Con el nuevo impulso del gobierno mexicano de ampliar el beneficio de las pensiones a personas con discapacidad permanente buscamos en toda la región qué tipo de programas hay y de cuánto dinero disponen los estados para apoyar a este colectivo.
Si bien todos los países tienen modelos distintos de actualización de datos (censos, registros, base de datos), según el último reporte del Banco Mundial “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible” publicado en 2021, en los 21 principales países de América Latina y el Caribe viven 85 millones de personas con discapacidad, es decir un 14.7 por ciento de la población total.
Esto quiere decir que en alrededor de uno de cada 3 hogares (52 millones) hay una persona con alguna discapacidad.
De este total, 3 de cada 10 personas (unos 17 millones de latinoamericanos) reportaron tener una discapacidad severa. Pero siguen faltando muchos datos porque, por ejemplo, muy pocos son los estados que hacen un relevamiento a fondo para conocer la cantidad de personas que viven con discapacidades psicosociales.
De acuerdo con este mismo reporte del BM, las causas principales de la discapacidad son condiciones de salud crónicas (como las cardiovasculares y congénitas), el envejecimiento de la población y las lesiones causadas por la violencia, los accidentes de trabajo, el tráfico y los desastres naturales.
Sin embargo, estos datos -recogidos de los censos nacionales- no incluyen un apartado que sí tiene en cuenta la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sostiene que la salud mental y los trastornos por abuso de sustancias contribuyen significativamente a la prevalencia regional de la discapacidad.
También hay otras condiciones que podrían aumentar el porcentaje de pcd en la región: la caída en la aplicación de vacunas. En Bolivia, Brasil, Haití y la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, las tasas de vacunación han caído al menos 14 puntos porcentuales desde 2010 (según reportó en 2020 la Organización Mundial de la Salud). Y para hacer más sombrío el horizonte, se pronostica que estos números caerán más aún debido a que todos los sistemas de salud han estado bajo una creciente presión para responder a la pandemia de COVID-19.
Dinero y red de contención
Según el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada por todos los países de Latinoamérica y el Caribe) “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza; c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados; e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.”
Con este antecedente, prácticamente en todos los países de la región existen programas de asistencia social que contemplan tanto a personas con discapacidad como a personas adultas mayores (que son el grupo etario con mayor incidencia en todos los países).
Lo que el reporte del Banco Mundial detectó es que en muchas economías, estas pensiones, ayudas, becas o contribuciones no ayudan a resolver las situaciones donde discapacidad y pobreza se combinan. Incluso pueden ser un freno a la búsqueda de independencia económica. Por ejemplo, en Argentina, alrededor de 6 por ciento de las personas con discapacidad no buscaban empleo por miedo a perder su pensión, a pesar de tener muy pocas probabilidades de conseguir un empleo que compensara esa pérdida.
En Uruguay, ocurre una situación similar porque la ley de transferencias no permite entregar la pensión a personas o familias que tienen trabajo en el sector formal de la economía.
En toda la región, las ayudas económicas por parte del gobierno oscilan entre los 26 y los 661 dólares. Esta enorme brecha se hace más evidente en los países que también otorgan pensiones a personas adultas mayores.
De los 18 países reportados, el que más dinero entrega en pensiones no remunerativas es Uruguay (423.66 dólares), seguido por Brasil (254 dólares) y Costa Rica (232.83).
En el otro extremo están los países que menos apoyan con transferencias directas a su población con discapacidad son Venezuela (1.40 dólares), Paraguay (5.82 dólares) y Honduras (25 dólares).
México, con 71.53 dólares mensuales de sus pensiones de Bienestar, se encuentra en el lugar 11 entre los 18 países evaluados, siendo superado por economías más pequeñas como República Dominicana, Guatemala o El Salvador.
Mi país, mi pensión
País por país, este es el monto (y las condiciones) a las que acceden las personas con discapacidad. Para homologar todos los programas, en cada caso es el monto mensual expresado en dólares a la cotización del 6 de junio de 2022:
México
A través de la Secretaría de Bienestar, el gobierno entrega un pago bimensual a las personas que viven con discapacidad permanente que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad y a niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación. El tope fue a 1 millón de beneficiarios y ya hay 29 estados que prometieron aportar 50 por ciento del costo de aumentar el número de beneficiarios.
71,53 dólares
Argentina
Se llama “Pensión no contributiva por invalidez” y es universal para todas aquellas personas sin otros recursos (como una jubilación) y que tengan menos de 65 años. El monto es equivalente al 70 por ciento de una pensión estatal mínima.
Además, las familias pueden recibir una ‘Asignación Universal por Hijo con Discapacidad’, hasta que el beneficiario sea mayor de edad.
114,20 dólares (pensión) y 119,40 dólares (Asignación por hijo)
Chile
El gobierno tiene un plan de “Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)”. Esto aplica a personas entre 18 y 65 años que no tienen acceso a una pensión ni a una jubilación.
También tienen un ‘Subsidio de Discapacidad Mental (SDM)” que aplica para personas menores de 18 años y se entrega a todos los menores de edad tanto con discapacidad intelectual, como motriz y sensorial severa.
228 dólares (PBSI, mayores de 18 años) y 86 dólares (SDM, menos de 18 años)
Paraguay
El país cuenta con dos modelos de pensiones: una para personas con discapacidad leve (hasta 1 persona por familia) y otra para persona con discapacidad severa (hasta 2 por hogar), siempre y cuando no sean beneficiarios del Programa de Adultos Mayores que otorga su Ministerio de Hacienda.
