debe pagar.

Lo que la ASF ha documentado es que las adjudicaciones concedidas en favor de Odebrecht y Altos Hornos en el sexenio pasado representaron un pésimo negocio para Pemex. Fueron contratos entregados sin una valoración adecuada y sin que realmente hubiera una competencia pública por ellos, una situación a la que se suman múltiples fallas y negligencias —posiblemente dolosas— en la ejecución y supervisión de los mismos.

El acuerdo de Lozoya se queda corto

De acuerdo con un análisis realizado por abogados penalistas consultados por Animal Político, la reparación del daño, que se establece en el artículo 30 del Código Penal Federal, no solo contempla la “restitución de la cosa obtenida por el delito”, es decir, lo que presuntamente Lozoya obtuvo por sobornos, sino además el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y el costo de las oportunidades que perdió Pemex por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados. 

Es decir, el acuerdo de 10 millones de dólares que ofreció Lozoya no cumple con lo mínimo que establece la ley, pues excluye por completo las consecuencias de sus decisiones.

“La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida”, refiere dicho artículo, donde se agregan siete fracciones que se deben cumplir, “cuando menos”; por ejemplo: una disculpa pública, salarios perdidos, declaraciones para reparar la reputación de Pemex, entre otras acciones.  

En la opinión de los juristas consultados, la reparación que ofrece Lozoya es “irrisoria”, pues incluso en una audiencia los representantes de Pemex dijeron ante el juez que los daños a la petrolera son irreparables. 

En su análisis los juristas se preguntan cómo fue que la situación pasó de “irreparable” a reparable, lo que provocó que Lozoya busque un criterio de oportunidad con la “reparación de daño”; sin embargo, los abogados opinaron que incluso si se llega a un acuerdo con el exdirector de Pemex, algunos servidores públicos podrían cometer el delito de “coalición”, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal. 

Estefanía Medina, abogada cofundadora de la organización civil experta en temas de corrupción TOJIL, coincidió en que no basta con que el exdirector de Pemex devuelva lo que presuntamente recibió. Una cuantificación correcta de la reparación del daño debe incluir, también, las consecuencias del acto ilegal que se le imputa.

“No se trata solo de pagar una cantidad arbitraria de dinero, sino de que haya una cuantificación eficaz del monto de los actos y las afectaciones que eso causó en términos económicos en el corto y mediano plazo. Además, el esclarecimiento de los hechos (acceso a la verdad y justicia) es un elemento fundamental que tampoco puede quedar de lado, sobre todo cuando se trata de delitos de alto impacto y que implican la violación de derechos fundamentales”, dijo la litigante.

TOJIL envió una solicitud oficial la semana pasada al juez federal responsable del caso, Artemio Zúñiga, para que no acepte cualquier tipo de acuerdo reparatorio o solicitud alterna al proceso que no cumpla con lo anteriormente señalado.

Empresas fantasma

Desde 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a rastrear presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a Lozoya y que podrían alcanzar hasta los 3 mil millones de pesos.

En octubre de 2020, Animal Político publicó que los trabajos de inteligencia financiera ya habían permitido la identificación de 50 compañías presuntamente fantasma, mayoritariamente constituidas en México, a través de las cuales se habrían triangulado recursos provenientes de la constructora brasileña y su estructura de sobornos.

Según los trabajos de inteligencia, se trata de compañías que se presume podrían haber sido utilizadas por Odebrecht y exfuncionarios para desplazar pagos de sobornos de los que no se tenía registro. 

Ese dinero sería una retribución directa por los seis contratos con sus respectivas ampliaciones que la constructora brasileña logró con Pemex en la gestión de Lozoya, por un monto que supera los 3 mil millones de pesos.

El patrimonio de Lozoya

Dentro del arreglo que Lozoya ofreció a la FGR había cinco inmuebles, entre ellos, una residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México y un departamento en Ixtapa, Zihuatanejo, que según las investigaciones fueron adquiridos con los supuestos sobornos que recibió de ambas compañías.

No son públicas las fechas en las que adquirió esas propiedades. De hecho, en su última declaración patrimonial de 2016, el exdirector de Pemex reservó esa información.

A su llegada a Pemex, en 2013, Lozoya reportó ingresos mensuales por más de 722 mil pesos. De acuerdo con su declaración patrimonial inicial, tenía una casa valuada en más de 38 millones de pesos. Agregó que tenía más de 1.4 millones de dólares en joyas y obras de arte, más cuentas bancarias por 250 mil dólares y 1.6 millones de euros. 

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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