El pleno de la Cámara de Diputados avaló con 489 votos a favor, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, el cual tendrá el objetivo de ayudar al Estado en la identificación de más de 50 mil cuerpos.
“La creación del Centro Nacional de Identificación Humana permitirá una búsqueda efectiva y, en el peor de los casos, permitirá dar un trato digno a los cuerpos sin identificar”, dijo la diputada Nelly Minerva Carrasco.
El Centro Nacional de Identificación Humana será una unidad administrativa, con independencia tecnológica y científica que combinará los sistemas de búsqueda con enfoque masivo o a gran escala con el individualizado o tradicional.
#ÚltimaHora Se avalan reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Pasa al @senadomexicano pic.twitter.com/fxLuXPtPmb
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 26, 2022
El dictamen amplía las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda para incluir, además de la búsqueda en vida, la de tipo forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada, a través de un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación humana complementario y de la operación de un Centro Nacional con competencia en todo el territorio nacional.
Su función también es recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar, con fines de identificación humana, los cuerpos, restos humanos y muestras óseas para procesamiento genético.
A través del Centro Nacional se resguardará la información para la identificación humana, la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Además, se solicitará a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, servicios forenses o periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la de identificación de cuerpos y restos humanos que tengan bajo su resguardo, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales y reserva de información pública.
Las investigaciones deben realizarse en un término no mayor de setenta y dos horas salvo que, por su naturaleza, se requiera un término mayor, en cuyo caso lo podrá ampliar hasta ciento cuarenta y cuatro horas.
En el régimen transitorio, indica que el Sistema Nacional y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrán 180 días para realizar las adecuaciones necesarias en el Protocolo Homologado de Investigación y el Protocolo Homologado de Búsqueda, respectivamente, conforme al presente decreto.
La minuta pasará al Senado para su análisis y votación.
De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), la crisis forense en México es tan fuerte que para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes.
Además no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda explicó que una de las grandes limitaciones encontradas en la ley es que no da capacidades de identificación humana a las comisiones de búsqueda del país, que quedan supeditadas al trabajo de otras instancias.
“Nosotros encontramos algo, levantamos la mano, tiene que llegar el MP, se llevan los restos y ahí nosotros perdemos toda la trazabilidad. Aunque la base le toca a la fiscalía, sí pedimos información sobre los cuerpos, las identificaciones, pero la recibimos muy a cuentagotas por parte de las fiscalías”, advierte.
Para la comisionada, esta situación es reflejo de que México necesita “pensar como Estado” y avanzar en el desarrollo de capacidades nacionales de identificación.
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