Hacer periodismo en México: precariedad, desplazamiento e impunidad
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Fotos: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez/ Amapola Periodismo

¡Prensa, no disparen! Hacer periodismo en México: entre la precariedad, el desplazamiento y la impunidad

Desde el 2000 hasta marzo pasado, han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 están desaparecidos por su labor de informar, de acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Fotos: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez/ Amapola Periodismo
Por Vania Pigeonutt/Amapola Periodismo
6 de abril, 2022
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El 31 de enero pasado, el director del medio regional Monitor Michoacán, Armando Linares López, repudió el asesinato de su colaborador Roberto Toledo. Exigió justicia en lo que eran hasta ese mes las instalaciones de su portal, habilitadas como un set de televisión. 43 días después, el 16 de marzo, él también fue asesinado.

Armando fue el octavo periodista asesinado en 2022, a la mitad del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo periodo han matado a 33 colegas.

Enero fue un mes letal. Primero fue José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California, luego Roberto, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Febrero y marzo completó la cifra oprobiosa. Hebert López, en Oaxaca; Jorge Camero Zazueta, Sonora y Juan Carlos Muñiz, Zacatecas. Todos con armas de fuego. Todos impunes.

Desde el 2000 hasta este marzo, han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 desaparecidos por su labor de informar, de acuerdo a la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.

En estados al sur como Guerrero, donde ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, los periodistas sufren desplazamientos masivos; en el Estado de México, uno con altas tasas de feminicidio, secuestraron a una de las periodistas más críticas, Teresa Montaño, mientras que, en el estado del oeste, el efecto Monitor Michoacán ha hecho que cierren sus cortinas otros medios regionales, por mencionar algunos casos.

Antes de ser desaparecido o asesinado, un periodista mexicano padece la precariedad de su profesión— hay medios locales que pagan cuatro mil pesos al mes—, el acecho de políticos que responden con agresiones a las críticas, persecuciones y hostigamiento. Los freelancers la pasan peor, hay meses que no consiguen vender ni una nota o fotografía.

Lee: Con AMLO incrementan 85% los ataques contra la prensa: Artículo 19

Un periodista no tiene seguro de vida, tampoco capacitaciones constantes de parte de sus empleadores para cumplir con su trabajo, mucho menos en materia de seguridad, aunque lo mismo se mueven en las sierras donde se siembra amapola, en medio de enfrentamientos o en pueblos fantasma donde la gente huyó para conseguir una mejor vida.

Una nota de ocho columnas, le puede costar la vida, como a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo del 2017 o a Miroslava Breach, en marzo de ese mismo año y cuyo caso es de los pocos en donde hay detenidos: Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio de Chínipas, fue condenado a ocho años por participar en su homicidio .

Por poner un ejemplo de la informalidad laboral en la que se hace periodismo en México, en 2020 el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoé Robledo informó que en país 22 mil periodistas no están afiliados a un sistema de seguridad social.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para los medios, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Lo ubica en un lejano sitio, el 143 de 180 países evaluados, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021. En Latinoamérica, equiparables violencias viven Venezuela, Colombia y Brasil.

“La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado—especialmente a nivel local—, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría”, apunta RSF.

La violencia contra los periodistas en México, en un país con un promedio de hasta 100 asesinatos al día, es un fenómeno más que completa un abanico criminal que incluye feminicidios, desaparición forzada, desplazamientos, asesinatos a defensores de derechos humanos, entre otros. Al igual que la mayoría de casos, los homicidios y desapariciones de periodistas están impunes. El 99.3 por ciento de casos sin resolver, según Artículo 19.

Organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) han alertado que este sexenio se perfila como uno de los más violentos para la prensa en México, no sólo por los asesinatos y desapariciones, sino también porque el presidente López Obrador mantiene una confrontación diaria y abierta contra los medios de comunicación y periodistas que considera contrarios a su gobierno.

Su representante en México, Jan-Albert Hoosten, dice que el gobierno  de López Obrador debe demostrar voluntad política para resolver los crímenes contra la prensa, hacer claras sus reglas de operación sobre la publicidad oficial y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) que mantiene a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 defensores, hasta abril del año pasado.

