El Instituto Nacional de Migración (INM) se ha negado durante un año a dar respuesta a la solicitud de organizaciones civiles para tener presencia en aeropuertos y monitorear la actuación de agentes migratorios, ante las denuncias sistemáticas de detenciones y deportaciones arbitrarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a pesar de que ya existen respuestas afirmativas de la Marina y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Hemos tratado de ser muy enfáticos en que, mientras no se rompa el monopolio de la presencia que tiene el Instituto Nacional de Migración, van a seguir existiendo esos abusos. Ya es necesario, indispensable, que esté otra institución dentro de ese espacio restringido. Tendría que haber presencia de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), de Conapred, de la contraloría interna o de organizaciones de la sociedad civil… Hemos tenido ya la anuencia de la Marina y el INM sigue sin concretar ese permiso a la fecha”, asegura Ana Mercedes Saiz, directora de Sin Fronteras IAP. 

De la misma manera, agrega Saiz, sería importante la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pues el AICM también es un punto de llegada de solicitantes de asilo que tienen el derecho de pedirlo ahí mismo. Para ella, es por el propio beneficio del INM que debe haber más ojos dentro del aeropuerto. “Ojalá nos resuelvan la petición pronto, porque la Marina nos resolvió positivamente”, dice. 

El instituto, sostiene, no quiere aceptar que se trata de una estancia provisional, sino que habla de una sala de espera a cargo de las líneas aéreas. “No tiene sentido. Les quitan el celular, los dejan incomunicados, no le pueden llamar a una persona de confianza, no les dejan hablar al consulado… es un espacio de arbitrariedad, como lo llama el instituto, la burbuja, le dicen; es un espacio de detención a cargo del INM que está regulado en la ley, se le deben aplicar las normas de una estancia provisional y, como tal, debe cumplir los requisitos mínimos para que se respeten los derechos de las personas”, agrega la activista.

Por eso, asegura, es muy importante insistir en la presencia de otros actores en el AICM: “Ese es el grave problema del INM, que tendría que darnos la certeza de una autoridad y actuar conforme a protocolos, leyes y reglamentos”. Los casos de los que Sin Fronteras IAP tiene noticia, o que llegan a hacerse públicos, son “la punta del iceberg”, gracias a personas que tienen contactos, recursos, paciencia e interés, pero “no tenemos idea de cuántas personas sufren este tipo de abusos y ni nos enteramos”.

Recuerda que la organización que preside ha advertido desde hace tiempo sobre el espacio de arbitrariedad del INM en el aeropuerto. Tanto Sin Fronteras como las personas académicas que denunciaron al menos ocho detenciones y dos deportaciones arbitrarias la semana pasada en días previos a la CLACSO coinciden en que los abusos en el AICM obedecen a cuestiones de perfilamiento racial y prejuicios por parte de las autoridades hacia ciertas nacionalidades.  

“A 10 años, sigue la persecución” 

En entrevista, Natalia recuerda lo que vivió en 2009, cuando agentes migratorios detuvieron a su esposo en las instalaciones del INM después de haber llegado a México a realizar estudios posdoctorales, por una alerta migratoria relacionada con su supuesta actividad como el terrorista Jaime Cienfuegos, episodio tras el cual estuvo más de tres años en total, en dos periodos distintos, privado de la libertad en Colombia, lo que derivó en una multa que más tarde tuvo que pagar el instituto por la violación a sus derechos.

“El caso de Miguel Ángel fue en el 2009, cuando fue secuestrado por el Instituto Nacional de Migración, que al final fue un acuerdo entre el gobierno de (Felipe) Calderón y (Álvaro) Uribe, no sabemos muy bien la verdad detrás del caso o cómo se tomaron las decisiones; es parte de lo que todavía estamos reclamando. A Miguel Ángel ya se le declaró víctima del Estado mexicano, fue totalmente irregular todo, y después se le negó acceder a México durante 10 años”, relata Natalia. 

Sin embargo, a 11 años de lo sucedido, “la persecución no ha parado; persecución es lo que nos ha pasado con el Instituto Nacional de Migración, al cual le tocó pagarnos una multa porque efectivamente se demostró que fue absolutamente irregular lo que hicieron”. En las primeras semanas de julio de 2021, Natalia, Miguel Ángel y sus dos hijos —de cinco y 10 años— regresaron a México para vacacionar y festejar el cumpleaños de uno de ellos, solo para encontrarse con una detención de más de 18 horas en el AICM.

