Aunque el patrón de mujeres jóvenes desaparecidas en Nuevo León se ha acentuado en los primeros meses de este año, la crisis de desapariciones en ese estado, que suma 199 casos en lo que va de 2022, tiene como antecedente al menos 10 años de impunidad, ausencia de acciones preventivas, estigmatización a víctimas y, ahora, falta de operatividad y coordinación entre instituciones.

La frecuencia de desapariciones en el estado prácticamente no ha variado en un año: 199 personas permanecen desaparecidas desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2022, una diferencia de solo 11 frente a las 210 aún desaparecidas del mismo periodo del año anterior. En este contexto se da la creciente desaparición de mujeres jóvenes, uno de varios patrones estatales identificados a lo largo de los años, como las desapariciones en el kilómetro 26 de la carretera 85 Monterrey-Nuevo Laredo o las de mujeres del municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021.

Con estos números, Nuevo León es la cuarta entidad del país con más desapariciones, detrás del Estado de México (10 mil 848), Tamaulipas (11 mil 923) y Jalisco (14 mil 937).

La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León  (FUNDENL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coinciden en que la crisis histórica de desapariciones en el estado es muestra clara de lo que sucede a nivel nacional, algo descrito por el Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) —en el informe de su visita a México— como el paradigma del crimen perfecto: “Mientras el comité resalta la riqueza de las herramientas existentes en México para abordar las desapariciones, le preocupan las graves deficiencias encontradas en su implementación”.

“Todo se ha quedado en letra muerta: las familias siguen denunciando que les siguen diciendo que se tienen que esperar horas para poner su denuncia, vemos que no activan eficientemente los protocolos y las instituciones no actúan con la diligencia que deberían”, enfatiza en entrevista Angélica Orozco, integrante de FUNDENL. 

Otra preocupación que expresa el CED en su informe es que “muchas de las herramientas disponibles sigan siendo poco conocidas y aplicadas; pocos fiscales desarrollan el análisis de contexto y aplican los protocolos de búsqueda y de investigación”. De acuerdo con María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro Pro Juárez, lo que sucede en Nuevo León es buen ejemplo de la falta de coordinación y reacción en los distintos niveles del Estado.

Angélica Orozco lamenta que todo el trabajo impulsado por las familias en Nuevo León se haya traducido en leyes, instituciones y protocolos que “ya nada más deberían estar funcionando”. Reclama que, por ejemplo, la Comisión Local de Búsqueda no cuenta todavía con el consejo ciudadano que debería tener. 

“Aparentemente, ha habido avances en el papel, en el escritorio, pero han faltado resultados, y los resultados serían que comiencen a localizar a las personas desaparecidas, a regresarlas a casa y que nadie más pueda ser desaparecido; sin embargo, la cifra sigue aumentando”, afirma.

De acuerdo con la organización Cómo Vamos Nuevo León, la reciente desaparición de mujeres jóvenes en el estado se da en un contexto de violencia de género en el que entre enero y marzo de 2022 se registraron 21 feminicidios y 54 tentativas de feminicidio; es decir, a la semana intentan asesinar a cuatro mujeres y asesinan a casi dos por razones de género.

En tanto, el RNPDNO muestra que, de las 210 personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 15 de abril del 2021, la mayor proporción era de hombres de entre 20 y 50 años de edad; sin embargo, mientras que en el rango de 15 a 19 años el número de mujeres desaparecidas (15) ya se acercaba mucho al de hombres (19), en el de 10 a 14 años lo superaba (ocho mujeres y cinco hombres). Para el mismo periodo de 2022, aunque los hombres de 20 a 50 años siguen siendo la mayor proporción de personas desaparecidas, cuando se trata del rango de 10 a 19 años de edad, las mujeres desaparecidas son el doble: 11 mujeres y cinco hombres de entre 10 y 14 años, así como 15 mujeres y siete hombres de entre 15 y 19 años.

“Vemos, en general, que son mujeres jóvenes. Nosotras hemos alertado que en ciertas situaciones, como en Sabinas, donde desaparece cierto grupo de mujeres, pudiera seguirse una línea de trata; sería una línea de investigación que, a final de cuentas, tendrían que descartar cuando se trata de mujeres jóvenes y en grupo, y dar una perspectiva de género a las investigaciones, pero los ven como casos aislados solamente y por eso no hay investigaciones efectivas”, apunta Angélica Orozco.