El del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012)  había sido el período más letal para la prensa: 48 asesinatos en esos años que inició la “guerra contra las drogas”, una estrategia que envió a los militares a las calles, supuestamente a pelear contra las bandas criminales, a quienes en ese sexenio les atribuyeron las altas tasas violentas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 47 periodistas asesinados. Aunque con Calderón en cifras sólo fue un colega más, el hostigamiento y agresiones aumentaron año con año. Artículo 19 alertó que hasta 2018 cada 24 horas un periodista era agredido, mientras que con López Obrador la frecuencia escaló: cada 14 horas la organización registró un ataque contra la libertad de expresión hasta 2021.

Artículo 19 registró 507 agresiones a periodistas en 2017; en 2018, fueron 544; en 2019, sumaron 609; en 2020, 692 y en 2021 documentó 644.

Lee más: Es engañoso este comparativo sobre asesinatos de periodistas durante gobierno de AMLO

Todo esto, en un contexto de violencias traslapadas. El delito de feminicidio aumentó en un máximo histórico. Hasta 2021, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hubo mil cuatro casos de feminicidios, sin dejar de considerar que también las violaciones sexuales y la violencia familiar aumentaron durante la pandemia de COVID-19, en 2020.

Aunque la explicación presidencial refuta que hayan aumentado los delitos como consecuencia de una fallida estrategia de seguridad nacional, aún con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional—la corporación militar que suplió en tareas de seguridad a la Policía Federal que operó hasta el sexenio anterior—, al cierre del 2021 el gobierno de López Obrador registró más de 106 mil víctimas de asesinato.

Nuestra única defensa es una pluma

“Exhibir gobiernos, funcionarios y políticos corruptos nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros… Nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta”, fue el mensaje con el que Armando Linares exigió justicia el 31 de enero.

¿Qué pierde la sociedad cuando se cierra un medio, cuando asesinan a un periodista?

Montitor Michoacán era una voz importante para los ciudadanos de ese estado, característico por la cantidad de civiles armados y las estrategias de seguridad que han iniciado, como en diciembre del 2006, cuando Calderón comenzó allí su combate al narcotráfico con el despliegue de 7 mil soldados. Desde el asesinato de Armando Linares, al menos seis portales más pausaron su actividad. Algunos periodistas salieron de ese estado.

Desde el 2 de diciembre del 2021, dos meses antes de que asesinaran a Roberto Toledo, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció amenazas de muerte. No fue escuchado.

Este organismo, desde su creación en 2010, sólo ha logrado 149 órdenes de aprehensión y formal prisión para 14 personas de 247 indagatorias iniciadas. De este caso hubo detenciones, de acuerdo a lo que el equipo sabe, pero no por el asesinato de Roberto sino de Armando. También que fueron asesinados dos presuntos pistoleros a finales de marzo.

Sólo a  Armando Linares el gobierno federal le dio el estatus de periodista, Roberto Toledo fue tratado por el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, como un ayudante, demeritando de ese modo su colaboración periodística con Monitor Michoacán, aunque con su nombre firmó investigaciones que señalaban claramente corrupción política.

Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, considera que las características de los reporteros asesinados en 2022 ponen en evidencia la descomposición de los lugares, la corrupción política y cómo es en las regiones más apartadas donde registran el mayor número de casos, además, son los funcionarios, elementos de corporaciones policiacas y servidores públicos, los principales agresores .

Para Balbina Flores, representante de RSF en México, el periodismo local como el que hacía Roberto, es similar a casos como el de Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Reporteros en la calle que tienen sus propios medios, lo cual es más vulnerable, porque están alejados y solos.

“Es el periodismo más frágil y más solitario es el que se hace en los últimos cinco años en México. La impunidad se instala como la práctica más común a dónde las Fiscalías locales no les importa hacer investigaciones profundas y pueden pasar años y años los expedientes allí”, critica.

Lee: Parlamento Europeo aprueba resolución para pedir al gobierno mexicano proteger a periodistas

Un ejemplo de esto: Guerrero, Michoacán y por su puesto Veracruz, el estado más letal para la prensa con 31 asesinatos en los últimos 20 años.

Joel Vera repitió a la Feadle lo que ya habían denunciado en la Fiscalía local de Michoacán, que las amenazas provenían de funcionarios y políticos vinculados al ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, uno de ellos encarcelado en 2009. Él y su equipo están exiliados.

Dos homicidios después, con una querella iniciada con folio de investigación 100053/2021, en la que también compareció Armando Linares y reveló los nombres de varios políticos, no hay una sola indagatoria que indique al equipo, si el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís o el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, a quienes denunciaron con investigaciones sobre supuestos actos de corrupción, son investigados.

