Desde junio de 2019, cuando fue creada, hasta diciembre de 2021, la Guardia Nacional ha realizado más de 260 operativos policiacos, pero solo admite haber tenido uso excesivo de la fuerza en un caso, a pesar de que existen más de 400 quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos e, incluso, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por abusos cometidos por elementos de esta corporación. 

Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denuncian que, a pesar de que en mayo de 2019 entró en vigor la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que obliga a las corporaciones tanto policiacas como militares a transparentar y a rendir cuentas cada vez que sus integrantes hacen uso de la fuerza —ya sea persuadiendo de forma verbal a alguien, utilizando técnicas de defensa personal como candados de manos o mediante el uso de armas de fuego—, la Guardia Nacional ha negado en reiteradas ocasiones el acceso a esa información. 

Neftaly Pérez, colaborador del área de defensa del Centro Prodh, explicó en entrevista que en marzo de 2021 la organización solicitó por transparencia a la Guardia Nacional todos los reportes pormenorizados sobre el uso de la fuerza que han generado sus elementos desde su creación en 2019, así como la versión pública de esos documentos. 

En esos reportes, detalló Pérez, la ley obliga a la Guardia Nacional a informar, por ejemplo, qué armas utilizaron los uniformados en los operativos, el número de disparos que realizaron, el número de elementos que participaron en los disparos, las personas lesionadas, el tipo de lesiones, así como el número de fallecidos y las causas de la muerte. 

Sin embargo, la Guardia Nacional entregó la versión pública de apenas seis reportes pormenorizados que elaboraron los elementos de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tan solo una de las múltiples direcciones que tiene la institución.

En esos seis reportes, tan solo en uno ocurrido el 14 de diciembre de 2020 en Celaya, Guanajuato, la Guardia señaló que hizo uso de armas de fuego, aunque no cumplió con los elementos mínimos señalados en el artículo 33 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pues no indicó el número de disparos efectuados por sus elementos, ni identificó a la persona que falleció en ese evento. 

De acuerdo con la información que la propia Guardia Nacional aportó en otra respuesta a una segunda solicitud de información, la preocupación del Centro Prodh está sustentada, pues entre mayo de 2019 y diciembre de 2021 este cuerpo de seguridad indicó que llevó a cabo hasta 263 eventos en los que aplicó el uso de la fuerza en diferentes grados, eventos en cuales —enfatizó Neftaly Pérez— la dependencia tenía la obligación de generar por cada uno un reporte pormenorizado de lo sucedido. 

Así, por un lado, en una respuesta la Guardia dijo al Centro Prodh que solo había encontrado seis reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza, y por otro, en otra respuesta, indicó que había tenido 263 eventos en los que sí se aplicó la fuerza. 

Múltiples casos de abusos policiacos 

Otro punto clave es que, de acuerdo con la propia información que la Guardia Nacional publicó en su informe de actividades de 2021, de los 263 eventos en los que utilizó la fuerza en diferentes grados para llevar a cabo sus operativos, en tan solo uno admitió haber hecho “uso excesivo de la fuerza”. 

Se trata de un operativo que tuvo lugar el 25 de junio de 2021 en el municipio de Jalapa, Tabasco, cuando patrullas dispararon contra un vehículo que transportaba a migrantes indocumentados, luego de que el conductor no respondiera al alto. Como resultado, un migrante murió a tiros y una mujer migrante resultó lesionada, situación por la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 92/2021 por “uso ilegítimo y desproporcional de la fuerza” de la Guardia Nacional. 

Pero, fuera de este caso, la corporación no ha informado de ningún otro evento en el que sus agentes abusaran de la fuerza, a pesar de que, hasta mediados de 2021, acumulaba hasta 487 quejas interpuestas ante la CNDH, y a pesar de que medios han documentado numerosos operativos en los que los guardias hicieron uso “desproporcionado” de la fuerza.

Por ejemplo, en enero de 2020, agentes de la Guardia Nacional impidieron el paso de una caravana de migrantes en la frontera sur de México mediante el uso de gases lacrimógenos y el lanzamiento de piedras, situación por la que nueve meses después la CNDH también acreditó violaciones a derechos humanos. 

El 1 de noviembre de 2021, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra otra camioneta que trasladaba a migrantes indocumentados en Pijijiapan, Chiapas, lo que mató a un hombre de origen cubano y dejó cuatro migrantes heridos. Por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por homicidio calificado, mientras que la CNDH anunció el 1 de noviembre pasado que inició otra investigación. 

Otro caso tuvo lugar el 8 de septiembre de 2020 en Camargo, Chihuahua. Ese día, varias personas viajaron a bordo de una camioneta pick up a las manifestaciones realizadas en la presa La Boquilla, para exigir que cerraran las turbinas de agua. Al lugar llegaron unidades de la Guardia Nacional que realizaron varias detenciones. En el traslado, se produjo un enfrentamiento de manifestantes con los elementos de la Guardia Nacional, que respondieron abriendo fuego y provocando la muerte de una mujer. 

De acuerdo con la versión oficial, uno de sus elementos fue quien disparó, por accidente, contra la mujer que perdió la vida. 

Sin embargo, por este caso la CNDH emitió otra recomendación, la 52VG/2022, por violaciones graves a derechos humanos derivadas del “uso ilegítimo de la fuerza” por personal de la Guardia. Seis integrantes de esta corporación fueron detenidos y puestos a disposición de un juez luego de que se le imputaran delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio. 

El organismo acabó aceptando la recomendación de la CNDH. “En la Guardia Nacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza”, publicó en su cuenta de Twitter, aunque en el reporte de los 263 eventos en los que informó que utilizó la fuerza no mencionó que hiciera un uso excesivo en este caso. 

Este suceso en Chihuahua es similar al reciente que tuvo lugar en Irapuato, Guanajuato, cuando el 27 de abril pasado Ángel Yael, un estudiante de 19 años de Ingeniería Agrónoma, murió luego que en el vehículo en el que viajaba junto a otros dos compañeros fue atacado a balazos por una patrulla de la Guardia Nacional.  

Según la versión de las autoridades, los elementos estaban realizando rondines en la carretera Salamanca-León para dar seguridad a unos ductos de Pemex, cuando observaron a dos vehículos estacionados en un camino de terracería. 

Los agentes no pudieron identificar a los ocupantes de los vehículos, quienes, al percatarse de la presencia de los uniformados, “procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada”, señaló la Guardia Nacional en un comunicado. Agregó que esto provocó “desconcierto e incertidumbre” en los uniformados, por lo que uno de ellos descendió de la patrulla y comenzó a disparar a la camioneta blanca donde viajaban los tres jóvenes. 

Sin embargo, aunque se señaló que solo un elemento había accionado su arma, pocos días después, el 2 de mayo, las autoridades anunciaron la detención de un segundo elemento y la liberación del primero, Iván “N”, pues se determinó tras un análisis de balística que su arma no fue la que mató a Ángel Yael. Esto apunta a que más de un agente disparó al vehículo de los jóvenes.