5,82 dólares (Discapacidad leve) y 21,86 dólares (Discapacidad severa)
Brasil
El Beneficio de Provisión Continuada (BPC) es una pensión que entrega el estado de modo individual, que no es ni vitalicia ni transferible. Establecido por la Constitución, garantiza la transferencia del equivalente de un salario mínimo para personas con discapacidad de cualquier edad, que demuestren no tener medios para mantenerse o ser sostenido por sus familias.
254 dólares
Perú
El apoyo forma parte de un programa llamado Contigo y es una pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza que también tiene un capítulo para personas adultas mayores.
Su Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Banco de la Nación entregan el apoyo económico a “Yanapay”. En casos especiales, cuando los beneficiarios demuestran que no pueden moverse de sus hogares, reciben las pensiones a domicilio en los llamados ‘carritos pagadores’ que operan empresas transportadoras de valores. La pensión se paga cada dos meses.
80,92 dólares
Bolivia
El beneficio de invalidez por discapacidad se paga a los menores de 65 años. El pago se realiza bajo el Esquema Universal a aquellos que son evaluados con una discapacidad severa o muy severa. La pensión es mensual y equivale al 20 por ciento del salario mínimo nacional.
48,5 dólares
Uruguay
Las personas en situación de dependencia severa que tienen entre 0 y 29 años de edad o más de 80 tienen derecho a recibir una pensión no contributiva. Y quienes además se encuentren dentro del Programa de Asistentes Personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), a través del mismo se otorga un subsidio (parcial o total) para acceder al acompañamiento de un cuidador. Esta es la primera experiencia latinoamericana en este rubro y comenzó en 2015.
423,66 dólares
Ecuador
El país cuenta con un modelo de transferencias monetarias mensuales complementarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH). Son pensiones sociales dirigidas a personas adultas mayores (de 65 años o más) y a personas con discapacidad que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad pública.
Además el gobierno realiza a las pcd la devolución del IVA igual o superior al 30 por ciento conforme a la calificación efectuada por su autoridad sanitaria. El pago de la pensión es mensual.
50 dólares
Venezuela
A través de su Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ofrece la pensión por invalidez o incapacidad parcial (sic) dentro del Sistema de Protección Social ideado por Nicolás Maduro a través del Carnet de la Patria. La ayuda es mensual.
1,40 dólares
Panamá
En Panamá hay subsidios para las personas con discapacidad severa y si es menor de edad se le puede entregar al padre o la madre, una decisión que depende de lo que establezca el juez de familia. El gobierno también tiene un programa #PanamáIncluye que da una serie de descuentos para pcd que van desde 50 por ciento en hoteles, 20 en medicinas, 30 en servicios de transporte y 30 por ciento en actividades recreativas.
80 dólares
Colombia
El gobierno cuenta con un registro de personas con discapacidad (Sisbén) que se actualiza de manera permanente.
Cada mes se entrega un bono que puede intercambiarse en tiendas de autoservicio por alimentos. El monto cubre el 70 por ciento de las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RÍEN) de una persona con discapacidad durante los 30 días del mes.
47,68 dólares
Nicaragua
A través del Programa “Todos Con Voz», las personas con discapacidad pueden acceder a pensiones de gracia. Es una prestación nueva y el censo aún no está completo en todo el país.
69,03 dólares
El Salvador
El país cuenta con el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) a causa del conflicto armado (1980-1992). La guerra dejó a 12 mil personas con discapacidad. La pensión puede ser cobrada por familiares con discapacidad de una persona que estuvo en conflicto o falleció en la guerra, incluso en el extranjero si la persona se encuentra como refugiado. Está pendiente la puesta en vigor de la “Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad” aprobada en 2021 y que permitiría pensiones a pcd que no estén vinculadas a la guerra.
115 dólares (FOPROLYD)
República Dominicana
Existe un régimen subsidiado, una pensión solidaria equivalente a 60 por ciento del salario mínimo del sector público vigente, que se otorga a las personas mayores de 60 años en situación vulnerable, a todas las personas de cualquier edad con discapacidad severa y que vivan en situación vulnerable y a madres solteras que vivan en situación vulnerable.
242,17 dólares
Guatemala
Dentro del apoyo del Bono Familia, un programa que comenzó en 2020, se entrega un bono mensual de 1,000 quetzales, transferencia que coordina su Ministerio de Desarrollo Social. El mismo monto reciben personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, en pobreza, madres solteras y niños y niñas con desnutrición.
130.02 dólares
Honduras
Es el único país donde el pago es en una sola exhibición anual. El bono de “Vida Mejor” es de 10 mil lempiras al año y bajo el mismo programa de la Secretaría de Desarrollo de Inclusión (SEDIS) se atiende tanto a personas con discapacidad como a personas adultas mayores. Según su último reporte de 2021, fueron 45 mil 880 las personas beneficiarias.
25 dólares
Costa Rica
El Programa Pobreza y Discapacidad Costarricenses otorga una transferencia monetaria mensual a todos las personas menores de 65 años nacidas en el país así como a extranjeros residentes legales. Según el último censo, el 18.2 por ciento de la población del país vive con alguna discapacidad. El estado provee gratis todos los apoyos físicos (sillas de ruedas, muletas, audífonos, etc).
232.93 dólares