A Roberto Toledo lo sepultaron en Morelos, de donde era originario, había ido a ese estado en busca de oportunidades. “Lo importante era llevarlo donde está su papá, está la familia, es como le digo, lo llevamos para Cuernavaca, triste, porque no es la forma en la que la familia se reúne”, comparte su hijo.

Su hijo exige justicia, se siente vulnerable y le da miedo, como al resto de su familia, todo en torno al asesinato. Quieren que el Mecanismo de Protección a periodistas y todos los protocolos sirvan antes de que alguien denuncie amenazas. Después para qué. “¿Uno qué hace cuando su familiar ya está asesinado?”.

En Michoacán han sido asesinados del 2000 a la fecha 12 compañeros.

Vivir desplazado

Guerrero es uno de los estados más peligrosos para ser periodista. No sólo por sus insurrecciones, también cuenta con seguridad federal y presenta los más altos índices de violencia histórica. El 2013 fue el más mortífero: tuvo la tasa más alta de homicidio doloso, 69.57 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Muy por encima de la media nacional.

Desde 1999 a la fecha han sido asesinados 15 periodistas, el último, el 2 de agosto del 2020, Pablo Morrugares en Iguala. Las amenazas se cumplieron, porque a partir del 26 de septiembre del 2014, el día que fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa en ese municipio, la tragedia representó un hito para el periodismo local.

Al menos 30 colegas de la zona Norte, una región que colinda con los estados de México y Morelos han tenido que abandonar Iguala por amenazas. La mayoría no está en el Mecanismo de Protección.

Colegas entrevistados al respecto, sin revelar su identidad por seguridad, hicieron una narración de lo que ha pasado en los últimos siete años en Iguala.

Lee: Relator de la CIDH pide al gobierno suspender el ‘Quién es quién de las mentiras’ por violencia a periodistas

Una de las voces explicó que esta violencia se presentó desde 2012. No era tan visible pero ya comenzaban las extorsiones, secuestros, que los criminales se llevaran gente, que la reclutaran para sus actividades, cuando pasó la desaparición masiva del 2014. Fue a partir de que Iguala se convirtió en una gran fosa clandestina cuando la violencia escaló.

Tan sólo en los registros de los colegas locales, de 2014 a 2017 habían encontrado a 300 personas en los cerros. Cuando las organización criminal Guerreros Unidos se fractura por las detenciones que hubo en torno a Ayotzinapa, los colegas empezaron a recibir amenazas.

“Te decían qué publicar, que no. Los de la nota policiaca quedábamos en medio de esos dos grupos, mientras uno te amenazaba con no publicar cierta información, el grupo contrario te amenazaba si no publicabas información”, narra.

Los criminales hicieron grupos de WhatsApp y allí metieron a colegas. Les daban indicaciones.

“Mi incorporación al Mecanismo es desde el 2018, pero mi desplazamiento fuera de Iguala, lo hice por propios medios en 2020, porque el Mecanismo te obliga como opción ser desplazado, pero tiene que ser forzosamente fuera del estado, en mi caso, por la cuestión laboral no podía estar retirado de mi fuente de trabajo”, dice otra voz.

Los compañeros han recibido amenazas personales y a sus familias. Les arrebataron su tranquilidad. El desplazamiento no sólo afecta su economía, también la manera en la que hacían periodismo. Muchos dejaron de publicar noticias referentes a la seguridad. Actualmente en Iguala sólo hay dos colegas que trabajan en la nota roja.

Con el gobierno actual de Evelyn Salgado aumentaron los refuerzos de seguridad en ciudades con índices violentos como Iguala. Participan la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército sin que esto garantice a la población estar en paz.

No se escuchan los hechos de violencia en la misma frecuencia que hasta 2018, pero porque ya no hay quien los reporte como tal. Como ejemplo, hace unos días mataron a seis personas sin que nadie diga nada.

“Hay un antes y un después de Ayotzinapa. Lo que evidenció el caso es que hay mucha gente involucrada con el crimen organizado, desde comercios, gente que se dedicaba al cobro de cuotas, a la venta de narcóticos… me llama la atención que a la gente le incomoda, critica mucho las movilizaciones de organizaciones sociales, porque acabaron con la lucha social en la zona”, dice.

Lee también:  ‘No se hagan pendejos’: alcalde de Culiacán, Sinaloa, insulta a periodistas por cuestionar sus declaraciones

La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) considera que el gobierno estatal distribuye los recursos públicos de manera discrecional y es el principal agresor, tan sólo en 2017 registraron 32 agresiones en contra de 40 periodistas. El dirigente de esta organización, Jesús Guerrero, considera que los gobiernos de Morena, afines al presidente agreden aún más emulando el discurso golpista del presidente.

