Infancias trans: abren puerta a pedir peritajes para cambio de identidad
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Corte deja abierta la puerta a que se pidan peritajes a infancias que quieran cambiar identidad de género; es regresivo: expertas

La Suprema Corte avaló que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar su identidad de género con un trámite en el Registro Civil, sin necesidad de juicio, pero señaló que las autoridades podrán pedir un peritaje médico si lo consideran necesario.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena 
23 de junio, 2022
Comparte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la semana pasada que niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su identidad de género mediante un trámite administrativo, sin necesidad de un juicio, pero dejó abierta la posibilidad de que los registros civiles pidan peritajes médicos —sin especificar sus características— para determinar la madurez mental y emocional de los menores de edad. 

Este requisito no se contempla incluso en acuerdos ya vigentes a nivel estatal que permiten a infancias y adolescencias el cambio en su acta de nacimiento. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el trámite administrativo puede realizarse sin ningún peritaje adicional desde 2021 y, hasta hoy, 36 menores han modificado sus actas, de acuerdo con el Registro Civil. De la misma manera, en Jalisco, la Dirección de Diversidad Sexual registró 69 trámites de octubre de 2020 a octubre de 2021, sin necesidad de pruebas médicas. 

La sentencia de la Corte se originó por el amparo en revisión 155/2021, que es el caso de Emi, uno de los 19 litigados por la organización Ledeser en la CDMX desde 2018. En su párrafo 233, determina que existe la posibilidad de que la autoridad ante la cual se solicita el cambio de identidad de género “precise del desahogo de una prueba pericial o del auxilio de expertos en psicología o psiquiatría a fin de establecer si el grado de desarrollo o de madurez mental y emocional del menor es el suficiente para que pueda expresar cuál es su identidad de género autopercibida”.

Ledeser y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital (Copred) coincidieron en que esta determinación es contradictoria y regresiva, además de que parte de una visión adultocentrista, desde la cual se patologiza a las infancias, no se les ve como personas sujetas de derechos con capacidad de autodeterminarse y se presta a la discrecionalidad de los registros civiles en la elección de los especialistas o en la búsqueda de que las pruebas periciales validen sus propios prejuicios.

Aunque la Corte aclara que no deben tener la finalidad de verificar si se tiene o no una determinada identidad de género, señala que “es factible desahogar pruebas periciales”, o por lo menos audiencias, para verificar el grado de desarrollo psicoemocional y autonomía personal, así como recabar o determinar el consentimiento. Esto, con el argumento de garantizar el interés superior de la niñez y su participación en los procedimientos que inciden en sus derechos.

Todo ello, a pesar de que una de las motivaciones de activistas, organismos y asociaciones para promover el cambio de la identidad de género para menores por la vía administrativa es justamente evitar procesos revictimizantes y patologizantes que niñas, niños y adolescentes tenían que enfrentar mediante un juicio en el que debían convencer a un juez de su capacidad y madurez para definir su propia identidad de género mediante la presentación de ese tipo de pruebas. 

Si bien la sentencia implica un parteaguas importante, de acuerdo con las especialistas, porque reafirma lo determinado por la Corte en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 73/2021 de marzo pasado, donde estableció que las infancias pueden ejercer su derecho a la identidad de género autopercibida, y además ahora valida que debe hacerse mediante un trámite administrativo al declarar inconstitucional el juicio, la problemática radica en el candado que pone a la manera de acceder al trámite. 

Cuando la resolución aborda el consentimiento libre e informado, que debe enfatizarse cuando se trata de infancias y adolescencias, “empieza a desviarse de un modo negativo la sentencia, porque pareciera que para la Suprema Corte todavía no es tan claro que este criterio de la madurez, tanto física como emocional, permitiría en ciertas ocasiones estigmatizar otra vez a las infancias; las infancias trans saben quiénes son; no se sienten, no se piensan, saben quiénes son y se viven así”, apunta en entrevista Janet Castillo, coordinadora del área legal de Ledeser.

El Estado, agrega, desde un nivel adultocentrista, en el que se piensa que las infancias no saben o no pueden decidir, establece que hay un factor externo que puede determinar cuándo sí y cuándo no: “Se genera el estigma de decir ‘yo tengo que evaluar si este niño o niña puede saber quién es’; no se trata ya de determinar cuál es (la identidad de género), pareciera que eso lo entienden, pero dicen ‘tengo que saber si él o ella saben lo que son, o cómo deben vivirse’”.

