Las dos horas que desplomaron el acuerdo Lozoya-Pemex
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El acuerdo que se desplomó en dos horas: la crónica del fallido arreglo entre Emilio Lozoya y Pemex

De último momento, Pemex se mostró inconforme con el pago de 10 millones de dólares que había ofrecido el exfuncionario. Se dio más tiempo a Lozoya para conseguir un acuerdo o, de lo contrario, iría a juicio.
12 de abril, 2022
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Emilio Lozoya estaba a las 10:00 de la mañana emanando confianza. Postura relajada, cigarrillo electrónico en la mano, sonrisa marcada, un libro abierto sobre sus piernas cruzadas, una botella con agua sobre la mesa. Por momentos, parecía estar en un café de la colonia Condesa y no en una sala de audiencias.

La cita que originalmente se había programado para que la FGR presentara la acusación final y las pruebas en su contra, por el caso de la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, se había convertido en una audiencia donde se anunciaría un acuerdo y se daría por cerrado el proceso. Lozoya se alejaría de un juicio y estaría más cerca de volver a casa.

Más temprano, se había dado a conocer en la prensa la existencia de una propuesta de arreglo entre Lozoya y Pemex que le permitiría salir libre. El exfuncionario pagaría 10 millones de dólares y devolvería algunas propiedades para cerrar no solo este caso, sino el proceso por Odebrecht que también pesa en su contra. Pero al ser cuestionado en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus dudas.

“Ya pedí que se hiciera la investigación porque el daño fue de 200 millones (de dólares), según una evaluación… Sí nos importa una reparación del daño, pero que sea justa”, dijo.

En la audiencia, de esas declaraciones Lozoya no estaba al tanto. Por el contrario. A él se le observaba tranquilo, relajado, sereno, de buen ánimo. A veces estaba recargado en la barandilla como si estuviera en un parque y a veces sentado. Clavaba los ojos en el libro, mientras vapeaba de su cigarrillo electrónico rojo.

En una sala contigua, los 12 periodistas en la cobertura de la audiencia esperaban el inicio. Un proyector con todos los ángulos de las cámaras colocadas en la sala de audiencias permitía saber qué sucedía. No había sonido, pero la imagen era nítida. Lozoya esperaba, se movía, bostezaba, estiraba los brazos, se paraba y regresaba al asiento.

Cinco minutos después de las 10:00, la entrada de una mujer lo distrajo de su lectura. Era su madre, Gilda Margarita Austin Solís, quien iba a hacerle compañía. Ambos se fundieron en un abrazo que se extendió por casi 10 segundos. Ella le acarició la mejilla, le besó la frente. Por el movimiento de los labios, pero sobre todo por los gestos, parecía darle ánimos y decirle que faltaba poco. 

Lee: Caso Lozoya: Pemex señala que “no hay condiciones” para un acuerdo con el exdirector de la petrolera

Poco después, llegó alguien que no se había presentado a ninguna de las audiencias previas: Emilio Lozoya Thalmann, exsecretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas y padre de Lozoya Austin. El saludo a su hijo fue menos efusivo que el de su madre, aunque se notó el gusto de verlo. “Ya todas las partes están de acuerdo”, se alcanzó a oír en un momento en el que accidentalmente habló cerca del micrófono, antes de dejar de nuevo la sala. Era cosa de detalles para finiquitar el documento.

Y entonces… Los minutos pasaron: 10, 15, 30… 40. Al cuarto para las 11:00, el monitor mostraba a Lozoya en una charla más pausada con su madre, inhalando cada vez con más frecuencia de su cigarrillo. Cerca de las 11:00, su padre volvía a ingresar para decirle algo, pero esta vez el intercambio fue más breve. Se veía apurado, nervioso. Los rostros alegres de Lozoya y su madre ya menguaban cuando el hombre dejó la sala.

Un auxiliar del juzgado ingresó al cuarto contiguo para explicar a los periodistas lo que sucedía. “La defensa está hablando con los abogados de Pemex. Es una entrevista privada a la que tienen derecho las partes. No sabemos el tema ni cuánto dure. Ya notificaron al juez que están en ello”, dijo el funcionario.