A salto de mata: así se hace periodismo en México

Tere Montaño, una reportera con 30 años de experiencia, quien probablemente es la mujer que más ha revisado el ejercicio público en el Estado de México fue secuestrada, ha padecido hostigamiento, amenazas, precariedad laboral, desplazamiento y censura.

En 2016 fue demandada por supuesto “daño moral” por cinco millones de pesos por parte de abogados de un regidor del municipio de Metepec, quien fuera secretario particular del exgobernador César Camacho Quiroz, cuando fungió como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que gobernó por más de 70 años México, por una investigación sobre contratos adjudicados por el gobierno mexiquense a empresas de dicho político.

En esa entidad fueron asesinados Enrique García y NevithCondés, uno de ellos ocurrido el 17 de junio del año pasado en Metepec y el otro sucedido el 24 de agosto del 2019 en Tejupilco, quienes al igual que Tere hacían un trabajo crítico. Ella ha publicado en varios medios nacionales y extranjeros. En El Heraldo de México la corrieron por presiones del gobierno del Estado de México. No bastó con esa intimidación, fue secuestrada en 2021.

“Durante el secuestro del año pasado, no sólo me privaron de mi libertad durante más de tres horas, saquearon mi tarjeta, se llevaron el contenido completo de un archivo, mi computadora, donde tenía documentos digitales de las últimas investigaciones, mi carro…”.

Ella tiene miedo de que sus secuestradores atenten contra su vida y la de su hijo. Las agresiones contra los periodistas aumentaron, pero también es importante que las autoridades revisen con transversalidad cada caso. Ella tuvo que poner una lonchería para sobrevivir porque no puede mantenerse como periodista, no la contratan.

“Lo que pasa que la amenaza fue hoy mañana o en dos años: regresamos por ti y por tu hijo. Los del Ministerio Público estatal me decían: ah no eso les dicen a todos…Me da miedo porque me quedo sola, con mi hijo, es un joven, pero yo siempre tengo miedo, a qué hora van a venir y se lo llevan”, confiesa.

Ve un panorama complejo para ser mujer, periodista y vivir en estados violentos como el suyo; además, no descarta que esta estrategia contra los periodistas en México venga de la oposición a López Obrador, en cuyo periodo es innegable, se siente con mayor vulnerabilidad.

“Sería espantoso, pero que no lo podemos descartar. Nos llama la atención a quienes hemos sufrido agresiones y por lo que vemos que en esta 4T-gobierno de López Obrador- se hayan incrementado las violencias, los asesinatos, coincide con esta esta guerra política que trae la 4T y la derecha, sería espeluznante que los asesinatos de periodistas formen parte de la estrategia de la derecha, sería horrible que nos estén utilizando”, dice.

Lee: Periodistas protestan en Michoacán; ‘dejen de usarnos como carne de cañón’, piden

El gobierno federal sigue sin clarificar el móvil de los asesinatos de periodistas ocurridos en lo que va del año para saber si estos estaban o no relacionados con su actividad profesional. Sólo reconoce el asesinato de seis comunicadores.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló en el último informe al respecto que hasta el momento hay 16 detenidos por cuatro de los seis homicidios que reconocen: 10 en el caso de Margarito Martínez, tres por el de Lourdes Maldonado, dos por Heber López y uno por Juan Carlos Muñiz.

Para la antropóloga Natalia Mendoza, quien ha estudiado las violencias en este país, sobre todo en cuanto a los fenómenos de desaparición forzada, es muy importante destacar el hecho de que los asesinatos y las amenazas contra periodistas han significado que ya no se cubra tanto la violencia en general, o “la nota roja”.

Reflexiona que es grave “que la sociedad en su conjunto se permita ignorar o sacar de su conciencia el hecho de que vivimos en un país con cifras de violencia espeluznantes”.

Para ella, esta actitud permite mantener la ficción de que todas esas muertes son de los que “andaban en algo” y que, por lo tanto, son menos preocupantes. “La falta de investigación fidedigna, tanto por parte de la prensa como de las fiscalías, contribuye a que aumente la violencia en general”.

Considera también que concretamente lo que hace falta en México es el periodismo judicial, que se sigan los procesos legales, que se vigile que haya investigaciones, que se familiarice al público con lo que debería ser la labor de las fiscalías y que siempre se ha dejado a la labor periodística. 

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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