“Un grupo de personas armadas llegó al domicilio de la casilla, amagaron a los funcionarios y la CAE (Capacitadora Asistente Electoral) contra la pared, tomaron las papeletas y las marcaron; posteriormente, las depositaron en las urnas”.
Esta es la denuncia que un funcionario de casilla reportó al INE por hechos de violencia ocurridos en el Distrito 10 de Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado domingo, durante la jornada de votación en la consulta de revocación de mandato. Los hechos ocurrieron en las casillas básica y contigua de la sección 242, lo que derivó en la anulación de los sufragios contenidos en esas urnas.
“Un grupo de pobladores armados con machetes se presentó en la casilla amenazando a los funcionarios, cerrando el auditorio donde se instaló la casilla y desalojando a los funcionarios”, dice otro reporte levantado en las secciones 241 y 242 del Distrito 38 de Texcoco, Estado de México.
En ese municipio, gobernado por Morena, se determinó suspender la votación en ocho casillas por este tipo de amenazas y actos de violencia.
“Un grupo de aproximadamente 30 personas se presentaron en la casilla, amedrentando al presidente de casilla, exigiéndole que se retirara o quemarían la documentación”, se reportó en la urna de la sección 240 de Texcoco.
En otro caso, se documentó que pobladores de Nexquipayac, perteneciente a Atenco, llegaron a las casillas básica y contigua de la sección 243 de Texcoco y amenazaron a los funcionarios, “por lo que inicialmente se cambió de ubicación la casilla, sin embargo, nuevamente se presentaron en el domicilio alterno amedrentando a los funcionarios”.
Los actos de violencia y amenazas sumaron 16 casos en la jornada del pasado domingo y también ocurrieron en distritos de Michoacán y Chiapas.
En varios casos, el INE decidió anular los sufragios contenidos en las urnas alteradas, pero en otros admitió contabilizar los votos emitidos antes de que se determinara la suspensión de la participación para resguardar la seguridad de funcionarios y ciudadanos.
El PRD solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la anulación de todo el proceso de revocación, debido a sistemáticas anomalías que afirma haber detectado en cientos de casillas, no solo por los amagos y actos de coacción al voto libre, sino también por los 32 casos en los que se registraron más sufragios que los previstos en el listado nominal, como reveló Animal Político.
En Chiapas, donde se reportó la mayor cantidad de irregularidades en casillas a nivel nacional, no solo hubo coacción del voto, sino acarreo y robo de papeletas, de acuerdo con las denuncias de capacitadores y funcionarios de casilla enviadas al INE.
“Como capacitador estuve en la instalación de las casillas, y me cercioré, junto con los funcionarios de casilla, que las papeletas estaban completas, y después salí a recorrer mis otras casillas para enviar mi reporte. Cuando regreso, veo que había un buen número de votantes pero solo quedaban pocas papeletas”, dice un reporte recogido en la sección 1890 del Distrito 10 de Villaflores, Chiapas.
“Le pregunté al presidente de casilla qué es lo que había sucedido y me indicaron que hubo un momento en que se presentaron muchos ciudadanos a votar y tuvieron que auxiliar a algunos adultos mayores. Creen que fue en ese momento que se pudieron robar las papeletas, por eso hicieron falta muchas papeletas”.
En ese distrito, sin embargo, la votación no fue anulada. En ambas urnas manipuladas reaparecieron las boletas y se contaron 2 mil 647 votos, lo que significó una sobreparticipación de 100.9%, ya que, según el listado nominal, podían votar 2 mil 623 personas. La mayoría de los sufragios fue de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la sección 634 de Bochil, se denunció que ciudadanos “interrumpieron la votación, queriendo arrebatar los paquetes electorales a los funcionarios de mesa directiva de casilla, por lo cual hubo confrontación con personas que se encontraban en la fila”.
En esa sección, los votos tampoco fueron anulados y sumaron 3 mil 885, un 100.6% de la participación. En este caso, la mayoría de los sufragios también fue de apoyo a la “ratificación” a López Obrador.
En Michoacán, en la sección 1806 de Pátzcuaro, se denunció que “un grupo de personas arribó durante la instalación de la casilla negándole el paso a los ciudadanos para ejercer el voto, cerrando las puertas de las instalaciones y tomando las boletas”. Esos votos fueron anulados.
“Se acredita que existió violencia física sobre los electores y funcionarios de casilla, tal como se demuestra en lo asentado en la hoja de incidentes de los propios funcionarios de casilla y en el acta de la jornada electoral, en la que se manifiesta que se presentó el acarreo de personas que culminaron robando boletas, agresiones y amenazas con instrumentos punzocortantes como machetes y armas de fuego contra funcionarios de casilla, así como amenazas contra los funcionarios de quema de urnas, por lo que esta autoridad electoral debe considerar la nulidad de la votación recibida en estas casillas”, señaló el PRD.
El PRD demanda nulidad
En su impugnación, el PRD documentó que en varios estados hubo 100 casos donde funcionarios reportaron la existencia de propaganda en el interior o exterior de la casilla, lo que vulneró el derecho al voto libre, y 379 casos donde el representante de algún partido, o alguna persona ajena a la casilla, intentó influir en el sufragio de los ciudadanos.
El PRD también reportó que 21 casillas fueron cambiadas de ubicación sin una justificación prevista en la normatividad electoral, lo que desorientó a la ciudadanía, y que en 789 urnas se permitió la votación de personas que no pertenecían a la sección donde emitieron su sufragio.
Por la sistematicidad de las irregularidades, el partido del sol azteca solicitó al TEPJF anular todo el proceso de consulta revocatoria, al acreditarse la violación a los principios de elecciones libres y auténticas, la certeza y la legalidad del proceso electoral, y la equidad de la contienda.
Esta semana, el TEPJF recibió la documentación que le envió el INE sobre la consulta revocatoria. Ahora, procederá a analizarla para pronunciarse sobre la validez o no del ejercicio.
