En México, por falta de acceso a servicios de salud o por la deficiencia y lentitud de estos, 24.3 millones de familias pagan de su bolsillo cuando necesitan atención médica y medicamentos. Los más afectados son los hogares de ingresos más bajos. Pero, además, toda esta población queda expuesta a abusos en los servicios privados, de acuerdo con un estudio de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, presentado este martes.
El acceso a la salud condicionado al trabajo no está funcionando y resulta excluyente para la mayoría. El 61% de la población ocupada carece de afiliación a la seguridad social, son 34.5 millones de personas, la mitad forman parte de la informalidad laboral, pero la otra mitad sí tiene empleos y sus patrones no los afiliaron, señaló durante la presentación del estudio Norma Lorena Loaeza, especialista en salud de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
#ENVIVO @Norenaloeza: La salud es un derecho, no es una prestación social ni una mercancía.
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La situación de las mujeres es más grave: 16 millones están excluidas del sistema de salud. La otra gran exclusión es la de las personas en pobreza extrema, 10.8 millones de ellas, de acuerdo con el Coneval, carecen de acceso a la seguridad social y 57% carece de acceso a servicios de salud.
Aunque tener seguridad social no quiere decir en México tener acceso efectivo y eficiente a la salud. El incremento del gasto de bolsillo para atención médica no solo corresponde a la necesidad insatisfecha del acceso al sistema público, 57% de las personas afiliadas al ISSSTE fueron a consulta privada en 2020, lo mismo que 45% de los del IMSS y 29% de los que están afiliados a otros servicios, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2020).
Esto es grave porque teniendo seguridad social las carencias del sistema hace que la gente deba buscar atención privada y a vece se enfrentan a servicios particulares también deficientes y con altos costos, recalcó Loaeza.
De acuerdo con la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, en un hospital de rango medio el costo por atención hospitalaria a un paciente de COVID-19 es de 603 mil pesos, mientras que en uno de rango alto este costo es de 522 mil pesos. Lo que quiere decir que los hospitales de menor rango cobraron más.
En cuanto a medicamentos, Loaeza señaló que Rendesivir, por ejemplo, costaba 27 mil pesos en promedio y seis meses después su costo era de 107 mil pesos, casi el cuádruple.
Entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de septiembre de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor atendió 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas. También se reportó un aumento de entre el 15 y 20% en los costos de servicios en hospitales privados.
Arantxa Colchero, investigadora de la dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación de Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), específico durante la presentación de este análisis, que del total de la población, con derechohabiencia y sin esta 57% se atendió en un lugar privado y solo 43% en un público. De los que acudieron a servicios particulares, 18% lo hizo a un consultorio adyacente a farmacia.
Entre 2018 y 2020, de acuerdo al análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hubo un aumento en el gasto de bolsillo en salud de 44% en el conjunto de la población. Los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral en salud, a mil 267 pesos en 2020.
Todo esto se debe a un sistema de salud fragmentado, desigual y que depende de la condición laboral, subrayó Colchero, además es un sistema que no tiene recursos suficientes para garantizar cobertura efectiva particularmente a la población más pobre, por eso el crecimiento de los consultorios adyacentes a farmacia, que no están regulados, el gasto de bolsillo es más alto por todos los medicamentos que recetan y los médicos están menos calificados que los del sistema público.
Colchero recalcó que es muy importante la regulación de antibióticos en los CAF, donde hay un incentivo para prescribirlos y vender, “además abusan de que la gente cree que si no le dan antibióticos no se van a curar y los virus, por ejemplo en el caso de COVID, no se curan con antibióticos”.
Como parte del análisis hecho por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la organización plantea que para garantizar el derecho a la salud se requiere un sistema con cobertura universal, centrado en las personas, reducir el gasto de bolsillo, desvincular el acceso a la salud de las prestaciones laborales y priorizar un modelo de atención primaria que prevenga las enfermedades y su complicación.
Para transitar progresivamente hacia un sistema de salud, sin condicionamiento por la situación laboral ni basado en la capacidad de pago, es preciso eliminar las principales barreras de acceso, especialmente para quienes viven en condición de pobreza y en zonas de mayor rezago social.
Una visión integrada del sistema de salud, dice el análisis, incluye al sector privado y la responsabilidad de las autoridades de supervisar que se cumpla la reglamentación, para evitar abusos, como el cobro excesivo o el sobreprecio en medicamentos.
El nuevo plan para dar atención a la población sin seguridad social, anunciado el 15 de marzo por el gobierno federal, que propone la recentralización de la prestación de servicios de salud mediante convenios con el IMSS Bienestar presenta riesgos, subraya el análisis de la organización, pues parece no considerar el presupuesto adicional requerido y estar muy centrado en infraestructura y equipamiento de hospitales. Pero a la vez abre oportunidades de integración funcional que pueden acercar a la cobertura universal y superar la segmentación.