En tanto, Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, celebra que el proyecto de la Corte recoja los criterios de libre desarrollo de la personalidad, los propios precedentes del máximo tribunal y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —donde se consigna que los cambios de acta no deben ser patologizantes ni pedir dictámenes—, así como que concluya que el juicio es discriminatorio mediante una descripción robusta del marco legal. 

Sin embargo, “a mitad del camino surgen las dudas”, y la Corte determina también que la autoridad registral puede reunirse con un psicólogo o psiquiatra especialista en niñez, sin especificar cómo se garantizará que su opinión no esté basada en prejuicios.

“No es obligatorio, como en el proceso jurisdiccional; dice que ‘existe la posibilidad’, pero si le vas a decir a la autoridad registral que puede, si quiere y lo estima necesario, pedir que se desahogue una prueba pericial de psicología o de psiquiatría para ver si el niño tiene la madurez mental suficiente para emitir su opinión, le estás dando un arma tremenda, porque si considera que los niños no pueden elegir, como piensan muchos adultos, lo van a pedir”, alerta González de la Vega.

Carta abierta a los registros civiles

Ledeser ha atestiguado que las facultades ambiguas otorgadas a autoridades administrativas se prestan a la discrecionalidad, presunciones inadecuadas, discriminación y otras acciones violatorias de derechos humanos. A partir de una posibilidad, se crean imaginarios arbitrarios y complejos que, en lugar de garantizar derechos, vuelven a restringirlos y a priorizar criterios incorrectos.

“El gran peligro de la sentencia es que si bien tiene criterios o un desarrollo muy bueno, a final de cuentas el tropiezo que tiene es que sigue siendo una piedra en el camino para garantizar derechos a las infancias y adolescencias, sobre todo cuando ya tenemos estados como Jalisco, donde se logró un proceso administrativo donde el consentimiento libre e informado se toma de la manera más protectora y progresista, y no se piden dictámenes; es un trámite meramente administrativo totalmente garante”, destaca Castillo. 

Ambas coinciden en que parte de las lagunas de la sentencia está en hablar de expertos especializados en infancias, pero no necesariamente con enfoque de derechos humanos o diversidad. Así, se replica lo que muchas mamás y familias relatan que pasaba en los juzgados: el juez no aceptaba cualquier dictamen si no era de su agrado, y no era fácil encontrar a un profesional que diera confianza a las personas juzgadoras y al mismo tiempo respetara los derechos de las infancias trans. 

“Hay muchas personas que podrían ser expertas en infancias y adolescencias, y aun así seguir teniendo criterios adultocentristas e incluso transfóbicos. Si es una persona que proviene de la procuraduría (de protección a la niñez) o del DIF, estas autoridades siguen teniendo esas ideas preconcebidas… No hay referente de quién va a ser el experto, o quién no podría serlo, o cuáles son las características que deben tener las decisiones que tome”, explica la coordinadora legal de Ledeser.

La sentencia genera un precedente que se utilizará para devolver a los tribunales colegiados el resto de los amparos en torno al tema que permanecen en la Corte, para ser resueltos con los mismos criterios. Además, puede ser usada como punto de partida para reformas legislativas o procedimientos en otros estados. Aunque los párrafos que hablan de las pruebas periciales aún podrían ser eliminados en el engrose de la sentencia final, Castillo anticipa que no es común que esto pase.

Infancias trans

El riesgo de la regresión en el derecho de las infancias

En la capital, el 27 de agosto de 2021 se publicó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de México de las Personas Adolescentes, que permite que quienes tienen de 12 a 18 años puedan cambiar su identidad de género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo.

Para ello, basta presentar la solicitud ante el Registro Civil, que después es revisada por un consejo integrado por representantes de cinco dependencias de la ciudad. Los lineamientos publicados por la administración capitalina no contemplan ningún dictamen pericial, psicológico o médico. “La postura que han adoptado el consejo y las instituciones que lo integran es no patologizante; por lo tanto, no creo que ninguna de ellas quiera pedir este tipo de documentos”, señala la presidenta del Copred, que forma parte de ese mecanismo. 

Su preocupación se enfoca, sobre todo, en el caso de los mayores de 12 años, a quienes se podría aplicar la petición de dictámenes, lo cual sería regresivo. La determinación del máximo tribunal, asegura, es positiva porque a partir de ahora, todas las personas ganarán sus amparos —el precedente de la SCJN es un criterio obligatorio para las personas juzgadoras, aunque no para las autoridades administrativas—, y podría serlo también en el sentido de que, a diferencia del acuerdo capitalino, no establece límite de edad, pero el temor se origina en que no es posible confiar en que la autoridad registral no será prejuiciosa y pedirá los dictámenes a todos. 