“Como ya teníamos la asesoría de Sin Fronteras, que ha llevado también el caso jurídico de Miguel Ángel en México, teníamos ya conocimiento de los derechos que debíamos reclamar, por ejemplo, yo no entregué mi celular. Miguel Ángel tenía una alerta migratoria, pero no me dejan entrar ni a mí ni a los niños, nos rechazan, son muy violentos los detalles de cómo sucede esto porque no tienes información clara de qué está pasando, te llevan de una sala a otra, se esfuerzan en incomunicarte”, asegura Natalia. 

Ella cree que la permanencia de la alerta se debía a las bases de datos que se comparten a nivel internacional, que no se borran nunca y terminan marcando y estigmatizando de por vida: “Claramente, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que estaban hace un año no conocían nada del caso, pero sí estaba la alerta, nunca se borró, y es parte de la discusión y de la querella jurídica que queremos interponer porque claramente es una persecución. El impacto que ya ocasionaron, que es de por vida, se sigue ejerciendo todo el tiempo”.

Natalia recuerda lo sucedido en 2021 como un episodio mucho más duro porque viajaban con sus dos hijos, que estuvieron retenidos la misma cantidad de tiempo. Además, al principio les fue negado el derecho a una llamada, ante lo que ellos alegaron, como último recurso, que pedirían asilo en México. Después de eso, los agentes migratorios accedieron a la llamada, que le hicieron a su abogada de Sin Fronteras. Ella logró interponer un amparo mediante el cual se obtuvo un fallo del juez que plantea que no puede haber ningún niño o niña retenido en aeropuertos en México. 

“Le estaban dando un trato a los niños latinoamericanos, porque fundamentalmente son latinoamericanos los que están reteniendo, muy parecido a lo que se quejaban sobre cómo trataban a los niños mexicanos en Estados Unidos. Entonces, no podía ser posible que se repitiera la misma política”, señala Natalia.

El espacio, dice, era una pequeña sala de estar que comunicaba a dos habitaciones, una donde estaban los hombres y del otro lado las mujeres. Eran espacios reducidos, sin ventanas. En la de las mujeres, había colchonetas, ocho literas en aquel tiempo, sillas metálicas y un baño. Miguel Ángel, por lo tanto, quedó aparte todo el tiempo. Con sus hijos, Natalia se integró al lado de las mujeres; por suerte, recuerda, su hijo menor durmió durante las dos horas y media más duras, más intensas, pero el otro se mantuvo despierto. Aunque sus padres nunca le habían contado nada al respecto, él dedujo y espetó a uno de los custodios que su familia estaba en un estado de desaparición forzada. 

En aquella ocasión, Natalia se recuerda a sí misma “muy ofuscada, con mucha rabia”; Miguel Ángel era quien mantenía la calma, lo cual, dice, ayudó para manejar dos ritmos de negociación. Durante esas 18 horas, vio llegar a otras mujeres, brasileñas sobre todo, que en muchos casos dejaban pasar a sus parejas pero a ellas no, en la lógica de que “si vas con niños, te quedas”. La mayoría no solo desconocía qué estaba pasando, sino que no entendía el español, lo que generaba un caos absoluto. 

“Se notaba que eran mujeres a las que les ha tocado un esfuerzo enorme para tener 2 mil, 3 mil dólares para entrar a México, y lo que vimos ahora en esta segunda oportunidad (2022) es que si ya tienes tatuajes, si tienes rastas, si eres de color, afrodescendiente o indígena… como lo que sucedió, que deportaron a una líder de una organización indígena de Antioquia que venía con otros dos”, relata Natalia.

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En la detención de 2021, vio también a centroamericanos que no pasan por Migración como todos los demás, y los encierran en los cuartos mientras hacen el tránsito a su siguiente vuelo. En la sala, llegaron a estar 60 personas, 12 niños, una mujer embarazada y bebés. “De forma muy cínica me decían ‘esto es lo que hay’”, recuerda. A los custodios, ella misma les advirtió que cualquier cosa que le pasara a sus hijos sería responsabilidad del INM. A raíz del amparo, recibieron una visita de la CNDH y lograron ingresar a México. 

