A tres años de que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se le dieron atribuciones para, entre otras cosas, controlar gran parte del gasto con el fin de evitar la burocracia y la corrupción, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de transferir dichas facultades a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con expertos, este modelo podría caer en un retroceso para el control y la fiscalización del gasto público, pues la propuesta de reforma podría provocar el debilitamiento a los órganos directos de control, los cuales se han visto reducidos en recursos monetarios y materiales en los últimos años.
Expertos en contrataciones públicas, derecho y administración, consultados por Animal Político, coincidieron que las nuevas atribuciones que el presidente sugiere podrían colocar a la Función Pública en un conflicto de intereses o de funciones, pues sería juez y parte a la hora de encargarse de las compras y al mismo tiempo de fiscalización, sumado a otras funciones que actualmente ejerce.
En opinión del doctor José Roldán-Xopa, investigador y profesor de derecho administrativo del CIDE, de aprobarse la reforma, la SFP podría entrar en un conflicto de funciones, pues tendría actividades contradictorias como llevar compras gubernamentales, pero también tendría funciones de control de las mismas.
“En la medida que el secretario de la Función Pública tenga ambas funciones, me parece que tienen el gran riesgo de un conflicto de funciones, en las cuales una de ambas va a resultar sacrificada y me parece que la función que va a tener mayor riesgo de sacrificio es la función de control. Se reincide en un viejo problema que es que la Secretaría de la Función Pública o la función de control interno se realice eficazmente, porque la función de control interno debería tener autonomía respecto a las funciones controladas y aquí lo que está haciendo es sacrificar la autonomía”, dijo en entrevista el profesor Roldán-Xolapa.
Para Alberto Gándara, jurista con más de 25 años en la administración pública general, la iniciativa del presidente tiene nula imparcialidad.
“Ahora el secretario de Función Pública tendría las facultades de auto fiscalizarse y eso genera un cuestionamiento de nula imparcialidad, porque va ser quien administre contratos y va a fiscalizar esos contratos, pero lo más delicado de toda la reforma contempla reducir a los órganos de control interno. Siempre han estado minimizados porque nunca han tenido capacidad presupuestal suficiente para fiscalizar”, explicó Gándara.
La propuesta del mandatario contempla transferir a la SFP, la coordinación y conducción de la operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes de las dependencias, contemplando las entidades paraestatales, con excepción de la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y de las empresas productivas del Estado.
Ven retroceso
La iniciativa presentada el 26 de abril, quiere que la SFP, por medio de las áreas de Administración y Finanzas, esté a cargo de los órganos internos de control. Esto implicaría que los mecanismos de control del gasto no solo fiscalicen a una dependencia, órgano desconcentrado o entidad paraestatal, sino que uno solo pueda vigilar, prevenir o investigar a uno o a varios entes públicos.
La doctora y abogada en derecho administrativo, María de Jesús Alejandro Quiroz, aseguró que este esquema representa un retroceso, pues hasta ahora cada dependencia tiene su propio órgano interno de control y tienen limitantes presupuestales, pero aún así han logrado fiscalizar en un primer momento el desempeño de las dependencias y el manejo de los recursos.
“Esta tarea de fiscalización, en un ejercicio de prospectiva, pues tampoco es que se logre que sea más eficiente la fiscalización. Actualmente está siendo difícil, ahora imaginemos que un solo contralor tiene a su cargo varios sectores. Entonces este rediseño deja tarea para hacer un análisis de entrada, genera una situación de preocupación y como un retroceso”, agregó Jesús Alejandro, profesora de la UNAM y la Universidad Iberoamericana.
El abogado constitucionalista Luis Rodríguez Alemán dijo que actualmente los órganos internos de control de cada dependencia no se dan abasto con fiscalizar, auditar procesos y desahogar procedimientos administrativos disciplinarios y ahora con la reforma tendrán más carga de trabajo.
“Esta situación va a ser peor, porque ahora van a trabajar con varias entidades públicas en un solo organismo. Con esta modificación legal van a debilitar a los órganos y a la propia Secretaría de la Función Pública, o al menos sus funciones principales como la vigilancia, la auditoría y la fiscalización”, explicó Rodríguez Alemán, quien agregó que hasta el momento la reforma no plantea si se va a dotar de mayor presupuesto a la SPF, pues el enfoque de la iniciativa es reducir gastos.
“Actualmente no hay recursos para fiscalizar y ahora pretenden reducir más. Prácticamente se pretende que los órganos internos de control no tengan la capacidad completa de fiscalizar. A pesar que en la iniciativa se dice que todo es para tener el derecho humano a una buena administración, lo cierto es que en el fondo se está desapareciendo la función fiscalizadora de la SFP, porque no habrá recursos, ni personal para fiscalizar todo ese gasto que se va ejercer”, dijo Alberto Gándara.
El beneficio de la duda
Algunos de los expertos consultados por Animal Político aseguraron que esta iniciativa puede estar relacionada con el perfil del secretario de Función Pública, Roberto Salcido Aquino, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en la administración pública, fue Oficial Mayor, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y en 2018 fue designado como Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP.
“Es muy relevante la personalidad del actual secretario de la Función Pública, me parece que es un profesional de la administración, conoce la administración por dentro. No hay que olvidar que fue Oficial Mayor, así que conoce la materia y conoce la función de control, así que en buena medida la reforma se dirige a la personalidad del funcionario y por tanto hay una confianza del presidente en sus capacidad personales, pero como lo dije antes, hay un riesgo de conflicto”, opinó el doctor José Roldán-Xopa.
Para la doctora y abogada en derecho administrativo, María de Jesús Alejandro Quiroz, aunque el actual titular de la SFP conoce las entrañas de la administración pública, ve difícil que llegue a los resultados deseados por lo complicado que es centralizar.
“Va a ser difícil, pero sí con toda su experiencia lo puede hacer con este espíritu de centralización, adelante. No dudo que se aplique, pero los resultados siguen siendo todavía cuestionables, no por su capacidad, sino por lo que implica hoy centralizar”, concluyó.
