Durante el primer trimestre de 2022, programas prioritarios para el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron un sobregasto de recursos públicos, mientras que otros —en diversos rubros como salud, medicinas o prevención de la violencia contra las mujeres— tuvieron recortes que en algunos casos fueron de hasta el 100%, advierte un análisis de la organización México Evalúa.
La más reciente edición del reporte Números del erario, dada a conocer este jueves, señala que 10 programas del gobierno federal tuvieron un sobregasto de 59 mil millones de pesos en el periodo enero-marzo.
De ese total, 38 mil millones de pesos fueron únicamente para el programa de pensión para personas adultas mayores, uno de los más emblemáticos de la administración de López Obrador y que él incluso lanzó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno (2000-2005).
Para el primer trimestre del año, este programa tenía aprobados 79 mil 018 millones de pesos y en realidad ejerció 117 mil 097 millones de pesos. Para todo 2022, la Cámara de Diputados le aprobó un monto de 258 mil 562 millones de pesos.
De forma similar, otros programas son sobregasto son los de becas Benito Juárez para educación básica y educación media, así como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
En todos los casos, se trata de programas que López Obrador considera claves dentro de su gestión, aunque México Evalúa advierte que muchos de ellos son regresivos porque implican transferencias directas de dinero que no necesariamente benefician a la población más pobre.
Más aún, la organización señala que estos programas tienen características “clientelares” y, a su juicio, tuvieron más fondos en este trimestre para adelantar apoyos a la gente en el contexto de la consulta de revocación de mandato de López Obrador, que se efectuó el 10 de abril, y de cara a las elecciones por la gubernatura de seis estados, previstas para el próximo domingo 5 de junio.
“Hay evidencia para sospechar que estas modificaciones (al gasto) se han realizado para asegurar que algunos programas hayan transferido más recursos de los aprobados a sus ‘clientes’ previo a la revocación de mandato y las elecciones estatales, a costa del presupuesto para programas de salud, vivienda, educación, género, entre otros”, indica en su análisis.
Los programas con recortes
El reporte Números del erario también indica que, en contraste con los programas “consentidos”, otros 30 tuvieron recortes significativos durante el primer trimestre y 22 no recibieron recursos.
Dentro de los programas con recortes está el de salud y medicamentos gratuitos, a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Este tenía aprobados 15 mil 061 millones de pesos para el periodo enero-marzo, pero solamente ejerció 8 mil 961 millones de pesos.
Otro caso es el programa de vivienda social, responsabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tenía avalados 3 mil 892 millones de pesos pero únicamente tuvo 701 millones de pesos.
Entre los programas que tuvieron un recorte del 100% en el primer trimestre de 2022 están el de atención a la salud del Insabi, el de servicios estatales de salud a cargo de la Secretaría de Salud federal, el de servicios de educación especial a cargo de la Secretaría de Educación Pública, el de implementación de la reforma de justicia laboral y el de refugios para mujeres víctimas de violencia de género.
A finales de abril, la Red Nacional de Refugios advirtió que tenía cuatro meses operando sin fondos. Apenas este jueves, el gobierno federal informó en un comunicado que comenzó con la firma de convenios para la transferencia de recursos para estos espacios.
Dentro de sus conclusiones, México Evalúa señala que el análisis del gasto en el primer trimestre del año muestra que el gobierno toma “decisiones discrecionales” sobre el ejercicio del dinero público, prioriza programas que pueden representarle un beneficio político y relega otros programas que atienden necesidades vitales.
“El ciclo presupuestario carece de contrapesos efectivos para instaurar una gobernanza del presupuesto que logre priorizar el financiamiento de los programas y proyectos que garantizan los derechos de los ciudadanos ante los intereses políticos”, alerta la organización.