Natalia no olvida que le querían hacer firmar una declaración, pero como ese aspecto había sido medular para la detención de Miguel Ángel en 2009, ella se negó: “A través de engaños, el INM se movió y lo sacan después a rastras a Miguel Ángel (en 2009); él grita cuando lo sacan, yo estaba afuera esperándolo, escucho el grito pero era un grito tan fuerte que no parecía Miguel Ángel. Entonces, hace un año yo dije: ‘al Instituto Nacional de Migración no le firmo absolutamente nada’”. Hacia las 2:00 de la tarde del día siguiente al que habían llegado, les dieron entrada a los cuatro. 

“Después de esto, lo que trabajamos con Sin Fronteras son los impactos que no se ven, invisibles: mis hijos duraron con pesadillas cinco días, prácticamente todos los días que estuvimos acá, que fueron ocho; sobre todo el menor tenía pesadillas de que su papá quedaba en un hoyo. Él y su hermano se subían a una colchoneta, como las de Migración, y lograban subir como por un túnel pero su papá no lo lograba, y se había quedado en el hoyo. Esa era la pesadilla recurrente”, cuenta Natalia. 

Para el INM, dos detenciones y una multa no son suficientes para reconsiderar. Este año, Natalia llegó a México el 3 de junio para participar en CLACSO. Esta vez Miguel Ángel ya no tenía alerta migratoria, pero ella sí. Con esa justificación, el INM la retuvo durante cinco horas en el AICM, al lado de su colega María Teresa Pinto, sobre quien no pesaba alerta alguna, como en la mayoría de los casos de los académicos que asistieron a la conferencia y vivieron lo mismo. 

Con las experiencias pasadas, dice, ya no estaba tan alterada como la primera vez. De nuevo, se negó a entregar su celular, aunque sí se lo pidieron. Alegó que si lo querían, tendrían que quitárselo: “El poder que tienen es el miedo, porque claramente ellos saben que no te lo pueden quitar. Nos amenazan, nos dicen que, si no lo entregamos, nos van a rechazar directamente, que nos van a poner una alerta migratoria para que no entremos a ningún país del mundo”, cuenta. 

Como no entregaron los celulares, las ubicaron en un pasillo, igual que sucedió con un hombre africano que venía de Europa y se negó a entrar a la sala porque significaba aceptar que lo trataran como criminal. El relato de Natalia es similar a otros: “Te observan, la custodia está todo el tiempo regañando a los migrantes, después están completamente incomunicados; todo mundo está queriendo que le digan qué pasa, no te atienden, simplemente ahí ya no eres persona. Me sorprendió la cantidad de bebés, niños pequeños; la situación no ha cambiado a pesar del fallo de aquel juez… Los de la Marina, además, tratando mal a la gente, gritándole, la policía igualmente”. 

Las personas esperan una solución en fila. Toda la lógica es de control carcelario, acusa Natalia: “Estás realmente secuestrada, nadie sabe qué está pasando contigo, la gente está muy angustiada, te ponen en fila, te van llamando y te dicen que estás rechazado”. Finalmente, un funcionario, que nunca se identificó, las entrevistó; fue amable, Natalia le hizo el relato de toda una década, le aclaró que quizá a eso se debía la nueva alerta migratoria, respondió a sus preguntas y él se fue. Solo entonces, lograron entrar al país para asistir a CLACSO: “Cuando sales, es sin disculpas, sin explicación, sin nada”.

“María Teresa estuvo retenida cinco horas conmigo —agrega—, estuvimos juntas: en este caso es como la extensión del castigo: lo que me hicieron a mí el año pasado es en el fondo castigarme por Miguel Ángel, y ahora a María Teresa la castigan por mí. Otros no tenían alerta, como una colega argentina a la que le preguntaron cuál era su ponencia, y casi casi tuvo que exponerles la ponencia entera para que la dejaran entrar; era sobre zapatismo y demás; entonces, parecía más sospechoso. También hay una persecución al pensamiento crítico”, concluye. 

Como turista, el INM puede hacer que una escala dure 5 días

Ruth Flores solo estaba en México de paso. Su hermana, que vive en España, le había comprado un boleto para ir a visitarla durante 20 días, con la ruta Managua-México-Frankfurt-Madrid y lo mismo de regreso. Salió de Managua el 12 de mayo pasado. Después de pasar días con ella en Madrid y París, el martes 31 tomó el vuelo de regreso y aterrizó en México cerca de las 6:00 de la tarde. Sabía que debía pasar una noche en el aeropuerto, pero como hace una turista en cualquier lado: dar la vuelta libre dentro de las instalaciones. 