Sobre el patrón detectado en el municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021, recuerda que las Fuerzas Unidas conocieron e informaron sobre al menos 11 casos de desapariciones de mujeres, de las que tres fueron localizadas sin vida, con ciertas características comunes que la organización tuvo que señalar a las autoridades. 

“Mucho les insistíamos en que vieran el contexto de que son mujeres jóvenes, más o menos de la misma edad, desaparecen en un mismo territorio; después nos enteramos que había ciertas particularidades en las carpetas que nosotras se las tuvimos que hacer ver a ellos. Entonces, no están analizando el contexto y no están teniendo una perspectiva de género para investigar las desapariciones ni para buscar a las personas desaparecidas”, lamenta.

En el informe de su visita a México, el CED señala estados específicos en los que la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional, que es del 25%. Por ejemplo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, donde además se trata en su mayoría de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. 

Aunque Nuevo León no está en ese caso, en el segundo semestre de 2021, de acuerdo con el RNPDNO, se registró un incremento del porcentaje de mujeres desaparecidas en el estado, al pasar del 27.3% en el primer semestre al 32.1%. La cifra es alta en el rango de 15 a 19 años, edad que tenían 45 de las 156 mujeres desaparecidas en la segunda mitad de ese año —en la primera mitad, sumaban 28 de un total de 109—. Del mismo periodo, en Sabinas Hidalgo permanecen desaparecidas nueve mujeres.

En su informe, el CED precisa que, a nivel nacional, “las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia. Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.

Apenas unos días después de que el gobernador Samuel García emitiera el decreto extraordinario para crear un grupo especial de búsqueda ante los casos más recientes de mujeres jóvenes, el 13 de abril la titular de la Comisión Local de Búsqueda, María de la Luz Balderas, declaró que en Nuevo León la mayoría de estos reportes corresponde a quienes se ausentan de manera voluntaria. 

“Nos preocupa que (la respuesta) venga acompañada de declaraciones como las de la comisionada, que minimizan este delito. No es congruente que salgan a decir que van a implementar un grupo para buscarles, y luego dicen que se fueron por su voluntad”, reclama Angélica Orozco.

Estigmatización de las víctimas

Como parte de las recomendaciones del CED al Estado mexicano, está “implementar de forma urgente una amplia campaña nacional de información y sensibilización, que llegue a todos los sectores de la población y, entre otros objetivos, contrarreste la estigmatización a la que se enfrentan diariamente las víctimas”, pues de acuerdo con los testimonios recabados por el comité es común que reciban comentarios, incluso por parte de las autoridades, que les culpabilizan o justifican la desaparición en sus propias acciones.

Muestra de ello ha sido el reciente caso de Debanhi, joven de 18 años que desapareció presuntamente cerca de la carretera a Laredo, después de asistir a una fiesta en la madrugada del sábado 9 de abril. Tras conocerse estos detalles, en redes sociales han proliferado los cuestionamientos a su manera de actuar y a la de sus amigas. 

“Desde hace 10 años, siempre es lo mismo, por lo que hemos luchado y hemos peleado: que se fue con el novio, que porque andaba a altas horas de la noche en la calle, siempre buscan algo para estigmatizar a las víctimas, y ahora a las amigas. Todos tienen la culpa menos los autores, los delincuentes, los perpetradores y las autoridades que permiten estas condiciones. Eso ha influido en que siga sucediendo, porque minimizan el grave delito y su responsabilidad… crean un pensamiento en común de que solamente les pasa a algunas personas o estigmatizan a las víctimas para hacer esta división en la sociedad, y que permanezca ajena y no se involucre sino hasta que le sucede”, lamenta Angélica Orozco.

A su vez, María Luisa Aguilar subraya el reconocimiento que el CED hace a las mujeres que son quienes, principalmente, buscan a las personas desaparecidas, así como el llamado a la sociedad a involucrarse desde un tema de sensibilización: “En una crisis que estamos a punto de alcanzar las 100 mil personas desaparecidas, y alrededor de todas ellas hay un estigma muy presente y muy fuerte, poco se hará desde la sociedad para ser empáticos con sus familiares, con impulsar las búsquedas, con que se garantice el presupuesto”.

Para la FUNDENL, comenta Angélica Orozco, esto es de particular importancia porque el tejido social en Nuevo León está demasiado dañado: se trata de 6 mil 189 personas desaparecidas que son hijos e hijas, madres, esposas, esposos, “familias completas destruidas, niñas y niños que nos acompañaban a las búsquedas, y ahora ya son adolescentes que han crecido sin sus madres y sus padres”.