La Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó al Estado mexicano reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato y, entre otras medidas, establecer en ella mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer quiénes financian la publicidad a favor o en contra de alguna de las opciones que aparezcan en la boleta.
Tras concluir su misión de observación en México por la jornada del domingo, el organismo señaló en su informe que la legislación vigente sobre la revocación es vaga y no regula cuánto pueden invertir en propaganda instancias como asociaciones civiles, empresas y ciudadanos, lo que puede fomentar la opacidad y el desequilibrio.
“La Misión advierte por otra parte que, si bien en algunos aspectos el modelo vigente resulta restrictivo, en otros se encuentra evidentemente poco regulado. Por ejemplo, actualmente no existe ningún tipo de límite a lo que ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil o empresas pueden gastar en propaganda en la vía pública o en redes sociales. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer quiénes están promoviendo cada una de las opciones en consulta”, señala el documento.
La OEA afirmó que se debe regular la compra de propaganda, especialmente de parte de empresas, a fin de evitar posibles inequidades entre las campañas a favor y en contra de la revocación de un funcionario público.
También sugirió mecanismos para garantizar que la ciudadanía acceda a la información de quién o quiénes están financiando propaganda favorable a cada posición.
Dilucidar quién estuvo detrás de la publicidad a favor de la consulta revocatoria y de una de las opciones en la boleta (la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador), y cuál fue el verdadero rol de la organización Que Siga la Democracia, fue un reto para el Instituto Nacional Electoral (INE).
Animal Político documentó que dicha asociación desplegó una campaña masiva en todo el país, que incluyó asambleas informativas, anuncios espectaculares, pintas en bardas y entrega de panfletos a domicilio. La AC declaró al INE que no pagó uno solo de esos medios de difusión, y sostuvo que se trataba de aportaciones en especie de ciudadanos.
No obstante, el árbitro electoral estimó que tan solo el alquiler de espectaculares costó al menos 5.4 millones de pesos, y cuestionó que ciudadanos comunes y corrientes estuvieran dispuestos a pagar esos costos, tomando en cuenta el poder adquisitivo en el país.
INFORME PRELIMINAR | Informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros de la #OEAenMéxico para la #RevocacionDeMandato.https://t.co/xmAads3eaJ pic.twitter.com/c7RKIQpXzd
— OEA (@OEA_oficial) April 12, 2022
Además, este medio documentó que quien “donó” los anuncios que fueron desplegados en el Metro de la Ciudad de México es la representante legal de tres empresas que son contratistas del gobierno de Claudia Sheinbaum.
En su informe, la OEA criticó que la Ley de Revocación no permita a la autoridad a ser revocada argumentar y posicionarse a favor de su continuidad, por lo que también recomendó modificaciones legales para volverla menos restrictiva.
“Con base en el análisis de la normativa vigente y lo observado a lo largo del proceso, la Misión coincide en que el modelo de comunicación vigente para procesos de revocación de mandato es sumamente restrictivo. Más allá de la discusión sobre la posible participación de los partidos políticos, que algunos entienden podría desvirtuar la naturaleza de este tipo de proceso de democracia directa, la Misión considera que la persona cuyo mandato se encuentra en cuestión debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión”, cita el informe.
Organismo recomienda dar al INE recursos necesarios
La misión de observación de la OEA expresó su preocupación por el recorte al financiamiento requerido por el INE para organizar correctamente la consulta de revocación de mandato.
En su informe, señaló que la disminución presupuestal impactó directamente en la cantidad de casillas que se instalarían en el ejercicio, pero también redundó en que se contratara a menos Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE), se redujera el apoyo financiero a los consejos distritales y locales, se utilizara papel convencional para la impresión de boletas y se dispusieran menos insumos sanitarios en las casillas.
La OEA señaló que no es la primera vez que se le niegan al INE los fondos necesarios para organizar un ejercicio de participación directa, pues lo mismo sucedió el año pasado en lo relativo a la consulta popular.
“La Misión comprende las limitaciones fiscales que enfrentan los países de la región en la actualidad, en un contexto todavía marcado por la pandemia de COVID-19 y el impacto que esta ha tenido en las economías nacionales. Sin embargo, para que las autoridades electorales sean capaces de cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, es fundamental que se les garantice el presupuesto y que este sea entregado oportunamente. La Misión desea además resaltar que, dada la naturaleza de los mecanismos de democracia directa, debido a que estos no son procesos con fecha de realización periódica o previamente fijada, la asignación presupuestal es una condición indispensable para su realización”, dice el reporte.
“La Misión advierte con preocupación que esta es la segunda vez en dos años consecutivos que al INE no se le garantizan los recursos solicitados para la organización de un proceso electoral, y espera que esta tendencia no se consolide, dado que podría tener un impacto nocivo sobre su fortaleza y autonomía”.