En cuanto pasó por Migración, relata, uno de los agentes le llamó a otros dos que la llevaron a una primera sala, donde, desde el primer momento, le hicieron entregar su pasaporte y su teléfono: “Fue horrible porque te tratan como un criminal. Te juro que escucho ‘México’ y lo siento en el corazón; estoy con un psicólogo, estoy con una hemorragia horrible, tengo a la doctora en mi casa; simplemente iba de vacaciones, nunca me imaginé que me iban a tratar así los mexicanos, como a una criminal, te hablan horriblemente; esa gente no tiene ni la más mínima educación, no tiene ni la mínima idea de cómo es tratar con seres humanos”. 

Ruth alegó que su vuelo salía al día siguiente a las 10:00 de la mañana rumbo a Managua, pero solo encontró negativas: “Me dijeron que tenía que mandar un permiso solicitando entrar a mi país… me quitan el teléfono, nadie sabe nada de mí, mi mamá es una persona hipertensa, mis hermanas estaban como locas porque supuestamente yo iba estar el miércoles a las 12:00 del día en Managua”. 

Más tarde, tuvo derecho a una llamada en una sala donde todas las personas escuchan: los agentes migratorios no sueltan el teléfono, las llamadas deben hacerse en altavoz. Ruth aprovechó para avisarle a su mamá que estaba bien. Los representantes del INM insistían en que no estaba presa, pero “si no te dejan tocar tus cosas y no puedes salir, estás presa; mi teléfono lo volví a ver el día que me subieron al avión, que fue el domingo 5 de junio”. 

“Yo solo iba de escala, no iba para México en ningún momento, ni me interesa; mucho menos ahora, pero ahí ves cada cosa, te tratan vulgarmente como una mierda, como los peores delincuentes. Tú vas y le dices a un oficial ‘¿pero yo por qué estoy aquí?’ y se ríen; entre más les preguntas, más se burlan; son personas que no tienen educación, que no están preparadas para lidiar con gente”, lamenta Ruth. 

Todo el tiempo, insiste, prevalece la burla. Recuerda a una mujer colombiana a quien le hicieron entregar el teléfono, lo revisaron por completo y la insultaron al encontrar videos íntimos, sugiriendo que a eso venía a México. La música o el televisor permanecen encendidos toda la noche, pero no opacan el llanto de otras personas o de los niños que tienen hambre. Tampoco es posible ver la hora: “No sabes si es de día o de noche; lo único que hacíamos era dormir y llorar”. Las mujeres trataban de guardar comida por si alguien llegaba con hambre, porque aunque sí la reciben, puede tardar mucho. 

La sala, dice, no está mal: al menos limpia, con una ducha, dos o tres inodoros y aire acondicionado. La gente, en cambio, le hablaba como si hubiera cometido un delito: “Yo no sabía que la gente mexicana era tan mala, y discúlpame, porque allá habrá buenos, pero los que a mí me tocó, y los que a toda esa gente les tocó, son los peores”. La excusa siempre fue que el gobierno de su propio país debía darle autorización para volver, pero a otras personas nicaragüenses no se los requerían. 

“No lo entiendo hasta el día de hoy; yo pienso que el problema ahí son las líneas aéreas, porque hubo una persona que nos dijo que creía que los boletos los vuelven a vender, y hasta que ellos logran un cupo, te mandan. En todo caso, para dónde me iban a deportar si mi presidente, como ellos decían, no autorizaba; dónde me voy a quedar si yo salí 20 días de mi país y venía de regreso de mis vacaciones”.

Cuando las personas pedían avisar a sus familias, recuerda Ruth, la respuesta que recibían era siempre la misma: “No es mi problema, no lo sé”. A ella, el 5 de junio le preguntaron finalmente si ya estaba lista para regresar: “Di un grito de alegría, porque en mi vida había estado presa más que en México, y solo por pasar por ahí. Ellos dicen ‘aquí no están presos’, pero eso es estar preso”. Ahora le preguntan por sus vacaciones, y lo que más recuerda es el mal episodio que vivió en México. 

La investigadora Verónica Ruiz califica de “tremenda” la violencia que sufren algunos extranjeros discriminados en México, que son tratados de manera muy distinta a los europeos que llegan con recursos: “La violencia de las instituciones es continua, porque violan sus derechos, pero además no les informan a qué tienen derecho mientras están en movilidad. Además, el racismo y la xenofobia naturalizados en la población van generando estereotipos, y son atacados y explotados sistemáticamente”.