La planta de saneamiento de San Mateo Huitzilzingo, Estado de México, todavía no funciona. Aunque ejidatarios de la zona donaron terreno con la esperanza de obtener agua para sus cultivos y se han destinado 108 millones de pesos, la obra está rodeada de irregularidades, y no hay garantía de que el recurso llegue a la población.
Los ejidatarios de Huitzilzingo, acompañados por organizaciones, presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las irregularidades, pero hasta la fecha han tenido que trabajar con el agua contaminada, sin ver que avance el proyecto o se emitan sanciones.
“No tenemos agua para nuestros cultivos. Ahí nos afectó mucho, porque si a nosotros nos hubieran puesto la planta tendríamos agua suficiente”, comenta en entrevista Benjamín López uno de los ejidatarios de la localidad de Huitzilzingo.
Al inicio del proyecto, los ejidatarios acordaron con autoridades que donarían una parte de sus parcelas a cambio de obtener agua saneada que les serviría en sus cultivos, explica López. Pero tiempo después los funcionarios cambiaron el lugar de la obra a un terreno particular, sin realizar estudios de suelo, ni garantizarles agua.
Y aún así, la planta está abandonada, no hay agua saneada para el apio, lechugas, coliflor, brócoli, chiles y otras hortalizas que cultivan.
“Tenemos que utilizar el agua del río Amecameca, pero es agua sucia, agua de drenaje que tenemos que ocupar para nuestras hortalizas, no nos han dado otra solución”, comenta el ejidatario.
En conjunto con las organizaciones Fundar y Controla Tu Gobierno, los ejidatarios presentaron denuncias ciudadanas por irregularidades como el cambio original de la obra, las asignaciones adicionales y los retrasos en la construcción y fecha de entrega.
Sin embargo, a dos años de que se presentaron los recursos, los ejidatarios y las organizaciones se dijeron inconformes con las acciones tomadas por parte de las autoridades, dado que la planta sigue inmóvil.
Las respuestas de las entidades fiscalizadoras “generan preocupación respecto a la atención del Estado de los mecanismos ciudadanos en el combate a la corrupción”, dice un comunicado conjunto de las organizaciones.
En este sentido, acusan que la SFP envió el caso al Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Agua (OIC CONAGUA) y la Contraloría del Estado de México, pero el expediente terminó archivado bajo el argumento de que no existían “suficientes elementos para determinar la responsabilidad de servidores públicos”.
Y aunque la ASF sí realizó una auditoría en la que confirma la “inversión ociosa con recursos públicos” de 108.5 millones de pesos, solo identificó que había 7 millones de pesos pendientes por aclarar.
Para Benjamín López, las sanciones sobre el caso, más que buscar encarcelar a las personas responsables, deberían ser al respecto de la reparación del daño y construir la planta donde se había proyectado originalmente.
“Que se haga una nueva planta, porque no cuesta 108 millones, el proyecto original era de 46 millones”, comenta.
Los hallazgos de la ASF
De acuerdo con la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas, en este proyecto se llevó a cabo una inversión ociosa que “no cumple con el objetivo” ya que no está produciendo el beneficio esperado, toda vez que la planta no ha entrado en operación, aun cuando su conclusión estaba programada para enero de 2018.
Además, acusa que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia” por la “deficiente planeación, programación y presupuestación del proyecto”.
Y que el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, “porque no hay evidencia que justifique el cambio de sitio ni se contó con nuevos estudios para la ejecución del proyecto”.
