Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció que el acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya busca para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados es ilegal, debido a que los daños que este causó ascienden a miles de millones de pesos.
En una carta enviada al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la que este medio tiene copia, Treviño manifiesta su oposición a que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cierren un pacto que, consideró, dejará en la impunidad los delitos que se imputan a Lozoya.
El viernes pasado, Animal Político publicó que la FGR (que ya acusó formalmente a Lozoya de recibir sobornos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados) estaría dispuesta a dejar en libertad al exfuncionario si este logra acordar con Pemex y con la UIF un arreglo económico que repare el daño generado por los delitos que cometió.
La fiscalía considera que la suspensión de los procesos es procedente dado que Lozoya ha colaborado con las autoridades denunciando hechos mayores de corrupción en contra de otros funcionarios, entre ellos, el propio Treviño, quien lo sucedió en la dirección de Pemex en el sexenio pasado.
Sin embargo, Treviño expone en la carta a Gertz una serie de argumentos legales que, a su juicio, hacen improcedente el conceder a Lozoya ese beneficio. Incluso, advierte que los funcionarios que así lo lleven a cabo podrían estar cometiendo un delito.
Entre otras cosas, el exfuncionario federal señala que, de acuerdo con el artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño debe incluir “cuando menos” la indemnización del daño material y moral causado por los hechos que se le imputan al probable responsable y no solo la restitución de los bienes o de la cosa obtenida del delito.
Este medio publicó que Lozoya había ofrecido pagar 10.5 millones de dólares (unos 220 millones de pesos) como concepto de reparación del daño, que equivale al dinero que recibió en sobornos de Odebrecht y Altos Hornos, según la propia acusación de la FGR presentada en enero ante un juez. Sin embargo, las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estiman en más de 5 mil 287 millones de pesos las pérdidas y los daños causados justamente por esos contratos entregados como resultado de los sobornos.
“Se ha pretendido desviar la atención de las condiciones que en realidad se tienen que cumplir para cubrir la reparación del daño, en términos de ley pues si esta se aplicara en sus términos, no únicamente debería partirse de la base de lo que Lozoya obtuvo como beneficio indebido derivado de las conductas que realizó. Las cantidades que ofrece serían apenas cercanas a lo que obtuvo ilícitamente, pero no constituyen la indemnización del daño causado”, añade Treviño.
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El exfuncionario federal, quien encabezó la dirección de Pemex del 2017 al 2018, responsabiliza a Lozoya de haber eliminado, apenas al haber asumido la dirección de Pemex, la denominada “cláusula de inmunidad soberana”, relacionada con el contrato de la planta Etileno XXI firmado con Braskem (filial de Odebrecht), lo cual benefició a esa empresa en detrimento de Pemex. La petrolera tuvo que absorber pagos por 2 mil 813 millones de pesos por concepto de penalizaciones.
Por otro lado, el exfuncionario recuerda que, de acuerdo con el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios únicamente son procedentes para delitos que se persiguen a partir de denuncia, pero no para aquellos que se siguen de oficio, como son justamente los que se imputan a Lozoya: asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
“Por lo anterior es claro que constituye una ilegalidad autorizar como reparación de daño una cantidad de dinero que no se corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Emilio Lozoya”, indica Treviño.
Este es el segundo posicionamiento que se hace llegar a las autoridades en contra de un posible acuerdo en favor de Lozoya. La semana pasada, la organización civil especializada en temas anticorrupción TOJIL envió un oficio al juez del caso en el que le pide abiertamente no validar un posible arreglo, con argumentos similares. Es decir, que es improcedente debido a los delitos que se imputan al exfuncionario, y que los perjuicios causados por los hechos ilegales que se le atribuyen son mucho mayores a lo que el exdirector de Pemex pretende ofrecer.
Para que el acuerdo reparatorio que Lozoya busca sea procedente, confirmaron penalistas consultados por Animal Político, no solo se requiere del aval de Pemex (y de su Consejo de Administración), sino que, además, es necesario que la UIF le otorgue un “perdón” a Lozoya (en su calidad de ofendida por el delito de lavado de dinero), y que el juez responsable, Artemio Zúñiga, valide que los requisitos se cumplan.
Y acusa falsedad y desinformación
En la misma carta enviada a Gertz el día de ayer, Treviño recuerda que desde septiembre del año pasado presentó una denuncia en contra de Lozoya, por la presunta falsedad de declaraciones en las que ha incurrido para intentar acceder a un criterio de oportunidad.
Esto, en relación con la denuncia que hizo Lozoya ante el Ministerio Público, y en la que acusó a Treviño de verse beneficiado con pagos presuntamente ilegales provenientes de Odebrecht y su filial Braskem, en relación con el contrato de la planta Etileno XXI. Esta denuncia derivó en una orden de aprehensión en contra del propio Treviño por no presentarse a la audiencia inicial a la que fue citado.
“Aunque esas denuncias ya han sido desestimadas por la propia FGR mediante una acusación formal en contra de Lozoya (en la que establece que este fue el único beneficiario del dinero de Odebrecht) han omitido establecerlo así en la carpeta de investigación con motivo de sus falsos señalamientos”, dice el exfuncionario.
En ese contexto, Treviño pide a Gertz que se le informe a través de sus abogados el número de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia en contra de Lozoya y el estado en que está la misma.
