El 10 de noviembre pasado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó un plan para erradicar la venta de niñas en comunidades indígenas del estado, así como los matrimonios forzados. Sin embargo, a casi cinco meses de ello, no se ha implementado ninguna medida para enfrentar el fenómeno.
De acuerdo con un documento obtenido por Animal Político a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Mujer de Guerrero, a la fecha la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción”. Según el Presupuesto de Egresos del Estado, se contempló un monto de 5 millones 161 mil pesos para implementarla en 2022, pero hasta ahora los recursos “no se han autorizado”.
Este medio también consultó directamente a la Secretaría de la Mujer de Guerrero para conocer detalles de la planeación de la estrategia para erradicar la venta de niñas, así como su postura acerca de las críticas que se han planteado contra ella, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
Mientras tanto, continúa la práctica de vender a las niñas mediante una “dote” que paga la familia del novio que busca casarse con ellas. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado al menos 300 casos en los últimos cinco años.
Los retos de una estrategia que no contempla a las víctimas
Neil Arias, abogada de Tlachinollan, explica en entrevista que, hasta ahora, el gobierno de Guerrero se ha concentrado en realizar reuniones con organizaciones no gubernamentales para discutir el diseño del plan, centrado principalmente en la capacitación y sensibilización de funcionarios estatales y municipales, así como en programas sociales que apoyen a las comunidades.
Sin embargo, considera que esta estrategia es insuficiente, ya que no contempla medidas para que las niñas y adolescentes que denuncian ser víctimas de matrimonios forzados y otras violencias puedan reintegrarse a sus comunidades, donde son rechazadas después de acudir ante las autoridades por cuestionar prácticas que a nivel local están normalizadas.
Además, afirma que las autoridades comunitarias, que rigen en estas zonas por usos y costumbres, amedrentan a las jóvenes para que no denuncien, o bien, para que “regresen el dinero” que pagaron por ellas las familias de sus esposos, bajo la amenaza de que serán encarceladas si no lo hacen. En algunos casos, incluso las detienen junto con sus agresores hasta que aceptan reconciliarse con ellos.
“Nosotros conocimos las propuestas en reuniones a las que fuimos invitados. Sabemos que lo que están intentando las autoridades es la capacitación y sensibilización, pero no hay seguimiento para comprobar que realmente tomen en serio las medidas, para saber lo que realmente ocurre en las comunidades. Y a las mujeres no se les escucha, son encuentros de hombres decidiendo sobre sus vidas”, advierte Arias.
A las resistencias de cambiar la “tradición”, se suma el hecho de que, aunque las autoridades les han prometido acceso a programas sociales a las familias a cambio de que dejen de forzar a las niñas a casarse, en los hechos no han podido inscribirse para ser beneficiarias, pues la falta de servicios y la lejanía de las comunidades dificulta que cumplan con los tiempos y requisitos necesarios. Tampoco hay bancos para que cobren los apoyos, y los más cercanos están a horas de distancia, igual que las oficinas de gobierno.
Hasta ahora, en las reuniones a las que Tlachinollan ha asistido, ha presenciado que las autoridades comunitarias cuestionan la intención de erradicar los matrimonios forzados de niñas. “Dicen que nos preocupa mucho que no vendan a las menores de edad, pero no les dan soluciones a sus problemas para conseguir dinero por falta de trabajo, que no hay servicios de salud y los caminos para llegar a los pueblos están fracturados o abandonados”.
La práctica de vender a niñas para matrimonios forzados ha sido documentada en al menos 19 comunidades de una decena de municipios de Guerrero: Cochoapa el Grande (Joya Real, Dos Ríos, San Pedro el Viejo y Cochoapa el Grande), Metlatónoc (Chilixtlahuaca, Zitlaltepec, Yuvinani y Mini Numa), Alcozauca (Zoyatlán y Alcozauca), Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort (Santa María Tonaya), Atlamajalcingo del Monte, Buenavista, San Luis Acatlán, Igualapa (Acalmani y Chimalapa) y Tlacoachistlahuaca (Jicayán del Tovar, Santa Cruz Tucucaní y Yoloxóchitl).
Si denuncian, las niñas y sus familias salen perdiendo
En los últimos meses de 2021, Tlachinollan acompañó dos casos que evidencian las problemáticas que enfrentan las niñas que deciden denunciar a sus familias por venderlas, o a sus esposos y sus familiares por la violencia que ejercen contra ellas, y que las autoridades de Guerrero no han tomado en cuenta en el diseño de la estrategia para erradicar esta venta.
Angélica y Anayeli no se conocen entre sí, pero ambas nacieron en Cochoapa el Grande y antes de ser mayores de edad —y de terminar la primaria— fueron obligadas por sus familias a casarse con hombres que pagaron miles de pesos por ellas.
Con 11 años, Angélica fue forzada a contraer matrimonio con un adolescente de 12 años, cuya familia pagó 120 mil pesos como “dote”.
A lo largo del tiempo que estuvo casada, Angélica fue maltratada por la madre de su marido, quien la obligaba a realizar todas las labores domésticas y le decía que para eso habían pagado por ella. Además, su suegro abusó sexualmente de ella, todo mientras su esposo se encontraba en Estados Unidos, a donde migró para buscar empleo.
Atreverse a denunciar le costó haber sido detenida. La familia de su esposo la denunció con la policía comunitaria. Tuvo que pagar para ser liberada y solo ante la presión de activistas encarcelaron a su suegro.
Sin embargo, Angélica y su abuela —quien la ayudó a denunciar— no pudieron volver a sus comunidades. Las juzgan por haber denunciado y encarcelado al hombre que abusó sexualmente de la menor, y exigen que, si las mujeres regresan a sus domicilios, lo haga también el agresor.
En el caso de Anayeli, al no contar con familia que la recibiera después de huir para no ser forzada a casarse, fue llevada a una casa hogar del DIF Guerrero, donde actualmente se encuentra sin recibir más apoyo que el alojamiento, pues no hay intérpretes que permitan tomar su declaración para proceder contra sus agresores, ni para conocer cuáles son sus necesidades y brindarle atención psicológica.
Anayeli logró huir de Joya Real, Cochoapa el Grande, antes de que la familia del joven con el que pensaban casarla llegara para que se consumara la unión. Por esta decisión, quienes pagaron por ella la denunciaron ante policías comunitarios, y ambos menores fueron encerrados en una cárcel para llegar a un acuerdo.
La joven se negó al matrimonio, y por ello perdió comunicación con su familia y con la única comunidad y vida que conocía. Antes de terminar en una casa hogar en Chilpancingo, capital del estado, Anayeli solo había vivido en Joya Real, con las mismas personas, que hablan su misma lengua.
Tomando como ejemplo ambos casos, Neil Arias concluye que las acciones que ha presentado el gobierno de Guerrero como parte de su plan para erradicar los matrimonios forzados “no están a la altura de resolver estos problemas”.
“El tema no solo es sensibilizar para prevenir casos, sino saber qué hacer cuando ocurren los casos, o cómo apoyar a las niñas que consiguen huir antes de que se formalicen los acuerdos entre las familias. Porque desafortunadamente la vulnerabilidad de las jóvenes se mantiene aunque se evite el matrimonio”, alerta.
