Durante la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Amnistía, celebrada el 7 de abril pasado, se aprobó el beneficio a 64 personas. Con ello, según lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob), ya se contaba con un registro de 167 personas favorecidas por la ley en la materia vigente desde 2020, pero eso no significa que la totalidad de las personas hayan recuperado su libertad.
A través de una solicitud de información, la Segob confirmó que hasta el 3 de mayo pasado se había logrado la liberación de 79 personas y que se contaba con 659 solicitudes pendientes de resolver por parte de la comisión.
En la respuesta, la dependencia encabezada por Adán Augusto López asegura que solo 13 personas a quienes la comisión concedió el beneficio de la amnistía continúan en prisión, porque están a la espera de que los jueces confirmen la determinación tomada por la Segob. Es decir, hay 75 personas a quienes se les otorgó el perdón pero se desconoce su estatus actual.
“Cabe señalar que 2 personas de las antes referidas continúan en prisión debido a que la resolución emitida respecto del beneficio de amnistía aún no se encuentra firme, encontrándose pendientes de resolver en grado de apelación las mismas; mientras que para una persona la resolución aún no se encuentra firme por encontrarse pendiente de resolver la revisión al amparo que le fue concedido”, informó la dependencia a través del oficio S.I. 330026222000706, con fecha de 3 de mayo.
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La Ley de Amnistía tiene como población objetivo a las mujeres, las y los jóvenes y las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que enfrenten acción penal, que hayan sido procesadas o que se les haya dictado sentencia firme ante tribunales federales a consecuencia de alguna injusticia.
Además de la Ley de Amnistía federal, cada estado tiene que contar con su propia legislación. Al momento, nueve entidades ya tienen aprobada su ley correspondiente, 13 están en proceso y 10 aún no tienen avance, por lo que a decir de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, “hay que alentarlos en el tema”.
Dar atención prioritaria a las mujeres que estén en prisión por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades es uno de los objetivos rectores de la Ley de Amnistía. Ya sea en prisiones federales o estatales, las mujeres siguen privadas de su libertad cumpliendo condenas de entre 40 y 45 años.
Un ejemplo de ello es Chuy, quien suma siete años privada de su libertad en el penal de Santiaguito, en el Estado de México.
“Me botaron como un trapo viejo”
Fue la madrugada de un lunes de 2015. Chuy recuerda que comenzó a sentir fuertes dolores. Ya era hora: su bebé estaba a punto de nacer.
Dice que salió de su casa en búsqueda de un médico, pero no logró llegar a ningún lado. En una barranca y sin nadie que la auxiliara, dio a luz a una niña a la que abandonó ahí mismo.
“Sí lloró, pero le digo, yo ya tengo cinco hijos y pues fue una situación de desesperación más que nada”, dice Chuy desde prisión.
“Los hombres nada más para eso me quieren, para tener la relación, y me botan como un trapo viejo y no quería eso para mi hija, violaciones y violaciones… yo no quería eso para mi hija”, repite mientras intenta contener el llanto.
Chuy, hoy de 42 años, es una mujer indígena de Santiago Tianguistenco, especificamente del pueblo de Capulhuac, en el Estado de México, quien recibió una condena de 40 años por infanticidio.
Desde que sucedieron los hechos, lamenta la mujer, nadie de su familia la ha apoyado; incluso, su madre fue parte acusadora en su caso.
Al penal de Santiaguito llegó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que acompaña a Chuy y a otras mujeres para solicitar el beneficio de la amnistía. Según explicó Chuy, la primera respuesta que recibió fue negativa, pero la CODHEM hizo un nuevo intento y está a la espera de saber si en esta ocasión la respuesta puede ser otra.
“Yo lo que les pediría (a las autoridades) es una oportunidad y salir a trabajar por mis hijos que me necesitan. Ahorita uno ya se me va para la universidad, bendito Dios me han salido buenos estudiantes, y el más chiquillo ya para la secundaria”, dice la mujer.
Desde que ella fue detenida, fue su hijo de 26 años, el mayor, quien asumió la responsabilidad de sus cuatro hermanos; sin embargo, conforme más pasa el tiempo, más difícil se vuelve sostener la casa.
Para tener algunos pesos y comprarse, cuando puede, unas galletas o un jugo, Chuy trabaja en el taller de fomi de la prisión, y cuando es posible apoya lavando trastes.
Chuy casi no recibe visitas. Su padre, un hombre de 80 años que vive en la Ciudad de México, hace el esfuerzo una vez al mes para ir a ver a su hija.
“Es un apoyo bastante grande que tengo, y también ayuda a mis hijos. Ya es mayor, ya tiene 80 años, por eso le digo que tengo que salir y trabajar al triple”, insiste la mujer.
