La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el impedimento de 10 años para que exfuncionarios públicos de alto nivel trabajen en empresas privadas a las que regularon.
Por unanimidad, los ministros votaron por invalidar varios apartados de la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre ellas el del artículo 24 que establece que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.”
En sesión, el Pleno de la Suprema Corte consideró que se trata de una medida desproporcionada y que afecta el derecho al trabajo.
“La medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada”, sotuvo.
Incluso, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zladívar, sostuvo que el plazo de 10 años es “innecesariamente largo”, en comparación con otras alternativas que podrían tomarse y que es sobreinclusiva, pues explicó que no todos los mandos superiores tienen las mismas responsabilidades.
En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat consideró que no se justifica un periodo tan largo para imponer esta medida.
Además, el ministro Luis María Aguilar Morales sostuvo que el artículo es inconstitucional pues dijo que existe ya una regulación en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual solo contempla un año como tiempo de espera.
En octubre de 2021, la Cámara de Diputados avaló los ajustes que hizo el Senado a la Ley de Austeridad, con lo que suplicó de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público podría trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
La medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador afectaba a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y jefes de unidad.
Si bien la Corte también validó varios preceptos de la misma legislación, seguirá discutiendo la de inconstitucionalidad 139/2019, promovida por senadores de oposición, quienes exigen la invalidez del Decreto que expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana en noviembre de 2019.