Para los menores de 12, que antes no tenían ninguna opción, González de la Vega asegura que sería patologizante, pues cuestionar desde la perspectiva médica, aunque no se esté poniendo en duda su identidad de género sino su madurez, implica volver al origen de toda la discusión en el tema de infancias trans, es decir, que no tienen la madurez suficiente para decidir sobre su identidad de género.

“A qué profesionales de la salud van a acudir para hacer esos dictámenes; les estamos poniendo una traba súper grande, otra vez, a los niños porque tenemos un problema adultocéntrico de no confiar en que un niño pueda autoadscribirse con una identidad de género distinta a la asignada al nacer”, señala. 

Aunque desde el establecimiento del acuerdo de ciudad se han logrado más de 30 cambios por la vía administrativa, aún queda pendiente la legislación al respecto, pospuesta por el Congreso, y aún se trata de un proceso supeditado a la evaluación del consejo. Por ello, Janet Castillo, de Ledeser, considera que el modelo ideal es el de Jalisco, establecido también por el Poder Ejecutivo desde el 29 de octubre de 2020, y que se lleva a cabo como cualquier otro trámite en plazos razonables. 

Un largo camino en la defensa de las infancias trans

Para Ledeser, la resolución de la Corte es relevante porque la organización tiene una larga historia en el acompañamiento a familias en sus juicios de amparo cuando todas las autoridades aún se oponían al cambio de identidad de género para infancias y adolescencias. Así surgió el primer caso en la capital, el de Sofía, donde se consiguió el trámite administrativo, a partir del cual pretendían replicar el criterio. 

Sin embargo, en los comienzos de la actual administración no encontraron la misma receptividad que ahora, por lo que buscaron la vía del juicio para el reconocimiento de 24 menores entre 2008 y 2019. Solicitaban cada uno conforme iban llegando, para toparse siempre con la falta de respuesta del Registro Civil, incluso después de meses.

Te puede interesar: 2020: el año de las infancias trans

Finalmente, optaron por el juicio de amparo, que ya solo contempló a 19 familias. Pasó tanto tiempo que, en los casos restantes, los y las adolescentes ya habían cumplido la mayoría de edad y podían acceder fácilmente al trámite administrativo. Al amparo, el Registro Civil también respondió de manera negativa, alegando que, por normatividad, era requisito tener 18 años para el cambio de identidad. 

En ese entonces, el recurso legal se promovió igualmente contra la jefa de gobierno y el Congreso de la ciudad, que habían evidenciado su oposición al cambio de actas para infancias. La argumentación se basaba en que el criterio de la edad era discriminatorio y no justificaba la prohibición a las infancias y adolescencias para acceder al trámite administrativo, lo que impactaba en el resto de sus derechos. El Registro Civil insistía en la necesidad del juicio, regulado en el Código de Procedimientos Civiles. 

Esos primeros procesos jurisdiccionales, de 2018, aún se centraban en dictámenes médicos para acreditar la identidad de género, lo cual ahora es rechazado por criterios nacionales e internacionales por ser contrario a derechos humanos. El amparo que motivó hace una semana la sentencia de la Corte es el de Emi, rechazado en los juzgados de distrito, que tenían la tendencia a otorgar solamente aquellos correspondientes a mayores de 12 años.  

Después de impugnar la negativa, el amparo finalmente llegó a tribunales colegiados, donde se evidenció que cumplía con las características necesarias para ser atraído por la Corte en 2020: se trataba de un criterio relevante y para entonces el máximo tribunal aún no se había pronunciado al respecto. 

Así fue como, finalmente, se convirtió en la sentencia que la SCJN desahogó la semana pasada, sin asegurarse de dejar fuera las pruebas periciales, olvidando que serán aplicadas por personas que, históricamente y durante todo el acompañamiento de Ledeser, han mostrado una tendencia a estigmatizar, revictimizar y reproducir estereotipos muy enraizados.

A Janet Castillo le extraña esta determinación porque la Corte ha hablado en otros criterios del desarrollo progresivo de la niñez, es decir, que pueden ejercer sus derechos conforme van creciendo y no hasta que tengan la mayoría de edad: “Ellos pueden tomar decisiones sobre su vida… pero en este caso en particular, pareciera que la Suprema Corte le tiene miedo a eso y dice: ‘no voy a dar este paso y voy a poner esta piedrita en el camino’”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
Comparte

Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=nniRPDLfaJ0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.