En administraciones pasadas, la institución encargada de comprar las pruebas para detectar VIH que eran repartidas en todo el país era el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), pero con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este centralizó las compras. Ello ha provocado que este año el gobierno haya tardado seis meses en concretar la adquisición de poco más de 1 millón de tests, confirman autoridades de la Secretaría de Salud.
Si bien en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda el programa de Prevención y Detección de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual —que se encarga de comprar las pruebas— tiene un reporte de gasto de 33 millones de pesos, esto representa apenas 6.8% del presupuesto total.
Ese gasto estuvo concentrado en “subsidios a entidades y municipios”, rubro que reporta 21 millones de pesos erogados, de acuerdo con el reporte de Hacienda. Mientras tanto, el rubro de productos químicos apenas tiene un gasto de 6 millones de pesos.
Que el dinero estuviera detenido durante el primer trimestre del año, explican funcionarios de Salud, se debió a que el contrato para la compra de poco más de 1 millón de pruebas de detección de VIH y sífilis se concretó hasta el segundo trimestre del año. Es decir, la compra se aplicó hasta seis meses después de arrancar 2022 y aún falta distribuir esos tests en los estados.
Autoridades de la Secretaría de Salud confirman que la razón del retraso ha sido la burocracia dentro del Insabi, que al centralizar las compras sin tener conocimiento específico de los requerimientos de cada institución, en este caso, el Censida, ha alentado los procesos.
Generalmente las pruebas se realizan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), con sedes estatales en todo el país, donde se atiende a personas sin seguridad social. Activistas que tienen contacto permanente con ellos ya habían detectado la falta de pruebas durante este año y, aunque lo habían reclamado a la Secretaría de Salud, no habían tenido ninguna respuesta sobre las causas de la demora.
“En todo lo que va del año, no hay insumos de prevención disponibles. No hay suficientes pruebas para testear a todos los que lo requieren. No hemos regresado a los niveles de testeo de antes de la pandemia y los casos notificados seguro serán menos, pero no porque haya menos casos, sino porque hay menos testeo”, afirma Alaín Pinzón, activista y director de la organización VIHve Libre.
“En los Capasits de Aguascalientes, Puebla, Hidalgo y Yucatán, además, tienen un grave problema de recursos humanos porque no hay claridad sobre las contrataciones y hay poco personal, por eso los horarios de atención son limitados. También el insumo humano está reducido”, refiere.
Esto significará impacto en la salud de las personas porque una detección a tiempo puede hacer la diferencia para un tratamiento oportuno, pero en caso contrario, además de traer complicaciones, implica también un gasto adicional en hospitalización al sistema de salud, y peor aún, está en riesgo la vida.
“El VIH tendría que estar controlado, pero en este caso hay muchos casos de inicio de tratamientos tardío o jóvenes con enfermedades definitorias de sida”, explica Pinzón.
A esto se agrega también otro elemento: quién y dónde se realizan las pruebas. En administraciones pasadas, había una colaboración cercana entre el Censida y organizaciones de la sociedad civil para que se aplicaran las pruebas fuera de instituciones, como bares, centros de trabajo sexual, en la calle y en horarios poco habituales para funcionarios, como la madrugada.
Sin embargo, a raíz de la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar cualquier subsidio a organizaciones civiles, esta manera de aplicar tests de VIH también se terminó.
“No se está testeando porque no hay dinero porque el presidente se los quitó, mientras que la Secretaría de Salud no está comprando y el IMSS, ISSSTE nunca han hecho testeo”, dice Pinzón.
Víctor Rivas, abogado y activista por los derechos humanos de personas viviendo con VIH, también ha detectado que las consultas médicas, que antes eran de seis meses, ahora las están espaciando cada ocho o nueve meses para iniciar tratamiento en instituciones como el IMSS, mientras que una consulta con el infectólogo tarda entre tres y seis meses.
El fenómeno observado por Rivas es real según los números, pues las consultas enfocadas en atender enfermedades crónico-degenerativas son las que más han caído: en 27% al compararlas con el primer trimestre de 2021 y en 70% si se comparan con niveles de 2018, de acuerdo con cálculos de la organización México Evalúa.
“La disminución de este tipo de atención es empobrecedora, pues restringe el acceso a tratamiento de enfermedades como cáncer, diabetes o VIH/sida”, advierte el análisis Los números del erario.
El programa de Prevención y Tratamiento de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual tiene como objeto “evitar la transmisión del virus y mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH”, por lo que las acciones se enfocan en proveer tratamiento y, en materia de prevención, en la aplicación de pruebas.
