Implicados en robo de expediente de “La Casa Blanca” frenan su proceso
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Cuartoscuro

Con una disculpa pero sin devolver el documento, implicados en robo del expediente sobre “La Casa Blanca” logran frenar su proceso

Dos exfuncionarios federales —uno de ellos actual subsecretario de la Contraloría del gobierno de Alfredo del Mazo— libraron el proceso penal abierto en su contra y el eventual juicio a través de una salida alterna. El destino del expediente perdido aún no se ha esclarecido.
Cuartoscuro
30 de mayo, 2022
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Dos exfuncionarios federales implicados en el robo del expediente de la investigación abierta en el sexenio pasado por el caso conocido como “La Casa Blanca”, entre ellos, uno que funge actualmente como subsecretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio, sin regresar los documentos y sin que se les aplicaran las penas por el delito que habrían cometido. 

Para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron con apelaciones y amparos la suspensión de su proceso.

Se trata de José Gabriel Carreño Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP en el sexenio pasado (y actualmente trabaja como subsecretario de la Contraloría en el gobierno de Alfredo del Mazo), y de Jesús Antonio Suárez Hernández, también exfuncionario de la dependencia federal.

En una audiencia realizada el pasado jueves ante el juez de control del Reclusorio Norte, dichos servidores públicos consiguieron que el juzgador les concediera como salida alterna la suspensión condicional de su proceso, a cambio de cumplir con una serie de condiciones durante un periodo de seis meses.

Animal Político publicó en marzo de 2021 que la FGR había imputado a los exfuncionarios por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión por comisión.

El caso, asentado en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000023/2019, inició tras la denuncia que interpusiera la actual administración de la SFP en junio de 2019, luego de que detectó que en la bóveda donde deberían estar resguardados los expedientes de investigación faltaba el relacionado al procedimiento administrativo número 97/2014.

Dicho expediente corresponde al que la SFP inició en el sexenio pasado, bajo la dirección del entonces secretario Virgilio Andrade, por el posible conflicto de interés en que podía haber incurrido el presidente Enrique Peña Nieto al haber recibido una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec de parte de Grupo Higa, contratista del propio gobierno. El caso fue revelado en la investigación periodística conocida como “La Casa Blanca”, publicada en noviembre de 2014 por el equipo de la periodista Carmen Aristegui.

Tras solo seis meses de investigación, Andrade anunció que su entonces jefe, el presidente Peña, no había incurrido en ningún conflicto de interés ya que la casa —supuestamente— fue comprada por su entonces esposa, Angélica Rivera, con sus ahorros. Y la indagatoria administrativa, con todas las evidencias, quedó archivada.

Al realizar la investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR concluyó que, en efecto, el expediente original de la indagatoria había desaparecido un mes antes de que concluyera el sexenio y que, en su lugar, solo se había dejado una copia de una versión pública del mismo.

Los fiscales concluyeron que el principal implicado era justamente Carreño Camacho, quien dirigía el área responsable de preservar todos los expedientes de los procesos de investigación y auditoría realizados por la Función Pública. Y como corresponsables, dos funcionarios más: el ya referido Jesús Antonio Suárez Hernández y Daniel Pérez Rueda, este último director adjunto de investigaciones, y quien a través de un amparo ha logrado frenar la resolución de su proceso.

Un curso, servicio social y una disculpa

El 9 de marzo de 2021, la FGR logró que un juez federal del Reclusorio Norte vinculara a proceso a los tres exfuncionarios señalados por el delito de ejercicio ilícito en el servicio público. El juez consideró que había datos iniciales que probaban la posibilidad de que los inculpados fuera responsables, y ordenó que se continuara con las indagatorias de cara a un eventual juicio.

A partir de ese momento, Carreño Camacho y Suárez Hernández iniciaron una estrategia para evitar el juicio y optar por una salida alterna: la suspensión condicional del proceso. Se trata de una alternativa que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para delitos cuya pena no excede los cinco años de cárcel, y que consiste en que un inculpado de un delito acepte reparar el daño y cumplir con una serie de condiciones durante un lapso determinado. Todo, con miras a que el caso sea cerrado definitivamente.

El 30 de junio de 2021, los inculpados solicitaron en audiencia acceder a esta vía alterna, pero tanto la Función Pública como la FGR se opusieron al considerar que el requisito indispensable para que el daño fuera reparado era la devolución de los documentos robados. En ese contexto, el juez rechazó conceder el beneficio.

Sin embargo, los exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto procedieron entonces a promover apelaciones. El 22 de septiembre, el Tercer Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito, responsable de la revisión, anuló la negativa de concederle a los inculpados el beneficio de la suspensión condicional, bajo el argumento de que era un recurso válido contemplado en la ley y que no significaba la absolución de los procesados. 

En un último intento por frenar la suspensión del proceso, las autoridades promovieron una demanda de amparo en contra de la determinación del referido tribunal; sin embargo, el juez que revisó dicho recurso confirmó que los exfuncionarios tenían derecho de acceder al mismo.

En ese contexto, el pasado 26 de mayo se llevó a cabo la audiencia en la que se dio luz verde a la suspensión condicional del proceso para ambos exfuncionarios, y se les impusieron las condiciones que a cambio deberán cumplir durante un periodo de un semestre con la finalidad de que el caso quede, definitivamente, cerrado.

Tanto a Carreño como a Suárez Hernández se les impuso como obligación la presentación, ante el juez y las partes, de una disculpa pública con la promesa de no repetición. Ello, sumado a la realización de trabajo social en el municipio donde residen, de no salir de la ciudad, de tener un empleo formal y de tomar un curso relacionado con el manejo de archivos. Todo durante el periodo de seis meses que se les impuso.

De acuerdo con autoridades de la FGR consultadas por este medio, las condiciones señaladas no resultan acordes a la afectación que causaron los exfuncionarios, toda vez que la negligencia en la que incurrieron (al menos por omisión) provocó la pérdida de un archivo y de pruebas relacionadas con uno de los casos más emblemáticos de posible corrupción de los últimos años.

Esa fue la razón por la que se promovieron recursos en contra de la suspensión de proceso; sin embargo, luego de las apelaciones y los amparos perdidos, ya no fue posible frenar el cierre de un caso que, en definitiva, ya no llegará a juicio.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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