A más tardar en 90 días contados a partir del 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá crear la nueva empresa del Estado encargada de administrar toda la cadena de producción del litio, la cual permitirá, según el gobierno federal, aprovechar al máximo este mineral y que sus beneficios sean exclusivamente para la nación.
Esto, luego de que el Congreso aprobara reformas a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, para establecer que el Estado es el único que puede explotar el litio. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, la creación de esta empresa enfrenta diversos retos, entre ellos el económico, pues deberá funcionar en su primer año sin presupuesto propio y dependerá de lo que la Secretaría de Economía (SE) pueda otorgarle.
“Echar a andar un organismo público descentralizado requiere de un presupuesto, hay que delinear un reglamento orgánico que deje claro cómo va a funcionar el organismo y eso no existe en la ley actual”, advirtió Marcos del Rosario, coordinador de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
En entrevista, el especialista enfatizó que para crear un organismo de este tipo y que sea funcional, operativamente hablando, se debió realizar un diseño estratégico para saber cuánta gente va a trabajar en él y lo que se requiere para las tareas de esta nueva empresa.
Otro de los retos será lograr que realmente funcione y no se convierta en un lastre para la administración pública, situación que el académico ve poco probable.
Para Del Rosario, este organismo descentralizado no era necesario, pues las funciones de administrar el litio las puede asumir la SE, que tiene entre sus atribuciones el tema minero, o podrían pasarse a la Secretaría de Energía (Sener).
“No me parece algo funcional ni jurídicamente necesario; al contrario, hemos visto históricamente que, a nivel federal y local, crear organismos descentralizados hace mucho más deficiente el actuar estatal, se vuelve mucho más burocrático y disfuncional para el otorgamiento de concesiones”, dijo.
Incertidumbre sobre el litio
Meses antes de que se aprobara la reforma, expertos en minería advirtieron que crear una empresa para administrar el litio, sin tener la certeza sobre la cantidad de este mineral en el país, generaba incertidumbre y preocupación. Así lo expresó en febrero pasado Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
“Partir de un supuesto de que tenemos yacimientos importantes de litio en México no es lo adecuado. La preocupación viene de que en México no tenemos producción, solo un yacimiento en arcilla, y aún nos falta mucho por estudiar y ver si con la nueva metalurgia se podrá extraer este litio”, dijo en su momento.
Antes, en noviembre de 2021, Gilles Pierre Levresse, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, aseguró que extraer el litio del único yacimiento que existe en México —en Sonora— requerirá de mucho dinero y tecnología debido a que se encuentra en arcilla, lo que impide ver cuánta cantidad de mineral se puede sacar.
Pese a la advertencia de los especialistas, la reforma a la Ley Minera siguió su curso y su aprobación se concretó el 19 de abril. Al día siguiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Del Rosario coincide con los retos técnicos y además agrega la incertidumbre jurídica, pues prevé que concesionarios que tienen algún permiso presenten recursos legales, argumentando que el litio estaba amparado por el artículo 27 constitucional y era considerado de uso prioritario, es decir, que su exploración, explotación y producción —según esta norma— podía realizarse a través de empresas privadas. Sin embargo, al reformarse la Ley Minera, el litio se volvió algo estratégico y exclusivo del Estado.
“La inconstitucionalidad de esta reforma es porque se pasó al litio de un área prioritaria a una estratégica evitando la reforma constitucional, donde claramente dice cuáles son las actividades estratégicas y cuáles las prioritarias, y las actividades mineras pertenecen al área prioritaria”, explicó el experto.
“(Esto) genera una incertidumbre jurídica porque no establece qué va a pasar con los concesionarios que ya cuentan con sus títulos; falta precisar y pareciera que, al ser una entidad pública descentralizada, no se establece de quién va a depender”.
Además de la incertidumbre jurídica, existe la preocupación de que será un organismo donde el presidente tendrá incidencia directa, cuando lo ideal era que tuviera autonomía de gestión técnica para cumplir con sus tareas.
Para Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, lo más preocupante de la legislación es que no es clara respecto de dónde va a llegar la cadena de valor del litio.
