La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció este viernes que determinó eximir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al empresario Daniel Chávez Morán de un posible conflicto de interés.

En una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de vigilar el comportamiento de los funcionarios y las instituciones del gobierno federal señaló que investigó el caso luego de que el 15 febrero pasado recibió un escrito que imputaba al mandatario y al fundador de Grupo Vidanta actos de “conflicto de interés, cohecho y soborno”.

La publicación de Latinus y MCCI apuntaba a un posible conflicto de interés, dado que la pareja había vivido en una residencia perteneciente a un directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. López Beltrán negó haber cometido alguna irregularidad y argumentó que todos sus ingresos actuales provienen de su trabajo como abogado de la compañía KEI Partners. 

Sin embargo, políticos de oposición y algunas figuras públicas acusaron que también ahí existía un posible conflicto de interés, pues dos socios de esa firma, Érika Chávez e Iván Chávez, son hijos de Daniel Sánchez Morán, empresario cercano al presidente López Obrador y quien incluso fue nombrado “supervisor honorario” de las obras del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de esta administración. 

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público (López Obrador) y a los particulares”, indicó la dependencia encabezada por Roberto Salcedo.

“Los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron lo siguiente: Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como ‘supervisor honorario’ en el proyecto ‘Tren Maya’, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”, añadió.

Acerca de los hijos del presidente y del empresario, la SFP señaló que carece de competencia para investigar actos jurídicos fuera de la esfera gubernamental o fuera de territorio mexicano.