Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) tiene programado resolver dos actos reclamados por el Congreso de Tamaulipas relacionados con el desafuero del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como con la orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Los proyectos de resolución a estas dos controversias constitucionales no son públicos, pero se prevé que sean presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este análisis de la Primera Sala, que definirá el rumbo de García Cabeza de Vaca, se podría dar a cuatro días de las elecciones para definir a su sucesor en Tamaulipas, donde según encuestas el candidato de Morena, Américo Villarreal, se perfila como el puntero.
En el primer caso, el Congreso local impugnó el desafuero de García Cabeza de Vaca resuelto por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, un acto que no fue homologado por el Legislativo local, donde en ese momento había una mayoría del PAN. También se resolverá la impugnación sobre la orden de aprehensión en contra del gobernador que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2021.
Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo en entrevista con Animal Político que lo que se discutirá es quién tiene la última palabra en el proceso de desafuero de gobernadores: ¿el Congreso local o la Cámara de Diputados?
“Hay una interpretación que dice que la última palabra la tiene la Cámara de Diputados y lo que dice es que en el momento que se le quita el fuero a un gobernador, entonces ya puede ser procesado penalmente porque ya se le quitó la inmunidad procesal. Pero hay otra interpretación, que creo que es la correcta, que dice que cuando se trata de funcionarios locales se necesita la declaratoria de la Cámara de Diputados y también del Congreso local”, dijo el también abogado constitucionalista.
Si bien están agendados estos dos casos, con los números 50/2021 y 70/2021, los cinco ministros que integran la Primera Sala de la SCJN pueden dejarlos en lista para que sean resueltos en próximas semanas.
El caso García Cabeza de Vaca
El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021 a solicitud de la FGR, por los delitos que le atribuye de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, con recursos que provendrían, presuntamente, de posibles hechos de corrupción e incluso de triangulaciones con dinero ligado al narcotráfico.
En las imputaciones para su desafuero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al mandatario estatal de simular la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, como parte de un entramado de lavado de dinero.
Según la investigación de la UIF, el gobernador vendió en 2019 el inmueble a dos presuntos prestanombres que lo adquirieron por 42 millones de pesos, un precio 300% arriba de su valor original.
Para comprar este departamento a precio inflado, los prestanombres habrían recibido antes dinero por tres vías diferentes: recursos públicos, transferencias de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y depósitos de una compañía implicada en La Estafa Maestra.
El 30 de abril, la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador, pero ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero, con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
En respuesta, García Cabeza de Vaca denunció que se trataba de una persecución política por ser un gobernador de oposición.
A finales de mayo de 2021, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador, pero dos semanas más tarde, el 8 de junio, un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Para noviembre de 2021, un juez federal resolvió amparar a García Cabeza de Vaca para evitar su detención, hasta que la Corte resuelva la controversia por su desafuero.
De acuerdo con un reporte del sitio Elefante Blanco, el titular del Juzgado Octavo de Distrito consideró que la orden de captura concedida por un juez federal a la FGR fue ilegal y transgrede los derechos fundamentales.
Desde mayo de 2021, el Senado, la FGR y el Congreso local han promovido controversias constitucionales. Está en manos de la SCJN la interpretación del artículo 111 de la Constitución y el actuar de los congresos locales con respecto de la decisión de quitarle la inmunidad a un servidor público por parte de la Cámara.
Elecciones en Tamaulipas
El próximo domingo 5 de junio se llevarán a cabo elecciones para definir gubernaturas en seis entidades del país, entre ellas Tamaulipas, un estado donde sus mandatarios han estado acusados de diversos delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o incluso de estar al servicio de grupos del narcotráfico.
Encuestas colocan al candidato Américo Villarreal (Morena, PT y PVEM) como el puntero con una ventaja de 25 puntos.
Le sigue el abanderado de la coalición Va por Tamaulipas (PAN, PRI, PRD), César Augusto Verástegui, quien, de acuerdo con la encuestadora Enkoll —en una medición para El Universal—, tiene una preferencia de 34%.
El candidato de Morena ha acusado en varias ocasiones a García Cabeza de Vaca de hacer “guerra sucia” en su contra. También declaró que “es responsable de haber vuelto tóxico el ambiente” en esa entidad.
Los 2.7 millones de personas inscritas en el padrón electoral de Tamaulipas decidirán el rumbo de su estado este domingo. Se trata de una entidad que por décadas ha sufrido de violencia, inseguridad y narcotráfico, y que a pesar de las acciones de sus gobernantes, no ha tenido avances concretos, de acuerdo con el Estudio sobre la violencia en Tamaulipas: diagnóstico y acciones de respuesta.
“Ninguna estrategia implementada en las últimas dos décadas pudo prevenir el incremento de los índices delictivos en Tamaulipas y pareciera que ninguna acción ni recurso financiero son suficientes para contener la violencia y dejar de percibir al estado como inseguro; por lo menos parece no haberlos desde la lógica de la política pública que ha prevalecido en las últimas décadas: prevenir el delito con participación ciudadana”, refiere dicho texto.