“En el artículo 5 bis dice que el gobierno se encargará de la cadena del valor del litio, ¿qué significa la cadena de valor de litio?, ¿hasta dónde va a llegar? No lo dice. En teoría, va a manejar algo que no sabemos hasta dónde va a llegar, no está en ningún lado, es una enorme incógnita”, dijo el especialista.
Además, consideró que las modificaciones a esta ley también van a pegar en el sector farmacéutico, pues algunos medicamentos se fabrican con carbonato de litio y la ley no establece qué pasará con esta industria. “Con esto, la ley transgrede a otras industrias y la incertidumbre nos deja volando, completamente en el aire”, advirtió.
Riesgo de fracaso
El manejo estatal de minerales no es nuevo. En 1979, se intentó administrar el uranio a través de la empresa Uramex; sin embargo, el intento fracasó debido a que no consiguió recursos suficientes para realizar labores de exploración y se determinó que el uranio no era un mineral tan preponderante para el país.
Con base en esto, Del Rosario consideró que los antecedentes de explotación minera a cargo del Estado son malos y afirmó que esto se debe a la falta de infraestructura y recursos.
“El gobierno debe abocarse en sus actividades primordiales, que es garantizar servicios públicos esenciales, y habrá otras actividades que pueda compaginar con la iniciativa privada”, dijo.
El especialista consideró que, dentro de 10 años, cuando el litio sustituya a los hidrocarburos, México estará en problemas porque no le va a alcanzar con lo que tiene y la reforma podría ser revertida.
Alatorre coincide en que el camino del manejo del litio en México no será favorable y el país no podrá apostar a depender de este recurso.
“Ni siquiera Australia, que es el mayor productor del mundo, basa su economía en el material porque la tecnología para extraerlo es muy cara, sobre todo si el mineral está en arcilla”, recalcó.
Desafíos políticos
Los retos que enfrentará la nueva empresa no solo pasan por lo técnico o lo económico, también deberán sortear la política, sobre todo si el próximo titular del Ejecutivo no ve el litio como un tema prioritario. Así lo considera el doctor en Derecho Jaime Cárdenas, de la UNAM.
“El éxito de la reforma se va a medir en los próximos años y tendrá que ver con el interés de los gobiernos subsecuentes al de Andrés Manuel López Obrador; independientemente del partido que sea, si el próximo presidente o presidenta tiene interés, será exitoso”, dijo.
“El futuro político de México decidirá el futuro del litio”, añadió.
Cárdenas aseguró que este gobierno solo sentará las bases en materia de litio y, por lo tanto, será la próxima administración la que tenga que sortear la prueba.
Pese a esto, el exlegislador y exfuncionario federal aseguró que las críticas contra las reformas a la Ley Minera tienen un fundamento ideológico y, a su juicio, es benéfico lo aprobado.
“Lo mejor para el país es que se haya estatizado, porque así los beneficios de la estatización del litio quedarán para el país y no una parte de los recursos quedará fuera”, sostuvo Cárdenas.
El caso de Bolivia
México no es el primer país del continente en tratar de aprovechar el litio con una empresa de Estado. Uno de los casos más conocidos es el de Bolivia, que creó la empresa estatal Yacimientos Bolivianos para explotar el mineral; sin embargo, la falta de tecnología ha impedido que obtenga los frutos prometidos.
“Lo que pretende el gobierno mexicano es el mismo modelo de Bolivia; en algún momento, cambió la Constitución y pusieron al litio en manos del gobierno, han pasado 15 años y no produce nada, la empresa está endeudada y hay preocupaciones financieras al respecto”, aseguró Armando Alatorre, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
Animal Político publicó que en México hay una treintena de proyectos o concesiones mineras para extraer litio, otorgados a empresas extranjeras, sobre todo canadienses, según los datos del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem).
La mayoría de ellos aparece aún en etapa de exploración, aunque, de acuerdo con un análisis de la organización GeoCumunes —colectivo que se dedica a la cartografía colaborativa de denuncia de megaproyectos y conflictos socio-ambientales— publicado en 2021, solo dos se encontraban activos, lo que alerta sobre posible especulación.
El estudio señala que muchas empresas con proyectos inactivos eran controladas principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que “dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá”.