Se podía deducir qué pasaba. La charla era entre los abogados de Lozoya y los de Pemex para sellar el acuerdo reparatorio. Pero lo que parecía cerrado y resuelto en realidad se continuaba negociando.

La segunda hora de espera fue visiblemente distinta para Lozoya. Se llevaba las manos al rostro y a la cabeza constantemente. Se movía y se levantaba de su silla. Su madre, que lo acompañó durante toda la jornada, le hacía gestos con las manos para que tratara de guardar la calma. Otra vez, 10, 15, 30 minutos… y nadie regresaba. Ni su padre, ni los abogados, ni los fiscales. Quien sí entró fue el auxiliar de la sala para indicar a Lozoya que ya no podía usar su cigarrillo electrónico. La indicación fue fácil de descifrar porque el funcionario señaló el vapeador y Lozoya inmediatamente lo guardó.

A las 11:40, Lozoya Thalmann entró por última vez a la sala. Caminó lentamente, jaló una silla y se sentó enfrente de Emilio. Colocó su mano izquierda sobre la rodilla derecha de su esposa, quien quedó entre padre e hijo, e inició la charla. Tres minutos después, el semblante del exdirector de Pemex ya se había descompuesto. La piel de su rostro se había enrojecido, cerraba los puños y negaba con la cabeza. Sus ademanes denotaban que no entendía los argumentos que su padre le transmitía. Levantaba la mirada al techo y suspiraba. Por un momento, parecía incluso contener una exclamación, un grito o tal vez el llanto.

Su padre abandonó la sala y Lozoya volvió a quedarse solo con su madre. Ella le tocó el rostro y luego lo abrazó. Una, dos, tres veces. Los semblantes lucían desencajados.

En dos horas, todo el arreglo se había venido abajo.

El tema: más dinero

La audiencia oficial comenzó a las 12:25 y terminó a las 12:40. Duró apenas 15 minutos. Se confirmó lo que las imágenes ya habían desnudado: los abogados defensores dijeron que sí había un acuerdo reparatorio platicado previamente, pero que no se había cerrado porque Pemex “había pedido más tiempo”. Que faltaba entregar unos papeles. La apoderada legal de Pemex, Dayreen Zambrano, se limitó a expresar que “no estaban las condiciones” para cerrar algún trato.

A petición de las partes, el juez federal Artemio Zúñiga aceptó aplazar la sesión por un plazo de aproximadamente 10 días en lo que las partes tratan de ponerse de acuerdo. Dio por cerrada la audiencia no sin antes advertirles que, para la otra, le avisen hasta que ya se hayan puesto realmente de acuerdo.

El desacuerdo, según autoridades ministeriales, tiene que ver con el monto de la reparación del daño. El exdirector de Pemex ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pagar poco más de 10 millones y medio de dólares como monto para considerar reparado el daño tanto del proceso Agronitrogenados como de Odebrecht. Esto, en la lógica de que son las cantidades que se le imputan haber recibido por concepto de sobornos en ambos asuntos. También dejaría como garantía cinco inmuebles.

Sin embargo, ayer los funcionarios federales comentaron al exdirector de Pemex que las repercusiones causadas al erario por los contratos que presuntamente se entregaron por los sobornos son mayores, por lo que será necesario negociar otro monto.

En su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador recordó que, de acuerdo con un análisis de la Auditoría Superior de la Federación, el daño causado al Estado tan solo por el tema de la planta Agronitrogenados fue de 200 millones de dólares.

Animal Político ha documentado que tan solo uno de los contratos de Odebrecht dejó pérdidas por mil 250 millones de pesos.

Hoy se había programado una segunda audiencia relacionada con el caso Odebrecht, en la que la defensa de Lozoya expondría también un posible acuerdo con Pemex, pero se preveía que dicha sesión fuera aplazada a la luz de los desacuerdos. 

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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